Gobierno detecta 8 mil pensiones del ISSSTE por arriba de la ley; Martí Batres advierte legalizar el pago

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, dio a conocer cuál es la cifra de pensiones que está por arriba de lo que indica la ley.

De acuerdo con el titular del ISSSTE, se detectaron al menos 8 mil pensiones por encima de lo que indica la ley.

“El neoliberalismo llegó hasta la médula del sector salud”, dijo Martí Batres desde el podio de Palacio Nacional, sitio donde se realiza la tradicional conferencia “Mañanera del Pueblo”, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención destacó que hay pensiones pagadas exorbitantes, es decir, muy por encima de lo normal, ya que se mide por la referencia económica denominada como Unidad de Medida y Actualización (UMA).

“No tiene lógica ni el ingreso”, insistió el dirigente del ISSSTE.

En ese sentido, aseguró que debido a la magnitud del problema, se tomó la decisión de revisar algunos casos. Es decir, investigar la legalidad de las pensiones y en su caso, cancelarlas o ajustarlas.

“El límite máximo que marca la ley son 10 UMAs”, reiteró Martí Batres.

Lo que quiere decir que al menos 10 UMAs, tendría un equivalente de alrededor de 34 mil pesos; sin embargo, en la tabla que presentó para exhibir las pensiones, se observan algunas que superan la cifra.

De acuerdo con el recuadro que se presentó en la Mañanera del Pueblo, en él se visualizan cifras de pensiones muy elevadas. Por ejemplo, hay una de 309 mil pesos, que el ISSSTE ha pagado mes con mes desde el año 2002.

También se presumen otras con cantidades como: 267 mil pesos, más de 210 mil pesos, más de 179 mil pesos, así como de 172 mil pesos; 147 mil pesos; 139 mil pesos, 112 mil pesos y 104 mil pesos.

Aclaró que de los 10 casos más elevados de pensión que se hallaron, al menos 4 fueron otorgados por el ISSSTE, y el resto órganos del poder judicial.

Hay que recordar que la UMA es una unidad de medida que fue creada desde el año 2016, la intención era sustituir el uso del salario mínimo, para calcular pagos de multas, sanciones económicas y otros. La idea es evitar que los incrementos al salario mínimo impacten directamente en dichas obligaciones y regular los costos para los usuarios o ciudadanos en algunos casos, pues dependerá de cada uno de los casos.