La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la actualización de los embargos dictada por el tribunal oral que juzgará en el caso Skanska, la primera causa de corrupción del kirchnerismo en la que participan -entre otros- el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López por presuntos pagos de sobornos en obras tendientes a expandir la capacidad de transporte de gas natural en el país.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la ciudad de Buenos Aires, recientemente confirmado para llevar adelante el juicio oral, había dispuesto la actualización del monto de los embargos de todos los imputados en el caso donde se juzgará si en ocasión y con motivo de la construcción de dos gasoductos, la empresa sueca “Skanska” realizó o no el pago de sobornos a funcionarios públicos junto a la utilización de facturas apócrifas para encubrirlos. También el debate penal analizará si durante el proceso de contratación y construcción de las obras tendientes a expandir la capacidad de transporte de gas natural se produjeron otros hechos irregulares en perjuicio de la Administración.
Junto con De Vido y López, serán juzgados entre otros el ex gerente del Fideicomiso Banco Nación, Néstor Ulloa, y Javier Azcárate, el entonces gerente comercial de la firma que había reconocido en una auditoría interna el pago de sobornos a funcionarios. La causa, que engloba delitos de cohecho y administración fraudulenta, había sido enviada a juicio oral en octubre de 2019 por parte del juez federal Sebastián Casanello.
La decisión del TOF 4 porteño dispuso la actualización de los montos de los embargos en virtud del tiempo transcurrido desde que se habían ordenando, en el año 2017. En ese sentido, tras considerar que durante el periodo transcurrido el peso se despreció a causa de la inflación, ordenó que en los embargos de los imputados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública pasaran de $34.594.947,30 pesos a $150.752.273. Mientras que los recaídos bajo los acusados por delitos de cohecho pasaron de $ 14.500.000 a $44.610.366,50.
Tal resolución, dictada por los jueces Guillermo Costabel, Marta Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorrini, fue impugnada por las defensas de un conjunto de imputados, dentro de las cuales se encontró Julio De Vido y José López, y de ese modo el expediente recayó en la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Javier Carbajo, Mariano Hernán Borinsky y Ángela E. Ledesma, quienes por mayoría decidieron declarar como inadmisibles los recursos de casación interpuestos.
Para decidir de esa forma, la mayoría compuesta por Borinsky y Carbajo consideró que la decisión del tribunal oral no se trata de “una sentencia definitiva” y que las defensas no lograron acreditar “un supuesto de arbitrariedad manifiesta o la existencia de una cuestión federal” que habilite la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal como tribunal intermedio. “(...) Sus respectivas impugnaciones casatorias no pueden considerarse suficientemente fundadas para habilitar el tratamiento de la cuestión de fondo por esta Cámara”, expresaron. Por su parte, la jueza Ledesma sentó su disidencia con la solución propuesta por entender que el caso presentaba “una cuestión federal vinculada con la medida de cautela real”.
El resto de los imputados que presentaron la impugnación de la actualización del embargo fueron Mario Alberto Piantoni, Jorge Norberto Roldán, Renato Francisco Cecchi, Walter Domingo Cecchi, Alfredo Norberto Greco, Alejandro Porcelli, Daniel Nodar, Danimiro Kovacic, Blas Luis Antonio Pierotti, Alejandro Tettamanti, Gustavo Vago, Juan Cruz Ferrari, Juan Carlos Bos, Héctor Osvaldo Obregón, Eduardo Pedro Varni y Roberto Antonio Zareba, Alejandro Juan Gerlero y Adrián Félix López y la firma Pecom Servicios Energía S.A. –antes Skanska S.A.-.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Redujeron las condenas de los agentes condenados por el crimen del mapuche Rafael Nahuel y no irán a prisión
La Cámara Federal de Casación modificó la sentencia que había dictado el Tribunal de General Roca. Los sentenciados son cinco funcionarios de la Prefectura Naval. También les retiraron la inhabilitación para ejercer cargos públicos
Las declaraciones de la abogada boliviana Nadia Beller se investigarán en la causa $LIBRA
Lo resolvió la Cámara Federal porteña, a partir de una presentación de la diputada Mónica Frade. La expareja del consultor Fernando Cerimedo declaró la semana pasada como testigo en el caso ANDIS
Denunció un accidente en el gimnasio e inició un juicio millonario: perdió y deberá pagar los gastos procesales
Una mujer reclamó más de $42 millones a un establecimiento de Merlo por las lesiones que, según denunció, sufrió durante un entrenamiento. El tribunal rechazó la demanda y le impuso las costas al considerar que solo había presentado una historia clínica posterior al supuesto accidente, sin aportar testimonios, filmaciones ni peritajes que acreditaran cómo ocurrió
Un error de la agencia los dejó varados en España: la Justicia confirmó la indemnización a una familia argentina
La Justicia civil platense responsabilizó a la agencia por deficiencias informativas vinculadas con el viaje contratado y desestimó los argumentos de la empresa. Además, mantuvo la multa por daño punitivo y ordenó reintegrar el costo de los pasajes aéreos que la familia tuvo que pagar de su propio bolsillo
Dejó de trabajar en los ’90 para dedicarse a su familia, se divorció y reclamó una compensación económica: por qué rechazaron su demanda
La mujer sostuvo que había postergado su carrera profesional para dedicarse al hogar y a la crianza de sus hijos. Sin embargo, la Cámara Civil confirmó el fallo de primera instancia y rechazó la compensación al considerar que la liquidación de los bienes gananciales le aseguraba una importante solvencia patrimonial y recursos mensuales suficientes
