Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará el caso de la mansión de Pilar

Pasó por la fiscalía de Nisman y reemplazó al polémico Faggionato Márquez. Sus vínculos con la política del conurbano y los operativos antinarco que marcaron su ascenso

Adrián González Charvay, juez federal de Campana (Nicolás Stulberg)

La reciente decisión de la Cámara Federal de San Martín de entregarle la causa por la mansión de Pilar a Adrián González Charvay puso nuevamente bajo los reflectores la figura del juez federal de Campana. El magistrado, que quedó en soledad al reclamar el expediente, logró imponer su criterio territorial frente a la postura de sus colegas del fuero penal económico y del propio fiscal de su jurisdicción, quienes sostenían que el caso no debía tramitarse allí.

Algunos actores judiciales creyeron ver en esa obstinación un intento forzado por quedarse con la investigación y sembraron suspicacias sobre sus motivaciones. Sin embargo, quienes respaldan su accionar aseguran que su lógica es irrefutable. Para Charvay, el origen de la pesquisa debe radicar en el lugar físico de los hechos, en contraposición a la tesis del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, quien priorizaba la investigación sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por encima de la ubicación del inmueble.

Esta disputa de competencia no es nueva en su historial. Desde que asumió la titularidad del Juzgado Federal de Campana en 2015 —tras subrogar el cargo desde 2009 luego de la destitución de Federico Faggionato Márquez—, Charvay ha cimentado una fama de investigador arrojado. Su perfil combina el avance sobre causas de alto impacto político con exitosos operativos contra el narcotráfico, aunque esa imagen a menudo se mezcla con sus lazos y contactos en la zona norte del conurbano, especialmente en Escobar, Campana y Pilar.

Read more!
Gaston Taylor

Un historial de alto voltaje político

Desde el comienzo de su gestión, el magistrado acumuló resoluciones incómodas para la política. Sus detractores señalan sus vínculos, pero sus fallos muestran golpes en distintas direcciones. En noviembre del año pasado procesó por lavado de activos a Jorge D’Onofrio, ex ministro de Transporte bonaerense, trabando un embargo de 350 millones de pesos. Aquella decisión rompió con las versiones que lo vinculaban al área de influencia del massismo.

Previamente, en mayo de 2022, había elevado a juicio oral al ex intendente de Pilar del PRO, Nicolás Ducoté, por irregularidades en la obra pública, una decisión que puso en pausa la carrera del dirigente macrista. Fue sucedido por Federico Achával, quien también obtuvo resoluciones favorables en el juzgado de Campana, como el aval para cobrar tasas municipales en las boletas de servicios públicos, desafiando la normativa del gobierno de Javier Milei.

Jorge D'Onofrio es investigado por González Charvay en la causa por el fraude millonario con la VTV (Instagram)

Su trayectoria evidencia que no hace distinciones partidarias y avanza en expedientes complejos sin dudar. Su jurisdicción, atravesada por conexiones fluviales estratégicas, es un punto sensible para el crimen organizado. Charvay acostumbra liderar personalmente las investigaciones de narcotráfico, sin delegarlas a la fiscalía. En su haber figuran el operativo “Bobinas Blancas” de 2017 y recientes incautaciones de cocaína en cargamentos de exportación desde Zárate.

De Marquevich a Nisman

La carrera de González Charvay se forjó al calor de nombres pesados de la justicia federal. Comenzó en 1991 en el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro bajo la tutela de Roberto Marquevich, el polémico juez que ordenó la detención de Ernestina Herrera de Noble en 2002. Allí escaló posiciones hasta convertirse en secretario penal, trabajando codo a codo con Sandra Arroyo Salgado.

Cuando Arroyo Salgado llegó al juzgado, Charvay migró hacia la Unidad Fiscal AMIA. Allí trabajó durante tres años bajo las órdenes de Alberto Nisman, esposo de la jueza por aquel entonces, investigando el atentado a la mutual judía. Ese paso por la instrucción penal compleja terminó de moldear su perfil técnico antes de recalar en la Defensoría General de la Nación en 2009.

González Charvay trabajó junto a Sandra Arroyo Salgado en la Justicia de San Isidro (NA)

Ese mismo año, la caída de Faggionato Márquez por la causa de la efedrina le abrió la puerta de Campana. Como subrogante primero y titular después, tuvo en sus manos el caso del crimen de Matías Berardi y el procesamiento del represor Luis Patti. Ahora, con el expediente de la mansión de Pilar en su escritorio, el juez que se formó entre los pliegues más ásperos de la justicia federal enfrenta un nuevo desafío bajo la atenta mirada de Comodoro Py.

Read more!

Más Noticias

La Justicia le negó la domiciliaria a un acusado por narcotráfico en la causa de la banda de “Yiyo” Ramallo

El Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó el pedido de morigeración del encierro de un imputado por venta de drogas y destacó la gravedad de los cargos y la proximidad del juicio oral

Giro en la causa por la quinta vinculada a la AFA: ordenaron que cambie el juez a pedido de supuestos testaferros

La Cámara Federal de San Martín resolvió que la investigación por la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares quede a cargo del juez de Campana Adrián González Charvay

Un juez de Campana le dio dos semanas al Gobierno para que implemente plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Juzgado Federal de esa localidad, donde tramita un proceso colectivo, dispuso que la legislación debe cumplirse a partir del 4 de febrero. El Ejecutivo busca dar vuelta el fallo con una apelación en la Cámara Federal de San Martín

Causa AFA: un broker confirmó que las pólizas de los autos hallados en la mansión de Pilar se pagaban en efectivo

La Justicia sumó un nuevo elemento a la investigación sobre la ruta del dinero relacionado con los bienes de presuntos testaferros vinculados a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino

Grabó un hurto en su comercio, lo difundió por redes sociales y fue demandado: la Justicia falló a su favor

La publicación de imágenes de una presunta autora del hecho derivó en una reclamo por difamación. La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia y delimitó cuándo la exposición digital de un hecho delictivo constituye un ejercicio legítimo y cuándo vulnera el derecho al honor