
Oaxaca vuelve a ser escenario de violencia e impunidad tras la ejecución de tres personas durante la madrugada del sábado en la avenida Universidad, lugar recurrente para la organización de arrancones clandestinos.
Éste hecho pone nuevamente en evidencia la incapacidad de las autoridades locales y federales para frenar actividades ilegales que se han convertido en un foco rojo en la ciudad.
Así las cosas
Como cada fin de semana, la avenida Universidad se llenó de personas y vehículos que participaron en los tradicionales arrancones, un evento que, a pesar de ser conocido por las autoridades, sigue desarrollándose sin control alguno. En el marco de estas reuniones, también se reporta la presencia de apuestas ilegales y el tráfico de drogas, lo que agrava la situación.
La madrugada de este sábado 17 de enero, un ataque armado terminó con la vida de tres personas, entre ellas Caleb Rodríguez Ortega, excandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de San Pedro Pochutla y dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Las víctimas fueron asesinadas con disparos de arma de fuego, en lo que se presume fue un ataque directo, más que un incidente fortuito relacionado con los arrancones.
Este evento violento ocurre en un contexto de creciente disputa entre grupos delictivos ligados a sindicatos oaxaqueños, algunos de los cuales han sido vinculados al tráfico de personas y otros crímenes organizados.
Durante el actual sexenio, estas organizaciones han sido favorecidas por el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz, según denuncias, y utilizadas para diversos fines, incluyendo la disuasión de protestas, la protección de eventos oficiales y, según algunos testimonios, actos de intimidación o eliminación de figuras consideradas incómodas para el grupo en el poder.
Pese a los comunicados oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, que asegura llevar a cabo operativos conjuntos con la Guardia Nacional para patrullar la ciudad, estos esfuerzos no han logrado frenar las actividades ilegales que proliferan en el mencionado lugar. La zona se ha convertido en un espacio donde la delincuencia organizada actúa de manera impune, poniendo en riesgo a competidores y asistentes por igual.
La violencia que se vive en Oaxaca refleja un patrón alarmante de impunidad y falta de estrategias efectivas para garantizar la seguridad ciudadana. Este caso se suma a una serie de eventos similares que han dejado en luto a familias oaxaqueñas, mientras el discurso oficial insiste en proyectar una imagen de seguridad que, en los hechos, se contradice con la realidad.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe de lo acontecido ni sobre las medidas que se tomarán para evitar que este tipo de actividades ilegales continúen cobrando vidas en el estado.

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