La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que hasta el momento se han restituido 53 mil hectáreas a diversos pueblos originarios mediante mecanismos como la enajenación de terrenos nacionales, la adquisición de superficies y el Programa de Atención de Conflictos Agrarios (PADCA), todo ello consolidado a través de decretaros de la Presidencia de la República, que actualmente encabeza Claudia Sheinbaum.
En un comunicado, se destacó que esta restitución responde a la exigencia de los pueblos indígenas de recuperar, administrar y proteger sus territorios conforme a sus propios sistemas normativos, una demanda que se remonta a generaciones anteriores.
¿Cómo ha sido la restitución de tierras?
De acuerdo con las autoridades federales, el Pueblo Yaqui de Sonora recibió 45 mil hectáreas; el Pueblo Wixárika más de 5 mil hectáreas; el Pueblo Tarahumara (Rarámuri/Ralámuli) 2 mil 496 hectáreas y el Pueblo Ódami más de 500 hectáreas.
La Sedatu, junto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), impulsa la creación de nueve Planes de Justicia y Desarrollo Regional para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Estos planes constituyen instrumentos del gobierno de México para atender de manera integral las demandas de tierra y territorio, y abarcan regiones como Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Baja California.
En el marco de estos planes, la directora general de Concertación Agraria y Mediación, Mariana Pérez, explicó que el PADCA permitió la restitución de 5 mil 956 hectáreas a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, en el contexto del Plan de Justicia del Pueblo Wixárika, mediante Decreto Presidencial.
Además, la comunidad Bosques de San Elías Repechique recibió más de 693 hectáreas y la comunidad Mogótavo más de 317 hectáreas, ambas también por Decreto Presidencial.
El procedimiento de enajenación de terrenos nacionales facilitó la titulación de mil 485 hectáreas a la comunidad Tarahumara Guasachique y más de 500 hectáreas a la comunidad Ódami Mesa Colorada, ambas en el marco del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, según la funcionaria, representan una intervención integral para atender las demandas históricas de la población indígena, con la Sedatu y el Ramo 15 como actores clave en el eje temático de tierra y territorio.
Inversión para obras de infraestructura en pueblos indígenas
Por su parte, la Secretaría de Bienestar subrayó la relevancia de que, por primera vez, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) reconoce a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas como sujetos de derecho y patrimonio propio, con la facultad de decidir democráticamente sobre las obras de infraestructura social básica que se ejecutan en sus territorios.
La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, destacó que 20 mil comunidades recibirán anualmente recursos de manera directa y sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.
La funcionaria recordó que el Gobierno de México reconoce a las comunidades indígenas como guardianes de tradiciones, cultura y saberes ancestrales.
Con la reforma al artículo 2 de la Constitución, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se les reconoce como sujetos de derecho, y mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), esta legislación adquiere vigencia práctica.
En su primer año de operación, el FAISPIAM dispone de 12 mil 374 millones de pesos para financiar obras de infraestructura social básica, seleccionadas previamente por la población en Asambleas Comunitarias.
Para garantizar la transparencia y el control social, se han constituido Comités de Administración y de Vigilancia encargados de supervisar el uso de los recursos y la ejecución de los proyectos.
Montiel Reyes enfatizó el papel de las mujeres tesoreras en la gestión de los fondos, al afirmar que “las mujeres tesoreras serán quienes se encarguen del manejo de los recursos porque ha demostrado a lo largo de los años que son muy responsables de las tareas que se les asigna”.
Los recursos del FAISPIAM se destinan a obras de: agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización, electrificación, infraestructura educativa y de salud, así como al mejoramiento de vivienda.
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