Pidieron 10 años de prisión para la ex intendente de Resistencia por un caso de corrupción

El fiscal federal Federico Carniel pidió hoy que la ex intendenta de la UCR de la ciudad de Resistencia, en Chaco, Aída Ayala sea condenada a 10 años de prisión por distintos delitos, entre ellos lavado de dinero, por un caso de corrupción con la basura durante el últimos de sus tres mandatos como jefa comunal. Además, el fiscal requirió condena para otros 15 acusados y una absolución.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que así lo hizo al finalizar sus alegatos, junto a sus colegas Carlos Gonella e Indiana Garzón, ante el Tribunal Oral de Resistencia que juzga a Ayala -ex diputada nacional y funcionaria del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri- desde el año pasado. El juicio continuará el próximo cinco de marzo con los alegatos de la defensa de Ayala.

Además de los 10 años de prisión, Carniel pidió que Ayala sea condenada a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Lo hizo por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y lavado de activos agravado.

También 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos pidió la Fiscalía para Jacinto Sampayo, actual secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.

La Fiscalía también le pidió al tribunal el decomiso de todos los bienes que fueron detectados como producto del delito.

Para otros 15 acusado -entre ellos empresarios como Daniel Fischer, ex pareja de una de las hijas de Ayala y quien trabajó con la ex intendenta en su campaña para la gobernación, Pedro Martínez y Carlos Huidobro- las penas pedidas fueron entre ocho y tres años de prisión y una absolución.

Para la Fiscalía en el juicio se probó que en 2014 la intendencia de Resistencia le entregó a la empresa “Pimp S.A.” de manera indebida el negocio de la recolección de basura en la ciudad y que luego lavaron el dinero obtenido de los contratos: 260 millones de pesos.

Los fiscales plantearon en sus alegatos que de hecho fue la única empresa que se presentó a la licitación y que en tiempo récord ganaron el primero de los varios contratos que tuvieron con el Municipio. También que cuando Ayala dejó la intendencia la empresa no tuvo más actividad. Señalaron que Ayala y Sampayo fueron los ideólogos de la maniobra que se extendió de 2014 -último año de Ayala como intendenta- hasta 2018.

“Lo que se vio es una obra arquitectónica de empresarios y funcionarios para defraudar al Estado municipal, una práctica que ya venía de un tiempo atrás y para la cual necesitó no sólo a los empresarios sino a las más altas autoridades de la municipalidad”, sostuvo el fiscal Carniel en sus alegatos.

Ayala fue tres veces consecutivas jefa comunal de Resistencia -de 2003 a 2015- y una de las referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia. De hecho, en 2015 fue la candidata de Cambiemos -entonces la alianza entre la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, luego devenida en Juntos por el Cambio- para la gobernación de Chaco que perdió contra el peronista Domingo Peppo. En 2015, con Macri como Presidente de la Nación, asumió como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, cartera a cargo de Rogelio Frigerio. Y en 2017 asumió como diputada nacional.

Por este caso, Ayala tiene un pedido de detención y se pidió su desafuero ya que como legisladora nacional tenía inmunidad de arresto. El tema se debatió en Diputados pero los legisladores de la UCR y el PRO no dieron los votos para tratar el pedido de desafuero y en mayo de 2019 la Cámara Federal de Casación Penal revocó la orden de detención, lo que también hizo concluir la discusión en el Congreso. Ayala llegó en libertad al juicio oral y en 2021 dejó de ser diputada.

Ayala declaró en el juicio oral. “Fui una intendente exitosa”, dijo ante los magistrados y rechazó las acusaciones. Dijo que en su rol de intendenta no tenía vínculo con los proveedores y que el contrato con “Pimp S.A,” continuó cuando ella dejó el cargo, por lo que la gestión siguiente entendió que no había corrupción. En su declaración la ex funcionaria dijo que con esta causa se terminó su carrera política. A partir de marzo, su defensa podrá exponer sus argumentos en el juicio oral.

Esta no es la única causa penal que Ayala tiene elevada a juicio oral. Espera fecha para un segundo juicio oral por corrupción. Se trata de un caso en el que está acusada por haber firmado un convenio con el municipio de Quitilipi, en la provincia de Chaco, para la compra de herramientas y maquinas en el que se pagaron sobreprecios.

Ayala, como secretaria de Asuntos Municipales, firmó en 2016 un convenio con el intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, para la compra de maquinas y herramientas con un subsidio de 960.093 pesos. En el convenio intervinieron Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, ex funcionarios de Ayala en Resistencia, para direccionar la compra a la empresa “Service Hogar”, de Claudio Tolosa, con sobreprecios, lo que fue avalado por Ayala con la firma de la rendición final, según la acusación que hizo la Fiscalía cuando el caso pasó a la etapa de juicio oral.

“Aida Ayala era quien subía o bajaba el pulgar”, declaró Casalboni en la causa. La acusación sostiene que los imputados ya habían firmado otros convenios a favor de “Service Hogar”, una empresa que no tiene local comercial y se dedica a la reparación de productos electrónicos de uso doméstico e instalación y ventas de aires acondicionados.