Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió este viernes detener al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en una causa penal abierta en esa provincia por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero.
En un dictamen de 181 carillas al que accedió Infobae y ahora está a estudio del juez del caso, el fiscal Pedro Simón sostuvo que Tapia y Toviggino habrían usado empresas de este último “como fachada y para ejecutar negocios ilícitos” con dinero de la Asociación del Fútbol Argentino.
La fiscalía acusó a ambos dirigentes futbolísticos por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos en una investigación que involucra bienes dentro y fuera de Santiago del Estero, de donde es oriundo el tesorero de AFA. También imputó a sus familiares y otros allegados. En total reclamó detener a 24 acusados y sólo dejó fuera de ese pedido a dos hijos de Toviggino debido a su edad. Reclamó también la inhibición general de bienes para todos.
Testaferros de Toviggino
Según la acusación, muchos de los acusados habrían actuado como testaferros “asumiendo la titularidad de bienes” que serían de Toviggino. De hecho el listado incluye a Luciano Pantano y a su madre Ana Conte, titulares de la sociedad Real Central, dueña de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y ya investigados en otra causa penal en un juzgado federal de Campana, Buenos Aires.
El fiscal acusó por a todos por “una defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino” en el marco de “una organización criminal asentada y coordinada que operó, al menos, desde el año 2018 hasta el 2026″.
El dictamen da cuenta de que la AFA “transfirió un total de $3.633.013.825,80 (tres mil seiscientos treinta y tres millones trece mil ochocientos veinticinco pesos con 80/100), a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR y SERVICIOS NEURUS”, las empresas investigadas, todas integradas por “personas de confianza” del tesorero y de su núcleo íntimo. “Todos ellos cumplieron un rol esencial, organizado y coordinado en esta operación”, continuó el dictamen.
“Las sociedades emitieron facturas a favor de la AFA para justificar el motivo del envío de fondos de parte de la institución a las empresas. Sin embargo, no prestaron los servicios declarados en las facturas a favor de la Asociación”.
Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, " emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero". Pidió medidas de prueba e implantar el secreto de sumario.
El tesorero, presunto jefe
Al tesorero de la AFA lo consideró “jefe” de la asociación ilícita. En cuanto a Tapia advirtió que “en su calidad de presidente de la AFA, habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la Asociación al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero”.
La fiscalía remarcó que Toviggino es el tesorero de la AFA, “fue y es, actualmente, presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol y de la Asociación Mutual Acceda Ya de la Provincia de Santiago del Estero”.
“Se vincula directamente con Claudio Fabián Tapia, quien es el presidente de la AFA y con María Florencia Sartirana, ex encargada de finanzas de la AFA y actual pareja de Toviggino”, recordó.
Entre ellos y otros imputados se formó una asociación ilícita que “montó una estructura societaria” con emisión de facturas por servicios no prestados a la AFA.
Las sociedades emitían facturas entre ellas para dificultar el rastreo del dinero y “habrían sido utilizadas como vehículos para canalizar fondos, simular operaciones y disimular su origen ilícito”.
En ese marco, acusó al tesorero de adquirir "bienes a nombre de las sociedades pero para su uso y goce exclusivo" y así “disimular la procedencia real”. Según explicaron fuentes judiciales, habría 35 propiedades en esa provincia a nombre de sociedades que aparecen vinculadas a Toviggino y sus allegados.
El fiscal aludió a la presunta “existencia de una organización estable y coordinada orientada a la captación y disposición de fondos de origen ilícito”.
En el dictamen aparecen sociedades como Malte que, según el fiscal, integran una red. Esta última es ya investigada en la causa que tramita en la localidad bonaerense de Campana. El expediente de Santiago del Estero se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de un particular que llegó por correo electrónico a la fiscalía y a partir de allí se abrió una investigación preliminar.
Entre las medidas de prueba reclamó allanamientos y peritajes. La decisión sobre estos planteos deberá tomarla el juez de Tucumán Guillermo Díaz.
Peligro de fuga
El fiscal reclamó que todos sean detenidos para ser indagados ante riesgo de fuga y porque los delitos atribuidos poseen una pena mínima de ocho años de prisión que prevén una condena efectiva. “Existen los peligros procesales de fuga y entorpecimiento”, aseguró.
El tesorero y Tapia ya están bajo investigación en otra causa que se tramita en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. Precisamente la Cámara Federal de Casación debe resolver si esta pesquisa vuelve al ámbito de la ciudad de Buenos Aires o permanece en este juzgado.
Ahora se suma la acusación de Santiago del Estero vinculada según el dictamen fiscal a estancias, casas y lotes, además de vehículos registrados a nombre de distintas sociedades, participaciones en empresas e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.