El control del desempeño de los jueces y la eventual promoción de su destitución constituyen algunas de las principales atribuciones del Consejo de la Magistratura de la Nación. Con el vencimiento, el próximo 18 de noviembre, de los mandatos de casi todos sus integrantes, el organismo cerrará un período de cuatro años marcado por distintas investigaciones y procesos de enjuiciamiento de magistrados federales y nacionales.
Entre 2022 y 2026, el Jurado de Enjuiciamiento destituyó a Walter Bento, Martín Poderti, Alfredo López y Gastón Salmain, mientras que Pablo Díaz Lacava enfrentó un juicio político que concluyó sin su remoción. A estos casos se suma el de Marcelo Bailaque, quien renunció mientras avanzaban actuaciones en su contra ante el Consejo.
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La renovación pondrá fin a una etapa iniciada en abril de 2022, cuando el organismo recuperó su integración de 20 miembros y volvió a quedar presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El cambio se produjo tras el fallo “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ Estado Nacional”, dictado por el máximo tribunal el 16 de diciembre de 2021, que declaró inconstitucional la composición de 13 consejeros establecida por la Ley 26.080.
En una entrevista con Infobae realizada a fines de octubre, a propósito de la destitución de Salmain, el senador Luis Juez, integrante de la Comisión de Acusación, puso de relieve la cantidad de remociones registradas durante la presidencia de Horacio Rosatti. “De las 22 destituciones registradas desde 1999, cuatro se produjeron durante esta presidencia: casi el 20% del total. Además, tres -Poderti, López y Salmain- se resolvieron rápidamente en menos de un año”, señaló.
El procedimiento de remoción está regulado por los artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional, que distribuyen las competencias entre el Consejo y el Jurado de Enjuiciamiento. Mientras el primero investiga las denuncias, puede suspender a los magistrados y formular acusaciones, el segundo tiene a su cargo decidir sobre su permanencia en el cargo.
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Las actuaciones se sustancian inicialmente en la Comisión de Acusación, encargada de reunir antecedentes, requerir informes, incorporar pruebas y recibir los descargos de los jueces investigados. Si considera que existen motivos para promover una destitución, eleva un dictamen al Plenario del Consejo, cuya aprobación requiere el voto de dos tercios de los miembros presentes.
Una vez formulada la acusación, el proceso continúa ante el Jurado de Enjuiciamiento, integrado por dos jueces de cámara, cuatro legisladores nacionales y un abogado de la matrícula federal. El debate es oral y público, y la remoción exige una mayoría de dos tercios de sus siete integrantes.
Las causales, por lo demás, están contempladas en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que comprende el mal desempeño, los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones y los crímenes comunes. A su vez, la Ley 24.937 establece distintos supuestos de mal desempeño, entre ellos la negligencia grave, el incumplimiento reiterado de normas y los actos de manifiesta arbitrariedad.
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Las destituciones durante el mandato
La primera remoción del período fue la de Walter Ricardo Bento, entonces titular del Juzgado Federal N.º 1 de Mendoza, destituido el 8 de noviembre de 2023.
El Consejo había aprobado su acusación y suspensión en mayo de aquel año, mientras el magistrado enfrentaba un proceso penal por presuntamente encabezar una organización dedicada al cobro de sobornos a cambio de favorecer a imputados en causas judiciales.
Durante el juicio político se examinaron maniobras destinadas a obstaculizar aquella investigación, irregularidades patrimoniales y su participación en un concurso judicial pese a encontrarse procesado.
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El Jurado resolvió apartarlo del cargo por mayoría, con la disidencia de su presidente, Javier Esteban de la Fuente. La acusación fue sostenida por los entonces consejeros Miguel Piedecasas y Roxana Reyes, junto con el senador y también consejero Eduardo Vischi.
Posteriormente, el 6 de febrero de 2026, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Mendoza condenó a Bento a 18 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa superior a los 540 millones de pesos, tras considerarlo jefe de una asociación ilícita vinculada con maniobras de corrupción judicial. La sentencia fue recurrida ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El siguiente magistrado destituido fue Martín Poderti, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, separado de su cargo el 18 de diciembre de 2025.
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El procedimiento estuvo relacionado con hechos ocurridos cuando se desempeñaba como secretario judicial y tenía bajo su responsabilidad una caja de seguridad de la que desaparecieron 144 monedas de oro.
Por mayoría, el Jurado consideró que el incumplimiento de sus deberes de custodia comprometía la idoneidad necesaria para ejercer la magistratura, aunque los hechos fueran anteriores a su designación como juez.
La acusación estuvo a cargo de Luis Juez, Eduardo Vischi y Diego Barroetaveña, mientras que el pronunciamiento registró dos votos en disidencia.
Ya en 2026, el primer proceso que concluyó con una destitución fue el de Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N.º 4 de Mar del Plata, removido el 18 de agosto por publicaciones consideradas antisemitas y discriminatorias difundidas en la red social X.
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Las actuaciones se habían iniciado a partir de denuncias presentadas en 2025, entre ellas las promovidas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y el Foro Argentino contra el Antisemitismo, que cuestionaron expresiones dirigidas contra la comunidad judía.
Durante el debate, López planteó que sus publicaciones estaban amparadas por la libertad de opinión y rechazó las acusaciones de antisemitismo. Sin embargo, el Jurado desestimó esos argumentos y concluyó, por unanimidad, que la reiteración de los mensajes constituía una falta ética grave, incompatible con las obligaciones de la función judicial.
La representación acusadora estuvo integrada por Alberto Maques y Luis Juez. Durante el trámite, el magistrado presentó su renuncia, pero el Poder Ejecutivo no la aceptó.
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El siguiente juicio político tuvo un resultado diferente. El 2 de septiembre, el Jurado rechazó la destitución de Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa, acusado por presuntas situaciones de maltrato y violencia laboral denunciadas por empleados judiciales.
Aunque el Consejo había aprobado su suspensión y acusación en abril, el tribunal consideró que la remoción resultaba desproporcionada frente a las circunstancias examinadas y dispuso comunicar la decisión para que el magistrado fuera reintegrado a sus funciones.
La última destitución del período correspondió a Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario, removido por unanimidad el pasado 29 de octubre.
El Consejo lo había acusado de ocultar una cesantía dispuesta por la Corte Suprema en 2002 al participar en 33 concursos judiciales, así como de su presunta intervención en una maniobra de corrupción vinculada con el fideicomiso Attila.
En esta última investigación, la hipótesis fiscal sostiene que Salmain habría acordado recibir 200.000 dólares a cambio de dictar resoluciones que permitieran adquirir y transferir 10 millones de dólares al exterior al tipo de cambio oficial.
Al dictar sentencia, el Jurado desestimó ese cargo por considerar que los hechos no estaban suficientemente acreditados en el procedimiento de remoción. En cambio, entendió probado que el magistrado había omitido deliberadamente informar su antecedente laboral, privando al Consejo de información necesaria para evaluar su idoneidad.
La acusación fue sostenida por Diego Barroetaveña, Luis Juez y Jimena de la Torre, quienes posteriormente analizaron el fallo en diálogo con Infobae.
Al referirse a las irregularidades detectadas, Barroetaveña sostuvo que el ocultamiento de antecedentes había impedido evaluar adecuadamente la idoneidad del postulante y constituía, por sí solo, una causal de mal desempeño. También advirtió sobre la necesidad de revisar los mecanismos institucionales de control que permitieron que aquellas omisiones se reiteraran durante tantos concursos.
En la misma línea, De la Torre planteó la conveniencia de modernizar los procedimientos de selección y avanzar en la digitalización de los antecedentes administrativos del Poder Judicial.
Tras perder la inmunidad de arresto correspondiente a su función, Salmain quedó detenido bajo arresto domiciliario por orden del juez federal Carlos Vera Barros, en el marco de la investigación penal relacionada con Attila.
Los tres juicios políticos resueltos durante 2026 estuvieron a cargo de un Jurado presidido por el camarista Marcelo Bartumeu Romero, e integrado además por el juez Néstor Barral, las senadoras María Montes de Oca y María López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Zulli, y la abogada Ana Fernández.
Actualmente, la Comisión de Acusación del Consejo está presidida por Alberto Maques, con Rodolfo Tailhade como vicepresidente. También la integran los consejeros Álvaro González, Gonzalo Roca, César Grau, Luis Juez y Vanesa Siley, cuyos mandatos finalizarán el próximo 18 de noviembre.
A las cinco sentencias del período en cuestión se suma la renuncia de Marcelo Bailaque, entonces titular del Juzgado Federal N.º 4 de Rosario, mientras avanzaban actuaciones por presunto mal desempeño y enfrentaba investigaciones penales.
El 19 de junio de 2025, la Comisión de Acusación aprobó un dictamen para proponer al Plenario la apertura del procedimiento de remoción y su suspensión. Sin embargo, antes de que el Consejo completara esa instancia, Bailaque presentó su renuncia, aceptada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 443/2025, con efectos desde el 1 de julio.
Las investigaciones penales continuaron su curso y, tras perder la inmunidad de arresto con la aceptación de su renuncia, Bailaque comenzó a cumplir prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria el 1 de julio de 2025.
Las investigaciones que recibirá la nueva integración
El vencimiento de los mandatos modificará la composición de la Comisión de Acusación y la distribución de los expedientes que permanezcan abiertos.
Según un relevamiento oficial actualizado al 6 de noviembre, al que tuvo acceso este medio, el área registraba 24 expedientes vinculados con 15 magistrados, incluidos algunos acumulados a otras actuaciones.
Entre los jueces mencionados aparece Alejandro Maraniello, titular del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N.º 5, investigado a partir de denuncias por presunto abuso sexual, violencia de género, maltrato laboral y utilización indebida de recursos públicos. El magistrado presentó descargos y ofreció pruebas en respuesta a las imputaciones.
También figura Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, cuyo expediente 182/2023 ingresó el 1 de diciembre de 2023 a partir de una comunicación de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
La investigación está asignada al consejero instructor Álvaro González y registra una presentación incorporada el 16 de octubre. El próximo 1 de diciembre, en tanto, se cumplirán tres años desde el ingreso de esa denuncia, plazo previsto en la Ley del Consejo para resolver la apertura del procedimiento de remoción. La normativa establece que, si transcurre ese término sin tratamiento por la comisión, las actuaciones deben pasar al Plenario para su inmediata consideración.
Otro de los casos que tramitan en el Consejo corresponde a Cristina Pozzer Penzo, jueza federal de Goya, Corrientes, quien intervino en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña.
Asimismo, se registran expedientes referidos a Claudio Vázquez, Gustavo Fresneda, Martín del Viso, Alejandro Nobili, Raúl Ojeda, Fernando Strasser, Ángel Guerrero, Hugo Greca, Sánchez Freytes, Karina Alonso Candis y Jorge Gamal Abdel Chamia, en distintas etapas de tramitación.
La nueva composición del Consejo de la Magistratura comenzará a ejercer sus funciones el próximo miércoles, con representantes de los distintos estamentos que integran el organismo. Por el Poder Judicial asumirán Marcelo Gallo Tagle, Juan Culotta, Gabriela Vázquez y Paula Castro, mientras que la abogacía estará representada por Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene. Todos ellos prestaron juramento durante las ceremonias celebradas el 5 y el 12 de noviembre en el Palacio de Justicia.
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