Desde que la Corte Suprema de Justicia asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación se registró un incremento sostenido en las acciones disciplinarias contra magistrados. Ya destituyeron a dos jueces, otro renunció para evitar el jury y dos más enfrentarán próximamente un juicio político.
Además, se produjeron cambios en la cúpula administrativa del organismo, incluyendo la cesantía del administrador general, el director de Recursos Humanos y el jefe de Seguridad, junto con la reubicación de otros funcionarios en puestos clave.
Un relevamiento reciente sobre el avance de las investigaciones por mal desempeño de magistrados, desde la implementación de la actual estructura del Consejo, arrojó estos resultados.
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La semana pasada, la Comisión de Acusación votó de manera unánime para enviar a juicio político al juez federal de Rosario, Gastón Salmain. Este magistrado enfrenta un procesamiento por graves delitos de corrupción judicial y tiene una orden de detención que no se ejecuta gracias a sus fueros.
El procedimiento contra Salmain requiere el respaldo del Plenario para que el magistrado sea suspendido. Estas acciones impulsaron un análisis de las decisiones tomadas por las comisiones de Disciplina y Acusación desde que Horacio Rosatti, presidente de la Corte, asumió la dirección del organismo.
Paralelamente, se avanzó en la citación a una indagatoria del juez civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien fue denunciado por abuso sexual y maltrato laboral.
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Además, desde el cambio de gestión en el Consejo, los jueces Walter Bento y Martín Poderti fueron removidos de sus cargos.
El juez Marcelo Bailaque optó por renunciar, acorralado por las acusaciones en su contra, antes de que el Plenario decidiera su destino.
Asimismo, los jueces Alfredo López y Pablo Díaz Lacava fueron enviados a juicio. Ahora, el Plenario debe resolver si suspende y remueve a Salmain, y también evaluar la conducta de Maraniello. Adicionalmente, se aplicaron otras sanciones disciplinarias.
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El 4 de octubre de 2023, el Plenario del Consejo de la Magistratura impuso sanciones económicas a los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal, los jueces Javier Anzoategui y Luis María Rizzi.
La multa consistió en el cincuenta por ciento de sus haberes por única vez. Esta medida se tomó en consideración de las expresiones vertidas en la sentencia de una causa por abuso sexual, las cuales fueron consideradas ofensivas al decoro de la función judicial, al respeto de las instituciones democráticas y a los derechos humanos, o que comprometían la dignidad del cargo.
El Consejo también instó a estos jueces a realizar el curso de la Ley Micaela de forma periódica, con el fin de asegurar una actualización constante en materia de perspectiva de género.
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El 29 de mayo de 2024, el Plenario del Consejo de la Magistratura aplicó una sanción de apercibimiento al juez Alberto Alejandro Calandrino, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 35. Esta medida se debió a una denuncia que le atribuía diversos atrasos en el ejercicio de sus funciones, específicamente en relación con los expedientes en trámite en su juzgado.
El 10 de julio de 2024, el Plenario impuso una multa del 30 por ciento de los haberes al juez Miguel Ángel Guerrero, a cargo del Juzgado Federal de Eldorado, Misiones. Esta sanción se originó a partir de una denuncia por maltrato presentada por empleados y funcionarios que trabajaban bajo sus órdenes.
Juicios políticos
En cuanto a los jueces removidos por el Jurado de Enjuiciamiento o aquellos que renunciaron tras una acusación del Consejo, el 31 de mayo de 2023, el Plenario del Consejo de la Magistratura decidió iniciar el procedimiento de remoción contra Walter Ricardo Bento, entonces juez titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza, por mal desempeño en sus funciones.
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Se dispuso su suspensión en sus funciones y se lo acusó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Finalmente, el 8 de noviembre de 2023, el jury resolvió su remoción del cargo de juez. En sede penal, Bento fue condenado a 18 años de cárcel.
El 19 de junio de 2025, la Comisión de Acusación aprobó el dictamen que propuso la apertura del procedimiento de remoción y la suspensión del magistrado Marcelo Martín Bailaque, juez titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, provincia de Santa Fe, por mal desempeño en sus funciones.
Posteriormente, Bailaque renunció a su cargo, decisión que fue aceptada mediante el Decreto 443/2025 del Poder Ejecutivo Nacional.
El 27 de agosto de 2025, el Plenario del Consejo resolvió la apertura del procedimiento de remoción y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra el juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Martín Luciano Poderti, por la causal de mal desempeño. Asimismo, se dispuso su suspensión en las funciones. El 18 de diciembre de 2025, el Jurado de Enjuiciamiento decidió su remoción del cargo de juez.
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Se le atribuyó responsabilidad por el robo de monedas de oro incautadas en una causa a su cargo.
Respecto a las acusaciones a consideración del Plenario, el último jueves la Comisión de Acusación aprobó el dictamen que propuso la apertura del procedimiento de remoción de Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, provincia de Santa Fe. También se propuso su suspensión en el cargo.
Lo acusan por un caso de corrupción en el que está procesado con prisión preventiva, y por haber ocultado en su currículum que lo habían echado del Poder Judicial en 2002 por ofrecer una coima para direccionar un expediente.
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En cuanto a las acusaciones en trámite ante el Jurado de Enjuiciamiento, en marzo de este año el Plenario del Consejo de la Magistratura decidió acusar al juez Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, por la causal de mal desempeño en sus funciones.
La imputación se basó en la difusión, por parte del magistrado, de publicaciones de contenido antisemita a través de redes sociales, una conducta que la Comisión consideró incompatible con los deberes que impone el ejercicio de la función judicial. El dictamen fue aprobado por unanimidad.
El Plenario del Consejo de la Magistratura decidió llevar ante un jury también al juez Pablo Ramiro Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, La Pampa, por la causal de mal desempeño en sus funciones. Los hechos acusados incluyeron maltrato y violencia laboral, así como desórdenes de conducta, entre otros. Este caso también se encuentra en trámite ante el Jurado de Enjuiciamiento.
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