El camarista federal Leopoldo Bruglia solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para suspender el Concurso N° 461 del Consejo de la Magistratura, destinado a cubrir las dos vocalías de la Sala I de la Cámara Federal porteña actualmente ocupadas por él y por su colega Pablo Bertuzzi. La presentación se dio en el marco de la petición internacional que tramita desde 2021 junto con los reclamos de Bertuzzi y Germán Castelli por la revisión de sus respectivos traslados.
“Vengo a solicitar de esa honorable Comisión el dictado de una medida cautelar de no innovar que implique la inmediata suspensión de todas las acciones que intenta el Estado Argentino para concluir con su propósito de removerme del cargo de juez que vengo desempeñando (...) desde diciembre del año 2016 en forma interina y desde el 9 de abril de 2018 con designación efectiva en el cargo, conforme a la legislación vigente”, escribió Bruglia en la presentación remitida al organismo interamericano.
El magistrado afirmó que “la lesión se esta llevando a cabo -en este momento- en el concurso 461”, cuya suspensión también requirió ante el propio Consejo de la Magistratura.
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La solicitud llega en la antesala del plenario del Consejo de la Magistratura convocado para este miércoles por su presidente y juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Entre los múltiples asuntos incluidos en el orden del día figura precisamente el Concurso N° 461, mediante el cual el organismo deberá resolver las ternas de candidatos para cubrir dos vocalías de la Sala I de la Cámara Federal, el tribunal encargado de revisar las decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py.
El pedido ante la CIDH, al que tuvo acceso Infobae, se inscribe en una controversia iniciada hace más de cinco años en torno a los traslados de magistrados federales realizados durante la gestión de Mauricio Macri.
En efecto, durante 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde el Tribunal Oral Federal N° 4 a la Cámara Federal porteña. Germán Castelli, por su parte, pasó desde el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín al Tribunal Oral Federal N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires. Los traslados fueron aprobados por el Consejo de la Magistratura bajo el régimen vigente en ese momento.
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La situación cambió en 2020. Tras la asunción de Alberto Fernández, el entonces representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, impulsó la revisión de distintos traslados efectuados durante la administración anterior. Posteriormente, el Senado resolvió dejar sin efecto esos nombramientos y los tres magistrados acudieron directamente a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario por salto de instancia.
En noviembre de 2020, el máximo tribunal resolvió que los traslados constituyen un mecanismo excepcional y que no equivalen a una designación definitiva. Sin embargo, dispuso que los jueces permanecieran en sus cargos hasta que las vacantes fueran cubiertas mediante los procedimientos constitucionales correspondientes.
Esa decisión permitió que Bruglia, Bertuzzi y Castelli continuaran ejerciendo sus funciones, pero dejó abierta la necesidad de cubrir definitivamente esos cargos mediante concursos públicos.
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A partir de ese fallo, los tres jueces acudieron al sistema interamericano de derechos humanos. Ante la CIDH denunciaron presuntas afectaciones a la independencia judicial, la inamovilidad de los magistrados, el debido proceso y la garantía del juez natural. La presentación quedó registrada bajo el número P-35-21 y continúa actualmente en trámite.
En 2024, el gobierno del presidente Javier Milei aceptó participar de un procedimiento de solución amistosa ante la CIDH. Bruglia recordó en su escrito que existieron dos intentos de conciliación y sostuvo que el primero “se frustró intempestivamente por un extraño suceso, o intervención, nunca aclarado”, mientras que el segundo habría quedado sin avances tras los cambios producidos en el Ministerio de Justicia.
El Concurso N° 461, en rigor, tiene por objeto cubrir las dos vocalías de la Sala I de la Cámara Federal actualmente ocupadas por Bruglia y Bertuzzi. Mientras Bruglia decidió no participar por considerar que ello implicaría convalidar el mecanismo que cuestiona ante la CIDH, Bertuzzi sí concursó y actualmente integra una de las ternas elevadas por la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura.
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El expediente llegará al plenario acompañado por tres dictámenes. El de mayoría, impulsado por el consejero Diego Barroetaveña, propone una primera terna integrada por Fernando Poviña, Agustina Rodríguez y Pablo Yadarola, y una segunda conformada por Julio César Di Giorgio, Cecilia Incardona y Pablo Bertuzzi.
También fueron elevados dos dictámenes de minoría. El primero, suscripto por la consejera Vanesa Siley, propone para el primer cargo a Fernando Poviña, Cecilia Incardona y Laura Mazzaferri, y para el segundo a Agustina Rodríguez, Gonzalo Viña y Julio César Di Giorgio. El segundo, firmado por el consejero Alberto Maques, coincide con la primera terna del dictamen mayoritario pero postula para el segundo cargo a Gonzalo Viña, Cecilia Incardona y Pablo Bertuzzi.
La propuesta de Barroetaveña obtuvo siete votos en la Comisión de Selección y se convirtió en el dictamen mayoritario que será sometido a consideración del plenario.
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Así las cosas, al realizar una reseña de los hechos, Bruglia recordó que tanto él como Pablo Bertuzzi fueron trasladados entre 2016 y 2018 desde un tribunal oral federal a la Cámara Federal porteña. Según sostuvo, esos traslados contaron con la aprobación de dos tercios del Consejo de la Magistratura, pese a que la normativa vigente requería una mayoría simple, por lo que consideró que habían cumplido con todos los requisitos legales y que su estabilidad en los cargos se encontraba consolidada.
El camarista afirmó que ambos ejercieron “pacíficamente” esas funciones hasta 2020, cuando, según su interpretación, comenzó una ”grosera planificación para destituirnos, concebida por un sector específico de la política“.
En ese sentido, atribuyó el inicio de ese proceso a un informe elaborado por el entonces representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo, Gerónimo Ustarroz. De acuerdo a su relato, bajo la "falsa apariencia de un acto general de control de traslados, simulado“, la iniciativa tuvo como objetivo la remoción de tres jueces en particular: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
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Más tarde, al referirse al fallo del Máximo Tribunal, el magistrado dijo: “Noviembre de 2020, se dicta un controversial fallo de la Corte, que había asumido la competencia sobre el tema en el segundo ‘per saltum’ de la historia de nuestro país. En un momento de la reciente historia, signado por un complejo contexto político, complementado con la creación de una comisión especial designada por el Poder Ejecutivo para ampliar y dividir las funciones del Superior Tribunal, presidida por el Dr. Beraldi, actual defensor de una expresidenta de este país, hoy condenada por delitos de corrupción y vicepresidenta en aquel entonces”.
Para el juez, la sentencia del Máximo Tribunal “avanzó sobre cuestiones que no integraban el objeto procesal sometido a decisión jurisdiccional” y la decisión terminaría afectando a alrededor de “setenta o cuántos más jueces afectados” por la misma situación. Sin embargo, el camarista expresó ante la CIDH que a partir de ahí miembros del Consejo “comenzaron a ejecutar lo que pedía la política más poderosa de todos los momentos, unida en los sótanos de la democracia, o ‘sotto governo’ como gustaba decir a Bobbio, y complementada por sus conocidos operadores”.
“Unos amagues en la Comisión de Selección de comenzar con algún otro concurso, posteriormente abandonado o previsiblemente suspendido. Motorizaron, exclusivamente, los que inquietaban a los autores de la ilegal maniobra inicial, luego consensuada con otros premiados interesados. Y ahora llegamos al punto final de lo que se hizo en estos más de cinco años, entre el 2020/2026. Nada ocurrió en el resto de los concursos que se debían iniciar para cumplir el fallo de la Corte y avances sustanciales en los que implicaban a los tres jueces señalados. Hasta llegar al momento actual en uno de ellos, el 461 de la Cámara Federal, que es el que atañe a esta presentación", redactó Bruglia en su documento.
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Por lo demás, para ilustrar lo que el juez considera un trato desigual frente a otros traslados vigentes, el magistrado presentó “dos casos testigos”.
Se trata de Carlos Mahiques y Javier Basílico, quienes también accedieron a sus actuales cargos mediante traslados. Según sostuvo, el Consejo de la Magistratura nunca convocó a concursos para cubrir las vacantes que ambos dejaron al ser transferidos, correspondientes a la Vocalía N° 10 de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional -en el caso de Mahiques, trasladado posteriormente a la Cámara Federal de Casación Penal- y al Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 -en el caso de Basílico-. “Ello prueba que no se llamó jamás a los concursos para cubrir sus vacantes y que nunca se emitió resolución para reservar las vacantes que dejaron luego de ser transferidos”, afirmó.
En otro tramo de la presentación, Bruglia vinculó la reactivación del Concurso N° 461 con los cambios producidos este año en el área de Justicia del Gobierno nacional. Mencionó la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y de Santiago Viola como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.
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Respecto de Viola, recordó que tanto él como Bertuzzi intervinieron en una causa en la que el actual funcionario fue procesado por hechos vinculados a una denuncia falsa contra el juez federal Sebastián Casanello. A partir de esa circunstancia, sostuvo que era previsible el fracaso de las negociaciones impulsadas en el marco del procedimiento de solución amistosa con el Estado Nacional ante la CIDH.
Según planteó, el avance del concurso en cuestión constituyó el primer paso de una nueva ofensiva destinada a removerlos de sus cargos. También cuestionó el envío al Senado de un pliego para cubrir la vacante dejada por Carlos Mahiques al ser trasladado a la Cámara Federal de Casación Penal, circunstancia que presentó como un nuevo ejemplo del trato diferenciado que denuncia en su presentación.
En ese contexto, el camarista remarcó: “Se habló siempre de un concurso express para desalojarnos, lo impulsaron ya a fines de abril de este año, a través del Consejero Barrotaveña (que contrasta con la actitud de su antecesor, Dr. Recondo) y obtuvieron en tiempo récord la aprobación de las ternas de sustitutos. Me abstendré de calificar otras actitudes -que no entiendo- de Consejeros y me detendré solo un minuto -en cinco renglones- para sí dejar asentada la activa intervención de un oscuro personaje, sin cargo alguno en el Consejo, pero con un enorme poder de influencia por la representación que le asignan en esos ambientes. Fue quien habría dado el consenso necesario para el avance oficial en el concurso".
Al desarrollar el requisito de la urgencia, contemplado para una medida cautelar, Bruglia sostuvo que el Concurso N° 461 fue reactivado de manera acelerada luego de permanecer paralizado durante el trámite de solución amistosa ante la CIDH. Según relató, el consejero Diego Barroetaveña impulsó el 27 de abril un dictamen para incorporar al orden del día las ternas del concurso y avanzar hacia la etapa final del proceso de selección.
El camarista cuestionó particularmente la velocidad con la que avanzó el expediente. Señaló que apenas tres días después, el 30 de abril, la Comisión de Selección aprobó las ternas en una reunión que, según afirmó, duró “menos de quince minutos” y se desarrolló “sin una mínima discusión”. También indicó que previamente se había realizado una reunión de casi dos horas “a puertas cerradas” entre los consejeros.
En ese contexto, calificó al trámite como un "concurso express" y afirmó que, una vez aprobadas las ternas en la Comisión de Selección, sólo resta la intervención del plenario del Consejo de la Magistratura. A su juicio, ese paso constituye “el principal hito de urgencia respecto de la cautelar” solicitada ante la CIDH.
Bruglia también expuso una proyección sobre las etapas posteriores del procedimiento. Según sostuvo, las ternas serían elevadas al Poder Ejecutivo y posteriormente remitidas al Senado para completar el proceso de designación de los nuevos magistrados. En ese marco, identificó la eventual jura de los futuros jueces como la "línea de muerte" de su reclamo.
Sobre ese punto, advirtió que la designación de nuevos magistrados produciría un perjuicio irreversible para su situación jurídica. “Se producirá nuestra definitiva destitución, cuando salga el decreto de designación y juren los nuevos jueces que comenzarán a tener sus propios derechos adquiridos”, expresó.
Más adelante, ya sobre el final de su planteo ante la entidad interamericana, el magistrado lamentó “no haber tenido respuesta alguna a mis inquietudes por parte del Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación -Horacio Rosatti-, a quien me he dirigido conforme a su investidura y responsabilidad en la organización”.
Y completó: “La gravedad institucional de los hechos es innegable y por ello es oportuno señalar al respecto la opinión sobre estos sucesos del Ministro de la Corte Dr. Ricardo Lorenzetti- firmante del fallo que aquí arrastra sus implicancias, cuando dice: ‘La decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad’, y agregó -por si quedaba duda-, ‘que contrastaba las diferencias de criterio entre el Juez de la Cámara de Casación porteña Carlos Mahiques con el de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia’“.