La sala de feria de la Cámara en lo Penal Económico rechazó hoy una queja de los supuestos testaferros de autoridades de la AFA, investigados por el origen de los fondos para comprar una casaquinta en Pilar y otros bienes y la causa podrá continuar con medidas de prueba durante el receso judicial de enero.
El Tribunal de Apelaciones denegó la queja de Luciano Pantano y su madre Ana Conte contra la decisión del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, quien habilitó la feria judicial de enero para continuar tramitando la investigación.
Las cuentas de la luz
En coincidencia con esta decisión, el juzgado en lo penal económico 10 donde tramita la causa recibió hoy un informe de la empresa Edenor de donde surge que con la tarjeta de crédito corporativa de AFA a nombre de Pantano " se abonaron servicios de suministro eléctrico a numerosos domicilios que serían ajenos al quehacer propio de la institución deportiva", explicaron fuentes judiciales.
Esto se suma a un informe previo que dio cuenta que ese mismo plástico se usó para el pago de los peajes de algunos de los 54 vehículos de alta gama secuestrados en la casaquinta de Villa Rosa.
Ante este nuevo dato, Aguinsky requirió a la empresa American Express que “de manera inmediata proceda a la suspensión preventiva de todos los débitos de la Tarjeta Corporativa” emitida a favor de Pantano.
La decisión se tomó para poner freno al perjuicio que se investiga y evitar “pérdidas económicas irreversibles”, se explicó.
La feria habilitada
A la hora de dejar firme la habilitación de la feria judicial, la Cámara concluyó que “no se advierte que en el caso concreto, la decisión cause a la defensa un gravamen irreparable”, señalaron los jueces Carolina Robiglio y Leopoldo Bruglia, en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
Para los magistrados no se ha expresado “algún agravio por el que explique en qué aspecto se dificulta el ejercicio del derecho de defensa o el control de la producción de las pruebas, por la habilitación de la feria del corriente mes de enero”.
Aguinsky habilitó la feria ante la urgencia de medidas de prueba en la investigación que rastrea el origen del dinero con que se compró la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares a nombre de la sociedad Real Central SRL, del monotributista Pantano y su madre jubilada.
También se busca determinar quién pagó por un lote de 54 autos de lujo y colección valuados en casi 4 millones de dólares que se guardaban en un galpón de la quinta de Villa Rosa, que tiene helipuerto y caballerizas. Además hay otras propiedades bajo la mira judicial.
La defensa de ambos apeló, el juez rechazó este recurso y ante ello fue en queja ante la Cámara. El Tribunal denegó el recurso y la habilitación de la feria de enero para seguir con el caso quedó ahora firme.
Los camaristas remarcaron que las disposiciones sobre los asuntos por los cuales debe habilitarse la feria judicial “no contienen enumeraciones taxativas y no pueden interpretarse como una limitación” a la actividad judicial cuando hay en juego investigaciones penales.
También advirtieron que pese a que todavía hay sin resolver un conflicto sobre dónde seguirá la causa, si en Campana o CABA, esta situación “no debe afectar” el avance de la pesquisa.
Las sospechas
En la causa se sospecha que Pantano y Conte podrían haber actuado como testaferros de autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, que preside Claudio Chiqui Tapia.
La investigación apunta a presunta administración fraudulenta en perjuicio de la AFA por parte de algunos de sus dirigentes como delito que precedió al posterior lavado de dinero que se presume se cometió con la adquisición de propiedades y otros bienes a nombre de testaferros.
En la causa el juez ya encontró prueba vinculada al pago de peajes para los vehículos hallados en la casaquinta. Todo se abonó con una tarjeta American Express de Luciano Pantano, cuyo resumen de cuenta llega a la AFA. Para el magistrado el plástico pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino, en Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tuvo un consumo promedio de 50 millones de pesos por mes entre enero y diciembre de 2025.
“Esos gastos deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa, Pilar y para que, en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos en forma inmediata”, ejemplificó en una anterior resolución al referirse a la urgencia de las medidas de prueba.
Pantano y Conte habían sido citados en diciembre para ponerlos al tanto de la imputación y darles la oportunidad de efectuar un descargo, pero su defensa presentó un planteo de inhibitoria para que la investigación salga de la órbita de Aguinsky y pase al juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. Así logró suspender la convocatoria de los acusados.
El argumento es que todas las propiedades están en Pilar y que la denuncia inicial de la Coalición Cívica debió haberse presentado allí y no en los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro.
Aguinsky rechazó dejar el caso, puso énfasis en la prueba reunida que apunta a la AFA como presunta damnificada por las maniobras a través de algunos de sus dirigentes y destacó que la Asociación tiene sede en la ciudad de Buenos Aires. Este conflicto debe ser resuelto por la Cámara Federal de San Martín.