El juez Casanello aceptó al ministerio de Pettovello como querellante en la causa contra los piqueteros acusados de extorsión

La semana pasada, el organismo había solicito el rol de impulsor privado de la investigación. El juez le dio el visto bueno a su ingreso al expediente

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El juez Casanello aceptó al ministerio de Pettovello como querellante en la causa contra los piqueteros acusados de extorsión
El juez Casanello aceptó al ministerio de Pettovello como querellante en la causa contra los piqueteros acusados de extorsión

El ministerio que conduce Sandra Pettovello fue aceptado como querellante en la investigación sobre movimientos piqueteros por extorsión, coacción agravada y defraudación, confirmaron fuentes del Gobierno Nacional. El juez federal Sebastián Casanello, que dispuso el secreto de sumario, avaló en las últimas horas el pedido que había formulado la cartera de Capital Humano, luego que el Ministerio de Seguridad no fuera autorizado a formar parte del expediente.

“Este Ministerio de Capital Humano resulta a todas luces legitimados para actuar como parte en autos atento a la naturaleza de las cuestiones ventiladas en el caso, del fraude fiscal (planes sociales) e incluso por el carácter de co-denunciante de los delitos que se investigan en el marco de las causas que integran la litis”, había dicho el jueves pasado en su presentación la cartera de Pettovello.

Según se indicó, el ministerio fue aceptado como querellante, aunque formalmente aun no pudo acceder a las pruebas de la causa porque el expediente está bajo secreto de sumario.

Tal como reveló Infobae esta mañana, Casanello también le otorgó la exención de prisión a los acusados en la causa por la presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales por lo que así se aseguraron que no serán detenidos. “No existen razones para el encarcelamiento preventivo”, sostuvo el magistrado pero dispuso una serie de medidas, entre ellas la prohibición de salida del país y que “se abstenga de concurrir a los domicilios en donde funcionan los comedores que integran las organizaciones sociales a las cuales pertenece”.

La decisión alcanza a Gustavo Vázquez, Gianna Puppo, Ivan Candotti, Jeremías Cantero, Brisa Paucara Choque, Patricia Iraman, Blanca Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Cynthia Delgado Vilches, Ariel Rojas, Silvia Sinche Moya, Lesli Salirrosas Castillo y María Dotti. Son 13 de los 28 acusados que tiene el expediente y sobre los cuales se dictó la inhibición de sus bienes.

La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Gerardo Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.

Para el fiscal Pollicita, “al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social.

Se trata de personas en situación de alta vulnerabilidad social, y dicha exigencia se hacía bajo diversos conceptos como “cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”. O para cobrarles por la entrega de alimento, pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional, u obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional, quedándose los acusados con la ganancia, y/o forzarlos a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas a las que pertenecen, e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales”. Eso sucedía, sostuvo el fiscal, “bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería.”

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