Destrozos en el Congreso: Villarruel pidió ser querellante, denunció un “ataque contra la democracia” y apuntó a la oposición

La vicepresidenta Victoria Villarruel, en su carácter de presidenta del Senado, denunció ante la jueza María Servini como “un ataque contra el ejercicio democrático” lo ocurrido en las afueras del Congreso durante el tratamiento del proyecto de Ley Bases, y apuntó a una supuesta “coordinación” entre los desmanes y los intentos de la oposición para suspender el debate. Por eso pidió acusar a los responsables e investigar a qué organizaciones políticas pertenecen.

“Los hechos acontecidos el día 12 de junio de 2024 han significado un exceso más allá de los límites del derecho a la protesta y constituiría, directamente, un atentado contra la democracia. Por lo expuesto, es imperioso acceder a un proceso que permita la averiguación de la verdad que identifique hechos y motivaciones detrás de los actos de vandalismo, que atentaron con el ejercicio democrático de gobierno y se individualice a cada uno de los responsables de lo acontecido”, afirmó.

Y reclamó “la individualización de las personas humanas involucradas a efectos de merituar la participación y responsabilidad, penal y civil, en los hechos denunciados y si las mismas forman parte de agrupaciones sociales, municipales, gremiales, así como también políticas que pudieran relacionarse con los opositores a la ley finalmente tratada, cuyo objetivo a través de acciones violentas contra las cosas y las personas fue claramente impedir el desarrollo normal de la actividad legislativa”.

En un escrito que llegó al despacho de la jueza María Servini mientras terminaban de ser indagados los de 33 detenidos por lo ocurrido durante la jornada del miércoles cuando se debatía en la Cámara alta el proyecto de Ley Bases, que impulsaba el Gobierno, Villarruel, junto a la directora del área de jurídicos del Senado, se presentó como querellante “por resultar particular y directamente damnificado el Honorable Senado de la Nación”.

Se trata de la situación análoga a la que protagonizó Cristina Kirchner en la causa que investiga el ataque al Congreso cuando se analizaba en la Cámara de Diputados el acuerdo entre el Gobierno y el FMI en 2022. En aquel momento, la entonces vicepresidenta difundió un video en donde mostraba cómo pedradas habían roto su despacho, junto a otra parte de las instalaciones. En aquel momento, la jueza María Eugenia Capuchetti la había tenido a la ex mandataria como querellante, pero la Cámara Federal anuló esa decisión y fue el propio Senado, a través de sus asesores, el que impulsó el expediente como particular damnificado.

Aquí Villarruel repasó que el miércoles mientras se desarrollaba el debate en la Cámara Alta “en el pleno ejercicio democrático de la labor Legislativa, diversas personas presuntamente integrantes de agrupaciones sociales, sindicales y manifestantes en general, se convocaron en las inmediaciones de al Plaza de los Dos Congresos en rechazo de dicho proyecto” y “avanzado el debate parlamentario, en las primeras horas de la tarde, comenzaron sendos desmanes en las inmediaciones” del recinto. Para la vicepresidenta, los desmanes “no tendrían otro objetivo más que la interrupción del ejercicio democrático del Poder Legislativo”.

“Resulta llamativo, al sincronía de los hechos violentos acaecidos en el exterior del H. Senado de la Nación con los intentos de suspender la sesión en el recinto donde se trataba la ley, situación que puede acreditarse en la pág. 79 de la versión taquigráfica de la Sesión Pública Especial que se acompaña. Entre los hechos de suma gravedad acaecidos, podemos mencionar el gran número de personas que arrojaron elementos contundentes (piedras, baldosas, etc.) contra los edificios, contra el personal de las fuerzas de seguridad, arrojando elementos incendiarios y/o explosivos (presuntamente bombas molotov, lanza incendiaria), procedieron al incendio de al menos dos vehículos, uno de los cuales se encontraba estacionado en el frente del edificio Anexo Senador Alfredo Palacios, perteneciente a este Honorable Senado de la Nación”, afirmó.

Y subrayó: ”Sin lugar a dudas podrían considerarse como un ataque al libre ejercicio de las facultades constitucionales propias del Honorable Senado de la Nación que son parte esencial del desarrollo de la vida democrática y republicana”. La vicepresidenta prometió presentar en breve “los registros fílmicos de cada una de las cámaras ubicadas en la totalidad del perímetro del Honorable Senado de la Nación, así como también procederemos a acreditar los daños edilicios, a los bienes y/u objetos, la valuación económica de los mismos, así como también las tareas que deberán llevarse a cabo para la reparación de los mismos”.

La compañera de fórmula de Javier Milei habló de los delito de “daño agravado, estrago doloso, intimidación pública , incitación a la violencia colectiva, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”.

La vicepresidenta citó el antecedente de los disturbios ocurridos en el Congreso cuando ocurrió el tratamiento del acuerdo con el FMI en 2022, que está ante el Tribunal Oral Federal 2. En aquel momento los acusados pidieron la suspensión del juicio a prueba. Villarruel citó las palabras del fiscal Diego Luciani, “criterio que compartimos en lo absoluto”. Allí se sostuvo: ‘”es imprescindible la realización del debate oral y público, para determinar qué ha ocurrido y cuáles fueron los motivos detrás de los actos de vandalismo, que exceden el ámbito de la protesta y constituyen un atentado contra la democracia. Enfatiza en la importancia del juicio para la sociedad, la publicidad de su contenido, el debate de las circunstancias fácticas y jurídicas y la declaración de responsabilidad”.