La Cámara de Casación Penal resolvió por unanimidad anular la absolución de los ex presidentes el INCAA, Jorge Álvarez y Liliana Mazure, imputados en la causa que investiga presuntas maniobras ilegales en la distribución de subsidios al cine.
La decisión fue dictada por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
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La hipótesis del caso se basa en que se habrían perjudicado las arcas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales a partir de la suscripción de convenios para la producción de proyectos audiovisuales que contribuyeran al “desarrollo de la comunidad nacional”.
Calculan que los hechos cuestionados, entre los años 2002 y 2013, ocasionaron un presunto daño patrimonial de más de 16 millones de pesos, que aún deberían ser actualizados con datos de capital e intereses.
En este contexto, se detectó la liberación indebida de pagos a productores por parte de las autoridades del INCAA, sin que se haya comprobado que se realice la obra ni haber revisado rendiciones parciales o total de gastos. Incluso se verificó que algunas productoras no entregaron las películas.
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A su vez, en algunos casos, el Instituto llegó a aportar “un porcentaje significativamente mayor al convenido sin que se hayan efectuado las acciones tendientes a recuperar lo indebidamente erogado por el organismo”.
En la imputación se destaca que se dictaron adendas a los acuerdos originales que modificaban el porcentaje de participación inicialmente pactados para adecuarlos al costo definitivo de producción.
El fallo de la Cámara
El juez Gustavo Hornos afirmó que los jueces que evaluaron la causa previamente omitieron realizar un pormenorizado análisis de los distintos elementos incorporados para concluir que no existió un quebrantamiento de los deberes de funcionario que correspondían a los presidentes del INCAA.
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Sostuvo que “la existencia de facultades discrecionales no releva al funcionario del deber de actuar conforme a los principios de legalidad, razonabilidad, buena administración, fidelidad, transparencia y protección del patrimonio público”.
Hornos afirmó que la aplicación del derecho en los casos que se investigan supuestas maniobras que perjudican a las arcas del Estado Nacional, las decisiones judiciales “deben garantizar el resultado de un análisis serio, completo y fundado del material probatorio”.
Del mismo modo, el camarista Mariano Borinsky indicó que los delitos en administración pública exigen al juzgador “un análisis integral del contexto, de la secuencia de decisiones adoptadas y de su razonabilidad económica y administrativa, y no una mera verificación de la legalidad formal de cada acto visto de manera aislada y fragmentada”.
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Por su parte, el juez Jorge Carbajo adhirió al voto de sus colegas “en lo sustancial” y respaldó la decisión de anular la absolución de Álvarez, Mazure y el resto de los imputados.
El juicio
El Tribunal Oral Federal 2 había absuelto a los expresidentes del INCAA, que llegaron a juicio procesados por supuesta defraudación millonaria vinculada a fondos destinados a subsidios cinematográficos.
El caso estuvo inicialmente a cargo del juez Claudio Bonadio, quien en 2018 procesó a los funcionarios, también a Jorge Coscia, quien presidió el INCAA entre 2002 y 2005, pero falleció antes del juicio.
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Los proyectos implicados en la investigación son el denominado “La Historia de América Latina”, una serie de 63 episodios, y “La misión de Aukán”.
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