Los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación se reunieron el miércoles pasado, fue en su comisión de Labor, a puertas cerradas, en la que acordaron los temas que se tratarán en su próximo plenario del miércoles de la semana que viene a las 11:30 horas. “Fue un encuentro muy cordial”, coincidieron las fuentes.
No se habló de la situación de Ana María Figueroa, aunque sí lo hicieron consejeros en otras reuniones. Y ayer, el Senado aprobó la continuidad de la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal por cinco años, luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dicho a principio de mes que la magistrada cesó en su cargo por cumplir 75 años y no tener para entonces el acuerdo del Senado.
Esas dos expresiones se verán las caras en el plenario del Consejo. Por un lado, Horacio Rosatti, presidente de la Corte y del Consejo y, por el otro, los representantes del oficialismo, entre ellos los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, los senadores del oficialismo que aprobaron el pliego. También el senador radical Eduardo Vischi que votó en contra. Y estarán el resto de los consejeros del oficialismo y la oposición. También Diego Barroetaveña, representante de los jueces en el organismo e integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. Barroetaveña es uno de los miembros del tribunal que entendía que Figueroa no debía seguir en el cargo.
En el plenario se tratarán 17 puntos, ninguno vinculado a la situación de Figueroa. Sin embargo, es casi seguro el tema saldrá, coincidieron ante Infobae los consejeros consultados.
Una de las funciones del Consejo es realizar los concursos públicos para los cargos vacantes de jueces. En eso se quiso avanzar después que Figueroa dejó su cargo en Casación. El tema se trató hace dos semanas en la Comisión de Selección del Consejo pero fue postergado porque no hubo acuerdo.
Se trataron dos puntos, uno era abrir un nuevo concurso y, el segundo, acumular la vacante de Figueroa a un proceso ya abierto por otros dos lugares libres en Casación que fueron los que dejaron Eduardo Riggi y Liliana Catucci y que está avanzado.
La aprobación del pliego de Figueroa cambia todo. “Entramos en terreno desconocido”, analizó un consejero. Es la misma sensación que recorre todo tribunales. Nunca se dio la situación de una jueza que dejó su cargo en el que luego fue confirmada. Es un choque de poderes entre la Corte Suprema y el Senado.
El escenario puede complejizarse de acá al miércoles. El pliego de Figueroa que aprobó el Senado debe ser publicado en el Boletín Oficial con la firma de Alberto Fernández. A partir de allí las piezas se pueden mover: la jueza puede presentarse en Comodoro Py para volver a ejercer su cargo o presentaciones judiciales que busquen que se decrete la inconstitucionalidad de lo aprobado por el Senado.
Así, el panorama de hoy podría ser distinto al del miércoles cuando se reúna el Consejo. Lo que es muy probable que para entonces no tendrá una solución definitiva y que el tema generará debate en el organismo donde la relación entre Rosatti y el kirchnerismo es de tensión. El oficialismo tiene abierto en la Cámara de Diputados un juicio político contra los cuatro integrantes del máximo tribunal.
Denuncia penal
La ONG “Bases Republicanas” presentó ayer una denuncia penal contra Cristina Kirchner por permitir que el Senado trate el pliego de Figueroa cuando la Corte Suprema ya había resuelto que no podía continuar en el cargo. La denuncia es por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“El desprecio de la Constitución Nacional, tanto en lo que hace a la vigencia del estado judicial de un magistrado como en lo referente a la división de poderes al pretender inmiscuir al Senado de la Nación en la órbita funcional del Poder Judicial, guiado por intereses personales, y siendo que el autor es la Presidente del Senado, resultan ser circunstancias que pese a no estar previstas en la norma como agravante, si deben ser tenidas en cuenta, al momento de individualizar la pena ya que el ejemplo de apego a la Constitución debe provenir de las más altas autoridades de la República”, dice la denuncia que quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y del fiscal Guillermo Marijuan.
La ONG, que integra la abogada del PRO Jimena de la Torre, que es miembro del Consejo de la Magistratura, amplió hoy la denuncia contra los 36 senadores nacionales que ayer aprobaron el pliego de Figueroa.
La entidad señaló que los legisladores votaron a favor “en flagrante contraposición a lo previsto en el Art. 99 inciso 4 tercer párrafo de la Constitución, sobre el que ya no había duda sobre su interpretación, ya que el 6 de septiembre anterior en una acordada de superintendencia, la CJSN ya se había pronunciado sobre la forma en que dicha norma debía ser interpretada”.
La Fundación Apolo presentó en los tribunales de Comodoro Py otra denuncia similar contra los senadores que aprobaron el pliego. “No solo se advierte una violación del orden constitucional, sino que la misma ha sido realizada por los denunciados, con total certeza de que no les asistía la razón ni el derecho. Y ello es así, porque -como ya se ha dicho- el máximo órgano judicial llamado a ser el último intérprete de la carta magna, ya había sentado su posición en sentido contrario”, sostiene la denuncia sobre la aprobación y la postura que ya había tomado la Corte Suprmea.
Como se trata de dos denuncias similares quedarán unificadas en una única causa ante la jueza Capuchetti
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