El Tribunal Oral Federal 2, que condenó a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la causa Vialidad, aguarda una definición clave de la Corte Suprema de Justicia para avanzar en la ejecución del decomiso de bienes por un monto de $685.000 millones, cantidad que el máximo tribunal del país dejó firme esta semana. Esta medida alcanza a la ex presidenta, a Lázaro Báez y a otros condenados en el expediente, en carácter solidario, y pone en disputa 19 propiedades cedidas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
A mediados de mayo pasado, el tribunal solicitó a la Corte que precise si alguna de las propiedades sujetas a decomiso será destinada para su uso, para el del Consejo de la Magistratura o puede avanzarse con su remate. En el sexto piso de Comodoro Py 2002 aguardan respuesta. Además, el máximo tribunal del país tiene que decidir si habilita o no quejas directas que presentaron tanto la defensa de CFK como Báez y los demás condenados en el último intento por frenar el decomiso de 111 propiedades ya confirmado en tanto que una nueva tanda que pidió el fiscal Diego Luciani podría sumarse y está a estudio del TOF2.
El actual juez de ejecución de la condena a seis años de prisión de la expresidenta, Rodrigo Giménez Uriburu, detalló en la consulta a la Corte que parte de los inmuebles podría ser asignado a la justicia federal o destinarse a uso con fines sociales en Santa Cruz -provincia epicentro de los delitos que se juzgaron en la causa- o bien salir a remate público.
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En el caso de Cristina Kirchner en lo inmediato están en juego 19 bienes a nombre de sus hijos Máximo y Florencia: 10 departamentos, 2 casas en Río Gallegos y varios terrenos en Lago Argentino, Santa Cruz.
La Cámara Federal de Casación Penal ya confirmó la validez del decomiso en abril de este año. El tribunal sostuvo que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando estos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”. En el fallo, el camarista Gustavo Hornos remarcó que la finalidad de la medida no es castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado los bienes vinculados a hechos de corrupción ya juzgados. Contra esta decisión está pendiente de resolución una queja directa ante la Corte.
El primer listado de bienes fue elaborado por el fiscal Diego Luciani y comprende 111 propiedades de Lázaro Báez, Cristina Kirchner y las 19 transferidas a sus hijos, todas adquiridas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. También existe una segunda tanda vinculada a las sociedades Los Sauces y Hotesur, que están bajo análisis judicial. Entre ellas figura el inmueble de San José 1111, donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario, y el chalet de Río Gallegos, residencia tradicional de la familia Kirchner.
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En el expediente judicial se investigó una maniobra defraudatoria cometida entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz, en el marco de 51 procesos licitatorios de obra pública vial. Según consta en la causa, esas obras fueron adjudicadas de forma sistemática al Grupo Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, a través de la Dirección Nacional de Vialidad.