El diputado de Morena, Leonel Godoy Rangel, calificó como una buena propuesta la iniciativa anunciada por su compañero de bancada, Alfonso Ramírez Cuéllar, para eliminar el fuero constitucional a gobernadores y legisladores federales y locales.
La propuesta de Ramírez Cuéllar, quien es vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, plantea reformas a la Constitución Política con el objetivo de que gobernadores, senadores, diputados federales y legisladores locales puedan ser procesados penalmente por delitos cometidos durante el ejercicio de sus cargos.
Godoy Rangel, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, informó que la comisión aún no ha abordado este tema, pero anticipó que la próxima semana se llevará a cabo una sesión para tratar la iniciativa.
La propuesta llega en medio del proceso que reinició la Sección Instructora en la Cámara de Diputados para iniciar un juicio político en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, diputado y líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La próxima sesión extraordinaria de los miembros de la Comisión Instructora podría incluir el análisis de la segunda solicitud de desafuero contra Alito Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional PRI, por presunto peculado durante su gestión al frente del gobierno de Campeche.
De acuerdo con la convocatoria, la reunión está prevista para el viernes 1 de agosto a las 12:00, donde se decidirá si avanza el proceso de desafuero en contra del priista.
Qué es el fuero y cómo protege a los gobernantes
El fuero constitucional en México es una protección legal otorgada a ciertos servidores públicos, como legisladores (diputados y senadores) y gobernadores.
Su propósito principal es evitar que puedan ser detenidos, procesados o juzgados penalmente por sus opiniones, votos o decisiones ejercidas dentro de su labor legislativa o de gobierno, salvo que el Congreso determine lo contrario a través de un proceso denominado “desafuero”.
Esta medida busca preservar la independencia y libertad en el ejercicio de sus funciones, evitando presiones o represalias políticas.
Si se presentan denuncias penales en su contra, debe seguirse un procedimiento especial para retirar esa protección mediante una declaración de procedencia por parte del Congreso de la Unión. Una vez retirado el fuero, el funcionario puede ser procesado penalmente.
El fuero no implica inmunidad total, ya que no protege contra delitos cometidos fuera de sus funciones y no impide investigaciones preliminares. Su origen se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ha sido tema de debate y reformas recientes, que buscan limitar su alcance.
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