El jefe de sistemas de la Droguería Suizo Argentina, Hernán Daniel Díaz, se negó a declarar y entregó un escrito, en el marco de la indagatoria ante el juez Julián Ercolini. Está acusado de desobediencia por negar a las autoridades el acceso a los correos electrónicos de la empresa durante los allanamientos ordenados en el caso ANDIS.
En su descargo, hizo hincapié en que no estaba autorizado por los dueños de los mails a revelar las claves. Argumentó que no podía ceder esa información ante la autoridad judicial, ya que su deber es guardar el secreto.
La causa contra Hernán Díaz se inició por su resistencia a facilitar la tarea del personal de la Superintendencia de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, que tenía a cargo el operativo del 29 de agosto de 2025 en la sede de la Droguería Suizo Argentina, ubicada en Monroe 801.
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Ese día, la orden del juez federal Sebastián Casanello fue obtener una copia de los correos electrónicos institucionales que habían enviado y recibido una decena de directivos de la firma, con el objetivo de encontrar nuevas evidencias vinculadas a la investigación sobre irregularidades en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad.
Los efectivos policiales le pidieron a Díaz que realizara el blanqueo de claves para poder exportar los mensajes, pero según consta en el acta del procedimiento, se negó a colaborar porque carecía de autorización de la compañía.
Desobediencia judicial
Casanello dispuso la extracción de testimonio y denunció al jefe de sistemas de la Droguería Suizo Argentina por desobediencia (art. 239 del Código Penal), que prevé penas de prisión de quince días a un año.
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Por sorteo, el expediente recayó en el juzgado de Ercolini, con la intervención del fiscal Carlos Rívolo, quien consideró que la actitud de Díaz obstruyó el procedimiento judicial y provocó un daño directo a la investigación en curso.
Rívolo remarcó que “la invocación de instrucciones o falta de autorización por parte de superiores jerárquicos o del representante legal de la empresa no constituye, en principio, una causa de justificación válida frente a un mandato judicial, cuyo cumplimiento reviste carácter obligatorio y de orden público”.
Causa ANDIS
La Cámara Federal continúa recibiendo los argumentos de defensa de los 19 procesados por integrar una presunta asociación ilícita dedicada a desviar fondos públicos asignados para las personas con discapacidad.
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Entre los procesados se encuentra Diego Spagnuolo, considerado jefe de una asociación ilícita; Daniel María Garbellini, quien se desempeñó como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS; los exfuncionarios Diego D´Giano, Roger Grant, Eduardo González y Lorena Di Giorno; y los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
Los jueces de la Sala II, Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, deberán resolver si confirman o revocan la decisión del juez Casanello que los encontró a todos involucrados en un sistema paralelo de administración del Estado, orientado a direccionar compras, inflar precios y repartir retornos ilegales, con un perjuicio millonario para el Estado.
La investigación que llevó adelante el fiscal Franco Picardi reconstruyó la ruta del dinero ilícito, que incluyó cuevas financieras, compra de inmuebles, vehículos de alta gama, remodelaciones en domicilios particulares y grandes sumas de dinero en efectivo —dólares y euros— halladas en cajas de seguridad y viviendas de los imputados.
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Además, determinó que personas ajenas a la ANDIS tuvieron intervención directa en el Programa Incluir Salud, en las contrataciones PACBI del organismo y en la administración de los recursos de la agencia para obtener beneficios económicos.
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