Luego de su regreso a la Argentina, el gendarme Nahuel Gallo fue propuesto como testigo en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.
La querella que representa a las víctimas de la dictadura chavista, integrada por la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo (FADER) y el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), lo solicitó formalmente en las últimas horas al juez Sebastián Ramos, quien tiene a cargo el expediente.
A principios de febrero, este magistrado había pedido la extradición de Maduro, detenido en los Estados Unidos, para que sea indagado en suelo argentino. En la causa también figuran entre los acusados Diosdado Cabello y otros dirigentes del régimen venezolano.
El testimonio de Nahuel Gallo
El escrito presentado por la querella, firmado por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, citó un comunicado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que “consideró la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo como ‘un crimen de lesa humanidad’”.
El caso, según entiende la querella, encuadra precisamente con el objeto de la causa que tiene a cargo el juez Ramos e instruye el fiscal Carlos Stornelli.
Nahuel Gallo estuvo detenido 448 días en la cárcel El Rodeo 1 y en el Helicoide. Regresó al país en la madrugada del lunes. Nada se sabe aún de los vejámenes que padeció durante ese período, ya que estuvo incomunicado en todo momento.
Cuando lo capturaron en Venezuela, “tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello lo acusaron públicamente de espionaje y dispusieron su traslado a los centros clandestinos de detención”, recordó la querella para fundamentar su pedido.
En las cárceles venezolanas, “las personas privadas de su libertad son sometidas a torturas, amenazas y traslados recurrentes para quebrar su voluntad, sin proceso formal ni asistencia legal propia ni consular”, continuó el documento.
A menos de un mes de su detención, el gendarme fue procesado por una presunta “actividad terrorista” contra el régimen, hipótesis que fue difundida públicamente por el ex fiscal general Tarek William Saab.
Incluso, el dictador Nicolás Maduro lo acusó personalmente: “El gendarme planeaba asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez”, dijo, y afirmó que “el gobierno argentino está involucrado en los planes violentos de atentar contra la paz de Venezuela”.
Antes de tomar una decisión, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 puede pedir la opinión de Stornelli. El fiscal ya se había pronunciado favorablemente sobre la extradición de Maduro a Buenos Aires.
La causa
Maduro, Diosdado Cabello -ex vicepresidente, actual ministro- y otros 14 militares y policías venezolanos están sometidos a proceso en la Argentina bajo el principio de Jurisdicción Universal, derivado del artículo 118 de la Constitución Nacional, el cual permite juzgar crímenes de esta índole independientemente del lugar donde se cometieron.
En el caso de Venezuela, la Justicia argentina determinó que existen indicios de que el Poder Judicial de ese país actúa bajo las órdenes del Ejecutivo, lo que asegura la impunidad del régimen.
La Cámara Federal porteña validó el curso de la causa: “Los hechos denunciados revisten características de extrema gravedad que generarían lesiones a derechos humanos fundamentales y, por tanto, habilitarían su protección universal sin dilación”, ratificaron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en un fallo firmado en enero.
En el expediente se busca establecer las responsabilidades por los ataques sistemáticos y generalizados contra la población venezolana desde 2014, luego de que Maduro asumiera el poder.
Sobre los imputados pesan pedidos de captura internacional que fueron tramitados a través de la Interpol.