El presidente de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, confirmó la realización de la audiencia programada para el 6 de marzo de 2026, en la que se revisarán los recursos presentados contra la ejecución del decomiso ordenado en la causa Vialidad, pese al pedido de suspensión presentado por la defensa de Lázaro Báez.
El monto total del decomiso, fijado en $684.990.350.139,86, constituye el núcleo patrimonial de la condena y será el eje de la deliberación. La decisión judicial, adoptada este martes, ratifica el avance procesal a pesar de las objeciones de los acusados, una definición clave en una de las causas de corrupción más relevantes del escenario judicial argentino.
La defensa de Báez había solicitado postergar la audiencia argumentando que aún no recibió respuesta de los Tribunales Orales Federales N° 2 y N° 4, sobre la certificación y descripción detallada de los bienes alcanzados por el decomiso y otras medidas cautelares asociadas. En particular, requería información oficial sobre la individualización de cada bien involucrado, el alcance, la naturaleza y vigencia de las medidas patrimoniales vinculadas tanto a Báez como a personas jurídicas relacionadas.
Sostuvo que sin esos elementos, se le impedía ejercer “de manera plena y eficaz el derecho de defensa”. La audiencia oral convocada para el 6 de marzo a las 11 horas abordará precisamente los aspectos del decomiso regulado por el artículo 23 del Código Penal.
En el incidente de ejecución de sentencia, participan también representantes legales de Cristina Fernández de Kirchner, Nelson Periotti, Raúl Pavesi, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, quienes también interpusieron recursos contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 que dispuso la tasación y eventual liquidación de bienes registrables pertenecientes a los condenados, por considerarlos producto o provecho del delito.
Casación sostiene la instancia de revisión y debate oral
En su resolución Hornos fundamentó que la instancia jurisdiccional prevista es la adecuada para debatir el contenido, alcance y ejecución del decomiso bajo revisión, por lo que resultaba innecesario postergar el acto procesal. La sala estará integrada por los jueces Mariano H. Borinsky y Diego G. Barroetaveña, junto a Hornos en la presidencia, en el marco de una audiencia oral y pública donde se analizarán los argumentos de todas las defensas respecto a la aplicación de la sanción patrimonial.
El decomiso millonario abarca bienes registrables de los condenados, una decisión considerada crucial para satisfacer la pena pecuniaria derivada de la causa Vialidad. La resolución del tribunal de origen estimó que estos activos constituyen producto o provecho de las maniobras juzgadas, estableciendo su realización para cubrir el importe total fijado.
Una audiencia clave
La audiencia del 6 de marzo se mantiene como instancia clave para definir la suerte procesal y patrimonial de los bienes incautados en una causa que involucra a principales figuras y empresarios vinculados a la obra pública en Argentina.
La condena contra la ex presidenta y los demás imputados en la causa Vialidad quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios y confirmó la sentencia emitida por el TOF 2 y ratificada por la Casación Federal. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Actualmente cumple su pena en prisión domiciliaria, en un departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.
En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez; el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López; el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Guillermo Periotti; los ex funcionarios de Vialidad Provincial de Santa Cruz Raúl Gilberto Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos hallados responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de la adjudicación de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
Tras la audiencia, los jueces deberán analizar los cuestionamientos planteados por las defensas en torno al alcance y la ejecución patrimonial del decomiso dispuesto en esta causa.