La maniobra ocurrió en 2015 e involucró hasta un funcionario local y una ex concejal. Con la excusa de otorgarles un plan social por haber concurrido a un acto político, se quedaron con 232 DNI y les cambiaron el domicilio para intentar ganar una elección en Burrayacu, una pequeña localidad de la provincia de Tucumán. La jugada fue tan burda que todos los DNI fueron anotados con el mismo domicilio: Pasaje Olijela Rivas S/N.
Luego de ocho años todo iba a quedar en la nada hasta que la Cámara Federal de Tucumán revocó un fallo de primera instancia y procesó a todas las personas involucradas.
El principal imputado es Víctor Hugo Carrizo, quien estaba a cargo del Centro de Documentación Rápida local. La Justicia sostuvo que debería haber detectado la maniobra por su función y porque la dirección elegida para todos los DNI es un pasaje que tiene apenas tiene 150 metros. “Por el cargo de funcionario público que ocupa y las tareas que realiza, Carrizo tiene el conocimiento necesario para detectar la irregularidad de los trámites de DNI que llevó adelante, esto es, la circunstancia de haber recibido más de 200 DNI en el contexto de un acto político, en el que no tuvo contacto con los solicitantes, sumado a que el Pje. Olijela Rivas tiene una cuadra y media de extensión, por lo que no podría haber albergado a 232 personas y sus familias”, dice el fallo firmado por los jueces Rodolfo Leal, Marina Cossio y Ricardo SanJuan.
Aunque tenía falta de mérito, la Cámara procesó a Carrizo por “insertar” información falsa en un documento público, un delito que tiene una pena de uno a seis años de prisión.
También fue procesada Andrea del Valle Cruz, una ex concejal que habría reunido los 232 DNI. A todos los damnificados les decían que iban a recibir un plan social y les pedían que participen de un acto político. A cambio, tenían que entregar su documento.
La concejal había desplegado la maniobra junto a su marido y también concejal, José Luis Robledo, ligado al ex gobernador José Alperovich. Según consta en el expediente, Robledo falleció en 2017. La dirección inscripta en los DNI era el domicilio de la pareja, que a la vez funcionaba como sede política y social.
Los otros procesados son Pedro Rodolfo Castillo, Rogelio Ernesto Olea, Adrián Alejandro Reynoso, Verónica Luna, José Salud y Daniel Toro. La Justicia los acusó de ser partícipes necesarios de la maniobra porque recibieron los documentos adulterados.
El caso arrancó en 2015, cuando el juez de Paz de Burrayacu, Julio Fabián Miranda, hizo una presentación ante la Secretaría Electoral de Tucumán para pedir el cambio de domicilio de 232 personas. Cuando los funcionarios judiciales fueron a constatar el domicilio, se dieron cuenta que ninguno vivía en ese lugar. Ante esa situación, el mismo juez frenó el trámite y pidió que se investigue la maniobra.
Todos los damnificados declararon que una mujer, identificado como “Sandra”, les ofreció participar de un acto político en la localidad de Burruyacu a cambio de dinero. Cuando estaban en lugar, les dijeron que podían acceder a un plan social. Para eso los llevaron hasta el Registro Civil de esa ciudad, donde firmaron una serie de papeles y entregaron sus DNI. Poco tiempo después, recibieron los documentos con el nuevo domicilio. Pero nunca cobraron los planes y la misteriosa “Sandra” desapareció.
El juez de Paz pidió que se haga una pericia y se terminó confirmando que le habían falsificado la firma. “De la comparación entre las firmas dispuestas en el material indubitado ofrecido para su estudio, pertenecientes al Sr. Julio Fabián Miranda, y aquella que se encuentra en el oficio dirigido a la Secretaría Electoral, no surgieron elementos gráficos que permitan establecer que provengan de la misma mano caligráfica”, dice el expediente.
El objetivo de la maniobra era muy simple: modificar el padrón electoral de Burruyacu para intentar ganar las elecciones locales.
Recién el año pasado, el juez federal de Tucumán, Fernando Poviña, dispuso la falta de mérito para todos los imputados y sobreseyó a los dueños de los DNI porque entendió que fueron “utilizados” por un grupo de dirigentes políticos. El fallo fue apelado por el fiscal general Gustavo Gómez, quien pidió el procesamiento para todos los implicados.
“El pronunciamiento en favor de los imputados entre los que se encuentran el encargado del Centro de Documentación Rápida y una concejal -al momento de los hechos- de Burruyacu, entre otros, sólo puede ser adoptado desde una perspectiva equivocada a la verdad procesal acreditada autos, lo que constituye una clara omisión de la justa valoración del factum conformado en el legajo”, sostuvo el fiscal. La Cámara finalmente procesó a todos los responsables.
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