Mientras los 19 acusados de la causa ANDIS desfilan ante la Cámara Federal porteña para explicar por qué deberían anularse los procesamientos que dictó en febrero el juez Sebastián Casanello, uno de los exfuncionarios involucrados decidió ir personalmente al segundo piso de Comodoro Py para defenderse. Se trata de Diego D’Giano, exdirector de Prestaciones Médicas de la Agencia, con amplio recorrido en la administración pública.
D’Giano asistió el jueves junto a su abogado a la audiencia en la que los jueces de la Sala II escucharon los argumentos de tres defensas que apelaron los procesamientos. De traje y corbata, con un semblante serio, solo se escuchó su voz cuando saludó a los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.
No es habitual que un acusado participe personalmente en una audiencia así. Se entiende como un gesto de predisposición para con la Justicia, de “dar la cara porque no hay nada que ocultar” y “demostrar el compromiso con la búsqueda de la verdad”, según interpretan quienes recorren los pasillos de tribunales.
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D’Giano entró a la Agencia Nacional de Discapacidad en agosto de 2024, de la mano del número dos del organismo, Daniel María Garbellini, con quien tenía un vínculo previo. La dirección que tenía a cargo se encargaba de la auditoría médica de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI), mediante los cuales se pergeñaban los presuntos desvíos de fondos públicos.
Antes de su paso por ANDIS, este exfuncionario y médico también había ocupado cargos en los Ministerios de Salud de la Nación y la provincia de Buenos Aires. Además, trabajó en PAMI, en la Cámara de Senadores y en la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas, donde compartió con Garbellini y con Diego Spagnuolo, otrora máxima autoridad de Discapacidad.
Cuando un paciente necesita un medicamento o una prótesis y lo tramita a través de ANDIS, la solicitud es enviada desde su respectiva Unidad de Gestión Provincial hacia la Dirección de Prestaciones Médicas, que audita cada caso individualmente.
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Los pedidos aprobados por los auditores médicos son luego dirigidos al “área de compras”, que estaba a cargo de Roger Grant, otro de los acusados.
La defensa de D’Giano, a cargo del abogado Juan José Sforza, explicó ante la Cámara Federal que el exfuncionario, en sus tareas, “no tuvo nada que ver con las compulsas, las licitaciones, los precios ni las empresas que participaban”. Según su versión, el trabajo del sector de Prestaciones Médicas era una mera auditoría para corroborar clínicamente lo que necesitaba cada paciente.
El letrado también subrayó que los tickets que salían de la dirección que encabezaba D’Giano “no se pasaban por abajo, por izquierda o encriptados; los casos especiales -donde están las sospechas de direccionamiento- se tramitaban por las mismas vías que los comunes”.
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La investigación que lleva adelante el fiscal federal Franco Picardi lo ubica en un rol que excede lo dispuesto oficialmente. Según la acusación, D’Giano transmitía, de manera informal, información reservada al grupo “para-estatal” que habría montado una asociación ilícita destinada a quedarse con el dinero de los discapacitados.
Parte de las pruebas que más lo complican están en el celular de Miguel Ángel Calvete, uno de los líderes de la supuesta banda, con quien el médico y exfuncionario tenía conversaciones y se habría reunido regularmente. Hay chats entre ellos y, de acuerdo a la acusación, también se habrían comunicado indirectamente a través de Patricia Canavesio, otra involucrada en la causa.
La defensa de D’Giano no explicó en la Cámara por qué hablaba con Calvete.
Al ser procesado, D’Giano fue señalado por la Justicia como el funcionario que “tomaba el primer contacto con los tickets recibidos a través del SIIPFIS y disponía su aprobación, lo que le permitía contar anticipadamente con la información sobre el medicamento o insumo demandado y, de esa manera, comenzar a articular el direccionamiento en el respectivo proceso de compra”.
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Para la defensa, hasta el momento la investigación “no ha podido acreditar ninguno de los extremos que se están alegando”, por lo que solicitó que se revoque el procesamiento.
La Sala II de la Cámara Federal continuará recibiendo hasta mediados de abril a las defensas de la causa ANDIS que quieran exponer oralmente sus argumentos. Luego pasarán a deliberar con otro incidente sobre la mesa: la polémica respecto del peritaje de los audios de Spagnuolo, con el que algunos acusados pretenden buscar la nulidad de todo el expediente.