Las querellas que intervinieron en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan cuestionaron el veredicto dictado este miércoles por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que condenó a Claudio Villamide a tres años de prisión en suspenso y absolvió a los otros tres ex altos mandos de la Armada Argentina sometidos a juicio.
En diálogo con Infobae, la abogada Valeria Carreras resumió la reacción de los allegados de los 44 tripulantes: “A las familias les resultó injusto y es entendible”.
Antes, Carreras y su colega Lorena Arias habían difundido un comunicado conjunto en el que combinaron el cuestionamiento por las absoluciones con una valoración positiva del precedente que, a su entender, dejó la condena contra quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos al momento de los hechos.
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“El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz dio a conocer hoy su veredicto por el hundimiento del ARA San Juan y la muerte de sus 44 tripulantes. De los cuatro acusados, Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos, fue condenado por la mayoría del tribunal a tres años de prisión por estrago culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los otros tres -López Mazzeo, Alonso y Correa- fueron absueltos”, señalaron.
Las abogadas destacaron que la resolución del tribunal, integrado en esta causa por su presidente Mario Reynaldi y los jueces subrogantes Luis Giménez y Enrique Baronetto, se trató de “la primera vez en la historia argentina que un jefe naval es condenado penalmente por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz”.
“Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas”, sostuvieron.
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Carreras y Arias admitieron que el resultado dejó sensaciones contrapuestas entre los familiares a los que representan.
“Hoy se mezclan dos sentimientos: la impotencia ante las absoluciones, y la certeza de haber logrado algo que hace ocho años y ocho meses parecía imposible. Haber llegado hasta acá -contra una fuerza armada poderosa, siendo un puñado de familiares sin padrinos políticos ni recursos- ya es, en sí mismo, una victoria. Se ganó una batalla contra la impunidad. Quedan otras por dar”, expresaron.
En el mismo comunicado, anunciaron que buscarán cuestionar la decisión una vez que se conozcan sus argumentos.
“Como querella, adelantamos que vamos a recurrir esta sentencia una vez conozcamos sus fundamentos, previstos para el 21 de agosto de 2026, tanto respecto de las absoluciones como de la magnitud de la pena”, afirmaron.
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“El juicio fue una farsa”
También fue crítico con la decisión judicial Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes fallecidos, y querellante en el expediente.
Ante una consulta de Infobae sobre el veredicto, cuestionó la competencia territorial del tribunal con sede en Río Gallegos, denunció restricciones durante el debate y afirmó que continuará reclamando para revertir lo resuelto.
“Cuando hallamos los restos del San Juan me di cuenta de que la Armada mintió, que el submarino estaba en aguas internacionales, a 300 millas de la costa, y lo encontramos a 275. Denunciamos el hecho como ‘forum shopping’ y planteamos la incompetencia. Hoy, ese planteo está en la Corte, porque las leyes que regulan la competencia territorial de los juzgados federales la limitan hasta la milla 200 al este”, sostuvo.
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Tagliapietra agregó que, según su postura, las conductas investigadas tampoco se produjeron en la jurisdicción de Santa Cruz.
“Además, los hechos imputados fueron cometidos en Mar del Plata y Bahía Blanca. Por todo eso, Santa Cruz es incompetente y se violó la garantía del juez natural -artículo 18 de la Constitución Nacional-”, afirmó.
El querellante recordó que planteó esas objeciones antes del inicio del debate y cuestionó las decisiones adoptadas frente a sus pedidos.
“Cuestión que expuse en las preliminares del juicio y fueron rechazadas con anuencia de todas las partes, como también rechazaron mi pedido de pericias durante el juicio, también con anuencia de todas las partes”, señaló.
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También denunció que se le impusieron límites al momento de interrogar a los testigos y formular su acusación final.
“Durante el juicio, además, me limitaron inconstitucionalmente a hacer preguntas pertinentes, alegando que no eran propias del objeto procesal, y la frutilla del postre fue que nos permitieron alegar, pero no nos permitieron solicitar las reglas del concurso de delitos que entendimos probadas ni pedir pena de manera autónoma a la que pidió la fiscalía. Todas violaciones severas a derechos constitucionales adquiridos”, expresó.
Tagliapietra cerró con una dura valoración del proceso. “Al final, el juicio fue lo que predije: una farsa. Iremos hasta las últimas consecuencias para llegar a la verdad y que los responsables respondan por sus actos”, advirtió.
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El tribunal condenó por mayoría a Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte.
En cambio, absolvió por unanimidad a Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.
Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 21 de agosto. A partir de entonces, por cuestiones procesales ya firmes, solo la fiscalía y la defensa de Villamide podrán presentar recursos de casación contra el fallo.
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