
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la reducción de la jornada laboral en México podría tener efectos contrarios a los deseados si antes no se atienden desafíos estructurales en el país como la informalidad en los empleos.
En un comunicado publicado la tarde de este viernes 2 de mayo, la Confederación - que representa a más de 36 mil empresarios del país- reaccionó al anuncio de Marath Bolaños, secretario del Trabajo, según el cual la jornada laboral de 40 horas se implementará paulatinamente hasta quedar consolidada en 2030.
“Me entusiasma anunciar que, por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, comenzaremos con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas en nuestro país. Reduciremos de manera gradual la semana laboral hasta llegar, a más tardar en enero de 2030, a un total de 40 horas semanales”, explicó el funcionario federal en un mensaje el 1 de mayo, el Día del Trabajo.
Según la información compartida, a partir del próximo 2 de junio iniciarán foros organizados por la Secretaría del Trabajo a los que estarán convocados trabajadores, patrones, empresarios y académicos.
Ante tal anuncio, la Coparmex expresó que cualquier reforma a la Ley Federal del Trabajo “debe construirse desde un diálogo responsable, con base en datos, y considerando el difícil contexto económico actual que enfrentan el país y las empresas”.
Coparmex indicó que es necesario una implementación gradual, flexible y adecuada a las capacidades de cada sector, así como establecer excepciones para evitar impactos negativos.

En el comunicado, la Confederación señaló que el país se encuentra en desaceleración económica, niveles altos de informalidad y una baja productividad laboral, por lo que advirtió:
“Impulsar una reforma de esta magnitud, sin atender previamente estos desafíos estructurales puede provocar el efecto contrario al deseado: menos empleos formales y consecuente precarización laboral, debilitamiento de sectores clave, cierres de empresas y, como consecuencia, una economía más debilitada incapaz de hacer frente a los desafíos fiscales, de fortalecimiento del mercado interno y del exportador”.
Por lo que insistió en que ningún cambio “profundo” puede realizarse sin que exista un diálogo que involucre a los trabajadores, empresarios y gobiernos:
“Las decisiones en materia laboral deben surgir del consenso entre trabajadores, empresarios y gobierno. Es indispensable transitar de las declaraciones a las soluciones, poniendo al centro el bienestar de las personas, sin desatender la viabilidad económica ni el crecimiento sostenido“.
Recordó que gracias a la colaboración entre estos tres sectores se ha logrado en años recientes el incremento sostenido del salario mínimo, la ampliación de las vacaciones, la regulación de la subcontratación y la reforma pensionaria.
“Es fundamental que también se logre la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales y la actualización de la tabla de subsidios al empleo (ISR), como elementos clave para fomentar la formalidad y facilitar la implementación de nuevas obligaciones laborales”, agregó.
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