El Tribunal Oral Federal N°7 llevó a cabo este jueves la segunda audiencia del juicio de los cuadernos de las coimas. Se esperaba otra lectura de imputación sin sobresaltos para los 87 imputados, con el tedio propio del segundo día del resto de sus vidas. Sin embargo, la monacal grilla de Zoom se vio sacudida por una serie de controversias. Algunas eran previsibles, otras, no tanto.
Cristina Fernández de Kirchner -supuesta jefa de la asociación ilícita dedicada a recaudar el dinero de los sobornos de empresarios, acusada de 204 casos de cohecho pasivo- tuiteó su cadena nacional digital antes de sentarse frente a su webcam en su departamento de la calle San José en Constitución para mostrar su hombro derecho.
La semana pasada, CFK había dicho que el juicio era “un show judicial”. Ayer, aseveró que a los empresarios arrepentidos “habría que llamarlos extorsionados”. “Y la verdad... nos quedamos cortos. Porque ahora vemos que algunos de estos extorsionados”, entre ellos, algunos de los hombres más ricos de la Argentina, “directamente fueron torturados”. “Esto ya no es lawfare: es persecución política”, continuó.
Media hora antes de la salida de ese post, su ex superministro Julio De Vido -acusado de ser el principal organizador de la asociación ilícita, 187 supuestos hechos de coimas- se entregaba en Comodoro Py para ser detenido por orden del Tribunal Federal N°4, que lo condenó a cuatro años de prisión por la tragedia de Once.
La presencia de De Vido en el Zoom de los cuadernos era una incógnita. Sin embargo, el propio Tribunal N°4 realizó los arreglos necesarios para que presencie la audiencia en una computadora en el edificio de Comodoro Py. Así, el ex superministro, el hombre que supo ser una de las figuras políticas más poderosas de la Argentina del siglo XXI, se sentó y miró, acompañado de su histórico defensor, Maximiliano Rusconi.
Era una de tantas para De Vido; el propio Tribunal N°7 lo había condenado hace menos de un mes y medio a cuatro años de cárcel por administración fraudulenta en la causa Gas Licuado. El 23 de septiembre, una semana antes, el fiscal Abel Córdoba había pedido que sea condenado a otros cinco años de prisión en el juicio del caso Skanska. Estuvo preso en 2017 en el penal de Marcos Paz por la causa Río Turbio. Luego, recibió la prisión domiciliaria. Y así, con toda esta lista a sus espaldas, De Vido se sentó y miró, parte central del mosaico, acaso un poco fastidiado, en vivo por YouTube.
“Lo llevé al Lic.”
Así, continuó la audiencia. Hubo un poco de relajación. Algunos imputados tomaron mate, rieron con sus defensores, atendieron llamados en su celular. Otros comieron en cámara o dejaron su botella de gaseosa en primer plano, tal vez por error. Algunos imputados se veían tensos. Rafael Llorens, por ejemplo, que miró siempre fijo a cámara, con el mentón en la palma de su mano izquierda. Al ex subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministro de Planificación Federal lo acusan de ser un miembro de la asociación ilícita, con una coima a su nombre.
Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte del Ministerio de Planificación, acusado de lo mismo que Llorens, fijó los ojos a la webcam, más atento que nadie. Fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por la tragedia de Once. Recibió la libertad condicional en 2021, al cumplir los dos tercios
Se leyeron las imputaciones a, por ejemplo, Ángelo Calcaterra, con coimas aportadas por la firma IECSA de hasta un millón y medio de dólares. Se leyeron, también, los primeros extractos de los diarios de Centeno, que estaba presente en la audiencia, fuera de la grilla de Zoom visible al público, en YouTube, representado por un defensor oficial.
“Lo llevé al Lic.”, o el licenciado Roberto Baratta, repetía una y otra vez el secretario a cargo de la alocución. “Un bolso con dinero”, “una caja de vinos espumantes”, siguió el texto de Centeno, “se bajaron con el dinero”, montos siempre en dólares, en los viajes en su Toyota Corolla en donde transportaban, como mínimo, un cuatro ambientes a estrenar en Colegiales, si uno le cree a Centeno.
Se leyó, también, la declaración de Nelson Lazarte, secretario de Baratta, oriundo de Villa La Rana que aseguró que entró pobre al Ministerio de Planificación y salió pobre, que no se enriqueció, que nunca le dio de comer a sus hijos “pan sucio”, y que su jefe y el remisero Centeno -“un hombre conflictivo”, tal como lo definió Lazarte.
Sin embargo, la real sorpresa vino del Tribunal mismo, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero. Durante las últimas semanas, varios comentarios en medios de prensa alimentados por el off de Tribunales apuntaron a la dinámica del proceso, con una audiencia semanal. Así, podría durar años. La Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, citó para el martes próximo a los jueces del Tribunal con el objetivo de analizar alternativas que permitan acelerar el proceso.
La respuesta del Tribunal ante estas versiones, y a días de la citación de sus jefes, fue notable. Lejos de ser un abroquelamiento o una autodefensa corporativa, se trató de una pequeña lección de economía de justicia.
“Por seis años y fundado en la necesidad de realizar un proceso acorde a la Constitución Nacional, este Tribunal ha realizado múltiples reclamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal, requiriendo recursos humanos, espacio físico que incluya la adaptación de puestos de trabajo, gestión de expedientes sorteados o por sortearse, que fueron satisfechos sólo parcialmente por el Alto Tribunal en 2022 y 2024, a través de la autorización de contratación de personal, pero que resulta insuficiente en función de lo solicitado”, aseguró el juez Méndez Signori. Es decir, les piden, pero no les dan.
Se habló en versiones de prensa, incluso, de emplear la Sala AMIA en los tribunales de Comodoro Py, que “hasta el jueves pasado”, el comienzo del juicio, no estaba lista. Las oficinas del Tribunal N°7, para empezar, no se encuentran La Sala AMIA podría albergar a 200 personas; ese número no abarca, ni siquiera, a la totalidad de los imputados con sus defensas.
El mundo tampoco termina en los cuadernos de las coimas. Méndez Signori marcó que el tribunal tiene otros juicios en curso, causas en las que debe presentar fundamentos de sus fallos. Recordó, también, que se rechazaron “los pedidos para que se reasignen las causas ordinarias radicadas en el tribunal y para que se suspenda el sorteo de asignación de causas”. En los últimos tres meses, el Tribunal recibió 29 expedientes más para llevar a juicio.
En todo caso, Méndez Signori propuso que, por el momento, se realicen indagatorias presenciales a los imputados, solo con la participación de los acusados y sus defensas. El resto, lo podrá mirar por YouTube.
El juez Germán Castelli realizó su propio aporte, con palabras al menos atinadas. Aseguró que esta nueva coyuntura, que ocurre “sin apoyo en algún fundamento novedoso mayor que el reclamo de un sector de la opinión pública que no tiene las delicadas responsabilidades constitucionales conferidas a este órgano jurisdiccional, aparecería como caprichoso y en desmedro del principio de independencia en la magistratura y en perjuicio de la seguridad jurídica; máxime cuando el compromiso de este Tribunal es el de realizar un juicio justo a todas las personas que toque juzgar, sean ricas, pobres, débiles o poderosas”.
Los abogados del proceso, interesados en participar de la reunión del martes próximo, levantaron la voz. Laura Fechino, conocedora de los pasillos de Comodoro Py, fue una de ellas: “Mi defendido no puede dejar dos días de trabajar, no puede vivir sin su ingreso diario. Yo tampoco. Ni siquiera la sala AMIA está preparada, no hay capacidad de estacionamientos de 300 autos, no hay baños. Lo dejo expresado para el hipotético caso de que la Cámara Federal decida sin nuestra presencia”, aseveró.