La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a una queja interpuesta por la fiscalía y habilitó el análisis de la competencia en la causa que investiga a por presunto lavado de dinero y evasión fiscal a Sur Finanzas PSP S.A, una financiera perteneciente al empresario Ariel Vallejo, con fuerte inserción en el negocio del fútbol y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, declaró este lunes erróneamente denegado el recurso de casación y ordenó que la cuestión sea resuelta por esa instancia. La decisión, en efecto, forma parte del último capítulo de un conflicto de competencia que desde fines de 2025 enfrenta a varios juzgados federales en torno a una causa políticamente sensible, y que hasta ahora había impedido que la investigación avanzara de manera unificada.
Sur Finanzas acumula investigaciones en distintos fueros y jurisdicciones. En Lomas de Zamora, el juez Luis Armella instruyó una causa por evasión y lavado en la que ordenó catorce allanamientos en oficinas, domicilios, depósitos y un parador en Pinamar, con intervención de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina. Los operativos permitieron incautar dispositivos electrónicos, documentación contable y dinero en efectivo.
El análisis de los teléfonos y computadoras reveló mensajes con instrucciones para ocultar pruebas, retirar equipos y borrar registros informáticos. A raíz de eso, la fiscal Cecilia Incardona imputó por encubrimiento y destrucción de pruebas a cuatro empleados de la firma: Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga. Para avanzar en la investigación, Armella les ofreció acogerse a la ley del arrepentido a cambio de información relevante sobre el funcionamiento del esquema.
En paralelo, una segunda causa -iniciada por una denuncia de ARCA- quedó radicada por sorteo en el juzgado del juez Federico Villena. Esa investigación detectó una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos estimada en $3.327 millones y un volumen total de operaciones sospechadas de $818.000 millones. La acusación sostiene que Sur Finanzas habría permitido operar a sujetos sin capacidad económica real -monotributistas de bajo perfil, no inscriptos y contribuyentes apócrifos- para ingresar al sistema financiero fondos de origen presuntamente ilícito, eludiendo los controles del sistema bancario.
La investigación apunta además a un entramado societario complejo que excede a la firma en cuestión. Entre los investigados figuran Silvia Torrado y Graciela Vallejo -madre de Ariel Vallejo-, con participaciones en firmas como Centro de Inversiones Concordia SRL. La causa también incluye referencias a estructuras asociativas del ámbito futbolístico, entre ellas la propia AFA, lo que le otorga una dimensión que trasciende el universo estrictamente financiero.
Con dos jueces investigando a la misma empresa desde ángulos distintos, Incardona intentó acumular ambas causas argumentando conexidad objetiva y subjetiva: hechos similares e imputados en común que justificarían una investigación unificada. Villena rechazó el pedido en diciembre de 2025, sosteniendo que las hipótesis delictivas y los imputados de cada expediente eran distintos. En enero de 2026, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó esa decisión y descartó la conexidad de causas.
La fiscalía no se resignó. Primero interpuso un recurso de casación, que también fue rechazado. Ante esa segunda negativa, presentó una queja directamente ante la Sala IV de Casación. El tribunal consideró este lunes que los agravios de la fiscalía lucen “razonablemente fundados” y que el Ministerio Público Fiscal -titular de la acción pública- reclama una hipótesis de investigación conjunta con sustento en el artículo 120 de la Constitución Nacional, que consagra su autonomía funcional.
Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, los camaristas habilitaron la instancia y ordenaron el sorteo del legajo para su tratamiento definitivo.