En México, más de 13 millones de toneladas de alimentos se desperdician cada año, lo que representa una pérdida del 28% de la producción total nacional, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
Esta disyuntiva, abundancia y escasez coexistiendo en el mismo territorio, se ha convertido en una crisis estructural que revela deficiencias en las cadenas de distribución, consumo y políticas públicas.
El dilema
El problema no solo es de carácter ambiental o económico: también es social. Mientras toneladas de frutas, verduras, cereales y proteínas se pierden en campos, centros de acopio y puntos de venta, más de 28 millones de mexicanos viven en situación de pobreza alimentaria, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Uno de los factores que agrava esta situación es la aplicación de aranceles a productos alimentarios importados. Aunque originalmente diseñados para proteger la producción local, estos impuestos han provocado un alza en los precios al consumidor final, lo que a su vez reduce el acceso a productos básicos.
En un contexto inflacionario como el actual, el encarecimiento de alimentos genera una caída en el consumo, lo que contribuye indirectamente al desperdicio: lo que no se compra, se desecha.
A esto se suma la infraestructura deficiente para el almacenamiento y transporte de alimentos perecederos. En estados del sureste mexicano, por ejemplo, se reportan pérdidas de hasta el 45% de la producción agrícola debido a la ausencia de cadenas de frío o centros de distribución adecuados. El campo mexicano sigue operando, en muchas regiones, con prácticas precarias que limitan el aprovechamiento de la producción.
Organizaciones civiles y bancos de alimentos han advertido que las cifras del desperdicio se han mantenido constantes durante la última década, lo que indica una falta de políticas integrales para frenar el problema. El Banco de Alimentos de México (BAMX), estima que tan solo el 3% de los alimentos desperdiciados son recuperados y redirigidos a poblaciones vulnerables.
En un país donde la paradoja alimentaria se hace evidente en cada mercado y en cada hogar con hambre, urge una transformación profunda del sistema agroalimentario. La eficiencia en el uso de recursos, una mejor gestión de excedentes y un marco regulatorio que incentive la donación y evite la pérdida desde el origen podrían marcar la diferencia.
Este escenario convive con otros desafíos como el cambio climático, el aumento de los costos de producción y la especulación en los mercados alimentarios, factores que vuelven aún más urgente un replanteamiento de fondo.
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