El Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, dispuso este martes el cese inmediato de la intervención de OSPRERA, la obra social de los trabajadores rurales, y ordenó restituir en sus cargos a José Voytenco y al resto del directorio que había sido desplazado a fines del año pasado.
La resolución marca un punto de inflexión en la batalla judicial por el control de la caja de los peones rurales. Además de devolverle la lapicera a las autoridades electas del sindicato (UATRE), el magistrado ordenó el levantamiento de la inmovilización de las cuentas bancarias y cajas de seguridad que pesaba sobre el secretario general del gremio.
El fallo es contundente respecto a la debilidad de las pruebas que sostenían la intervención. Casanello remarcó que, a pesar del tiempo transcurrido, el avance en la hipótesis de lavado de activos es “prácticamente nulo”. Para llegar a esta conclusión, el magistrado se apoyó en el dictamen determinante del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien consideró que las medidas cautelares vigentes eran “ilegales” y requerían su cese inmediato.
“Medidas ilegales”
El juez fue crítico con el estado del expediente que tramitaba originalmente en Lomas de Zamora —a cargo del juez Federico Villena— antes de pasar a Comodoro Py. “Pese al interés de los querellantes, esto disminuye la carga de verosimilitud que exige mantener una medida cautelar con implicancias en una asociación sindical”, sostuvo Casanello.
En esa línea, el fallo destaca la posición de la fiscalía a cargo de Marijuan, quien fue tajante al afirmar que “nunca habían existido motivos” para dictar la intervención. El fiscal reiteró que se trataba de un “claro caso donde se dio curso a una investigación penal sin impulso de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal”. Incluso, la propia defensa de Voytenco recordó en el expediente que Marijuan ya había planteado la nulidad de toda la causa por estas irregularidades.
Ante este escenario de orfandad probatoria y falta de acusación fiscal, y “siguiendo los lineamientos trazados por la Cámara de Apelaciones”, el magistrado concluyó que ya no existen motivos para mantener el desplazamiento de las autoridades naturales de la obra social.
“Pese al interés de los querellantes, esto disminuye la carga de verosimilitud que exige mantener una medida cautelar con implicancias en una asociación sindical”, sostuvo Casanello. En esa línea, la defensa de Voytenco había argumentado que ni siquiera existía una imputación formal contra el sindicalista y que sus movimientos bancarios estaban auditados.
Ante este escenario, y “siguiendo los lineamientos trazados por la Cámara de Apelaciones”, el magistrado concluyó que ya no existen motivos para mantener el desplazamiento de las autoridades naturales de la obra social.
Los informes de gestión y la “normalización”
Uno de los pilares del fallo fue la evolución de la entidad reportada por la propia Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Si bien el organismo había solicitado mantener la tutela, el juez valoró especialmente los informes técnicos presentados en la causa, los cuales dieron cuenta de que la situación crítica inicial que motivó la intervención tiempo atrás hoy se encuentra “sustancialmente superada”.
El relevamiento de gestión del período noviembre 2024-diciembre 2025 detalló avances como la reducción del déficit mensual de $3.500 millones a $1.800 millones y la renegociación de deudas. Para Casanello, estos resultados exhibidos por la Superintendencia demostraron que la urgencia extrema había desaparecido, debilitando así el argumento del “peligro en la demora” necesario para sostener una medida cautelar de esta magnitud.
Un veedor por 90 días
Si bien Voytenco recupera el control político y administrativo, no tendrá cheque en blanco. “Por la naturaleza del hecho denunciado”, Casanello dispuso una medida intermedia: la designación de un veedor judicial por el plazo de 90 días.
Este funcionario, que deberá ser designado por la propia Superintendencia de Servicios de Salud, tendrá la misión específica de:
- Controlar el flujo de dinero de la obra social.
- Vigilar el patrimonio y comprobar entradas y gastos.
- Informar mensualmente a la Justicia si verifica “extracciones de dinero” por parte del directorio o cualquier irregularidad administrativa.
Cómo sigue la transición
El fallo intima al actual interventor, Marcelo Petroni, a cesar en sus funciones y presentar un “informe final de estado de situación” en un plazo perentorio de 72 horas.
La defensa del gremio había denunciado previamente en el expediente que la gestión de Petroni, lejos de solucionar los problemas, había “duplicado la estructura administrativa” y reducido el gasto en salud, reemplazando centros de prestaciones por sistemas de “telemedicina”, lo que generaba perjuicios directos a los afiliados.
Con esta decisión, la Justicia Federal pone freno a una serie de intervenciones cruzadas —que incluyeron juzgados de La Pampa y el de Villena en Lomas de Zamora— y devuelve la gestión de OSPRERA al sindicato, aunque bajo la lupa de Comodoro Py por los próximos tres meses.