La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), ha evidenciado graves deficiencias en la búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México.
Lo anterior surge tras presentar un informe temático que documenta obstáculos estructurales y propone acciones para mejorar las prácticas institucionales.
Las pifias
El documento introduce el concepto de “desaparición administrativa”, una categoría inédita que señala la responsabilidad de las autoridades en la prolongación de estos casos.
El informe, titulado “Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México. Estándares, hallazgos y pautas operativas para fortalecer la búsqueda de personas”, se elaboró a partir del análisis de 35 expedientes de desaparición registrados entre 2017 y 2024. Su objetivo principal es identificar los principales obstáculos que enfrentan las víctimas y sus familias, así como proponer medidas para transformar la respuesta institucional, siempre bajo un enfoque centrado en los derechos de las personas afectadas.
Nashieli Ramírez Hernández, titular del organismo, explicó que el estudio reveló las siguientes fallas en la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda:
- Omisiones en los registros nacionales.
- Retrasos de hasta cinco años en la inscripción de casos.
- De igual forma destacó que solo en 3 de cada 10 expedientes se priorizó la búsqueda inmediata, mientras que en el 97% de los casos las investigaciones ministeriales no contaron con un plan de investigación formal.
- El documento señala que la información proporcionada por familiares de las personas desaparecidas fue ignorada o considerada demasiado tarde en la mayoría de los expedientes.
- En el 32% de los casos no se asignó asesoría jurídica pública a las familias, lo que representa una vulneración adicional a sus derechos.
- Otro dato relevante es que en el 61% de los expedientes no se realizó un análisis de contexto, lo que dificulta la construcción de hipótesis sólidas y la identificación de patrones de riesgo.
- En cuanto a los resultados de las búsquedas, se indica que el 90% de las personas localizadas fueron encontradas sin vida.
- El reporte refiere el 81% de los casos fueron los propios familiares y colectivos quienes lograron dar con el paradero de sus seres queridos, lo que pone en evidencia la falta de eficacia de las autoridades responsables.
La propuesta
Frente a este panorama, la CDHCM propuso incluir el término “desaparición administrativa” para describir aquellas situaciones en las que la intervención o la omisión involuntaria de las autoridades impide la localización o prolonga la desaparición de una persona.
Con esta nueva categoría, el organismo busca visibilizar una práctica que hasta ahora no había sido reconocida, resaltando la urgencia de atender las responsabilidades institucionales en estos casos.
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