La Cámara Federal de Tucumán dio por desistida una apelación fiscal y quedó firme así la decisión de enviar a Campana una denuncia por supuesto lavado de activos y asociación ilícita contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La denuncia fue impulsada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien había reclamado incluso detener a los dos dirigentes y otros acusados.
Poco antes de ser apartado del caso, el juez federal de esa provincia, Sebastián Argibay, rechazó los planteos, se declaró incompetente y derivó el caso a Campana, donde ya se investiga a supuestos testaferros de propiedades y automóviles que podrían pertenecer en realidad a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Esta decisión fue apelada por el fiscal Simón.
Así llegó a estudio de la Cámara Federal de Tucumán, pero el fiscal ante esa instancia, Rafael Vehils Ruiz, decidió no sostener la apelación contra la resolución de Argibay, quien además de rechazar abrir la investigación se declaró incompetente por razón de territorio y remitió la causa al juez federal de Campana, González Charvay.
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En la resolución firmada por los jueces de la Cámara Federal de Tucumán, Patricia Moltini, Fernando Poviña, Mario Leal y Marina Cossio, se recordó que el artículo 443 del Código Procesal Penal habilita al Ministerio Público Fiscal a desistir de sus recursos, incluso cuando hubieran sido presentados por un fiscal de grado inferior. “Corresponde tener por desistido el recurso de apelación oportunamente impetrado”, señalaron los camaristas, en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
El reclamo fiscal
Antes de que el fiscal general retirara el recurso, Simón había reclamado que la causa siguiera en Santiago del Estero y que se ordenara la apertura formal de la investigación. También pidió que se diera intervención al Consejo de la Magistratura para analizar la conducta de Argibay.
Con el desistimiento de la apelación, quedó confirmado el traslado del caso al juzgado federal de Campana. Además, el Tribunal de Apelaciones tucumano declaró “inoficioso” pronunciarse sobre otros planteos vinculados al caso.
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En su dictamen, el fiscal Simón había reclamado abrir la causa penal en Santiago del Estero y detener a Tapia, Toviggino y una veintena de imputados señalados como supuestos testaferros o prestanombres para las sociedades por las que habría pasado dinero espurio. Al tesorero de AFA lo imputó como supuesto jefe de asociación ilícita.
Según surgió de su dictamen, el gobierno de Santiago del Estero habría transferido más de $1.243 millones en dos años a una empresa de seguridad llamada SEGON SRL, vinculada al círculo íntimo de Pablo Toviggino. La firma ganó en junio de 2024 una licitación para proveer vigilancia en el Hospital Regional Ramón Carrillo, el mayor establecimiento sanitario de la capital provincial, por $380.160.000 a doce meses. Pero las transferencias comenzaron cinco meses antes de la firma del decreto de adjudicación y superaron ese monto: $633.550.169 en 2024 y otros $609.385.635 en 2025. La investigación se abrió a partir de una denuncia recibida en diciembre de 2025.
Apenas rechazó el dictamen fiscal, el juez Argibay fue apartado del caso por la Cámara Federal de Tucumán por supuestos vínculos de un familiar suyo con una operación comercial vinculada a parientes de Toviggino que podrían afectar su imparcialidad. Lo había pedido el fiscal Simón al argumentar que una hija del juez vendió una propiedad a allegados del tesorero de la AFA. Según la fiscalía, el dinero utilizado para adquirir el bien habría tenido un origen ilícito, y está conectado al circuito que se investiga.
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