Luego de dos años de audiencias y más de 200 testigos, el juicio oral contra los allegados al sindicalista Marcelo Balcedo, ex titular del SOEME, está a un paso del final. Esta semana, la Fiscalía terminó su alegato y pidió una pena de 9 años de prisión para la madre del sindicalista, Myriam Renée Chávez, y para su mano derecha, Mauricio Yebra. Balcedo todavía no pudo ser extraditado de Uruguay, donde sigue viviendo.
La causa es la misma que motivó la detención del sindicalista, en enero de 2018. Dos años después, el juez federal Ernesto Kreplak elevó la causa a juicio oral con todos los allegados a Balcedo. El juicio quedó a cargo del Tribunal Federal 1 de La Plata.
En ese expediente se probó que durante la gestión de Balcedo se desvió una suma de casi $600 millones que correspondían a los aportes de los afiliados, sólo entre 2012 y 2018. La cifra representa más del 75% de los ingresos recibidos por parte de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires (DGE). Gran parte de la fortuna terminó en la compra de autos, inmuebles y embarcaciones. Pero también se detectó que el dinero fue a las cuentas del diario Hoy y Radio Red 92, los medios de la familia Balcedo.
Ese monto ya quedó desactualizado. El fiscal Hernán Schapiro pidió que se actualice según la tasa activa del Banco Nación, por lo que treparía a $2.515.707.600. De esta manera, si hay condenas, todos los imputados deberán responder en forma solidaria para que ese dinero vuelve a los afiliados del SOEME. Además, el fiscal solicitó que se dicten medidas cautelares sobre numerosos bienes para garantizar la reparación.
La madre de Balcedo, Myriam Renée Chávez, fue acusada de facturarle al SOEME más de $4.500.000 por servicios personales simulados. Además, recibió del sindicato más de $ 43.000.000 por supuestos servicios de publicidad prestados o transferencias sin respaldo. La Fiscalía pidió que sea condenada a 9 años de cárcel.
La misma pena solicitó para Mauricio Yebra, ex mano derecha del gremialista. El juez Kreplak lo procesó en su momento porque extrajo más de $ 280.000.000, en efectivo, entre 2012 y 2015. Los movimientos nunca se justificaron y el dinero habría sido destinado a la compra de vehículos, embarcaciones e inmuebles.
Yebra al directorio del SOEME en 2012 y se convirtió en un testaferro de Balcedo y su mujer, Paola Fiege. Tenía un poder de administración y era una de las personas que cruzaba con frecuencia a Uruguay: hay un total de 18 vuelos privados hacia ese país, durante 2014, en los que se podría haber trasladado dinero en efectivo.
En la lista de procesados también aparece Sergio Omar Martínez, titular de la empresa El Chaqueñito SA, mediante la cual fueron comprados decenas de autos de lujo. Varios de ellos fueron hallados en “El Gran Chaparral” cuando Balcedo fue detenido.
El fiscal Schapiro también pidió condenar a Francisco Alberto De Marco (fue Secretario de Hacienda y Finanzas del SOEME desde el año 2015) a 8 años; a Hebert Raúl Da Cunha (integrante de la comisión revisora de cuentas) a 8 años; y a Julio César Pecollo (llevaba a cabo las tareas de contaduría y confección de balances del SOEME) a 6 años, entre otras personas.
El juicio seguirá la semana próxima con el alegato de la Unidad de Información Financiera (UIF). Todavía no hay fecha para la sentencia pero se descarta que será después de la feria de invierno por la cantidad de partes involucradas.
Balcedo sigue en Uruguay. Balcedo fue condenado en ese país mediante un proceso abreviado –que implica el reconocimiento de delitos ante la Fiscalía a cambio de una pena menor– a cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que Fiege fue sentenciada a tres años. El sindicalista fue condenado por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas y desde hace un tiempo se sometió al régimen de libertad vigilad
En octubre de este año vence la pena de Balcedo. Recién en ese momento podría ser indagado y juzgado por la Justicia argentina. A su mujer, la pena se le venció el año pasado pero todavía sigue en Uruguay porque los abogados de la pareja presentaron un pedido para ser refugiados. Un tribunal de Apelaciones ya rechazó ese recurso pero el trámite, llamativamente, sigue abierto.
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