La jueza federal María Servini declaró clausurada la instrucción de la causa que investiga la situación en la que una jubilada resultó herida durante la misma marcha del Congreso en la que le dispararon en la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo.
De este modo, envió a juicio correccional al policía Nicolás Emanuel Céspedez, imputado por el delito de lesiones leves dolosas, agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad.
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El resultado del sorteo en la Cámara Federal indicó que el proceso oral quedará a cargo del juzgado criminal y correccional 9, que actualmente subroga Sebastián Ramos.
La magistrada decidió derivar el caso a un juicio correccional, que consiste en un proceso penal con un tribunal unipersonal, diseñado para agilizar los procedimientos en el caso de delitos que no excedan la pena de tres años de prisión, multa o inhabilitación. En este caso, la máxima prevista sin agravantes es de un año.
En cuanto a la causa contra el gendarme Héctor Jesús Guerrero, autor del disparo que hirió al reportero gráfico, ya fue elevada hace un mes y recayó en el Tribunal Oral Federal 6.
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La imputación es por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado por idéntica razón. Si resultara condenado, la pena podría superar los 10 años de prisión.
Antecedentes
El expediente se inició porque la jubilada Beatriz Blanco fue rociada con gas pimienta, sufrió un empujón por parte de personal policial y cayó al piso, en el contexto de los incidentes violentos registrados durante la marcha del día 12 de marzo de 2025 en las inmediaciones del Congreso.
La mujer relató en su declaración: “Cuando estaba en el suelo, el mismo policía que me atacó extrajo una lata y me rocío con gas pimienta en la cara y los ojos. Yo no estaba consciente, pensé que me estaba muriendo”.
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Luego, fue trasladada al Hospital Argerich, donde los médicos diagnosticaron traumatismo encéfalo-craneano sin pérdida de la conciencia, con herida cortante en región occipital, por lo que debieron practicarle suturas.
El imputado fue el policía federal Nicolás Céspedez, quien en su descargo describió que “como muchas veces ha ocurrido, en distintas marchas sociales, se produjeron ataques provenientes de personas que se manifestaban contra los policías”, e identificó a Blanco como una de los agresores.
El fiscal Eduardo Taiano estuvo de acuerdo con la querella para solicitar la elevación a juicio. No obstante, el abogado de la jubilada, el doctor Daniel Llermanos, reclamó la extracción de testimonios con el propósito de investigar “la posible coautoría mediata en aparatos organizados de poder, en cabeza de la por entonces ministra de seguridad, Patricia Bullrich”.
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Según la acusación, “no se puede descartar que el aquí procesado haya actuado en el marco de un plan sistemático del actual gobierno nacional para desalentar la protesta social”.
En ese aspecto, la jueza Servini no se pronunció, aunque sí rechazó el pedido de sobreseimiento del policía al que terminó enviado a juicio oral.
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