Multas y suspensión de cuentas en redes, la propuesta que apunta a creadores por lucrar con menores en riesgo en Honduras

Una propuesta presentada ante el Congreso Nacional de Honduras prevé multas y la suspensión de cuentas para creadores de contenido que usen a personas en vulnerabilidad con fines de lucro, mientras la justicia procesa un caso por la exposición de un menor en redes sociales.

La iniciativa presentada por el diputado Mario Portillo, del partido Libertad y Refundación (Libre), establece sanciones de entre 10 y 50 salarios mínimos para quienes obtengan remuneración por materiales en los que aparezcan personas vulnerables, indica una publicación de Centroamérica360. El proyecto también incluye restricciones para contenidos que exhorten al consumo de drogas y alcohol.

El contexto inmediato de la propuesta es un caso judicial en Danlí, donde un juez de Letras dictó detención judicial contra el creador de contenido Urías Jabín Lovo Montoya, acusado por el Ministerio Público de trato degradante contra un menor y de abuso de llamadas de emergencia. La investigación fiscal sitúa los hechos el 16 de agosto en el parque central de esa ciudad, en el departamento de El Paraíso.

El proyecto que estudiaría el pleno del Congreso Nacional no plantea solo castigos económicos. También contempla la suspensión temporal o definitiva de las cuentas en las que se publiquen videos o materiales con personas en condición de vulnerabilidad.

Portillo sostuvo que la intención no es limitar la libertad de expresión, sino proteger a quienes quedan más expuestos, en especial a los menores de edad. En esa línea, criticó ciertas prácticas de creadores digitales: “Hay diferentes creadores de contenido, unos que se dedican a temas educativos y otros a retos, pero hay quienes ya están llevando cuestiones de sexo, de drogas, de alcoholismo y ahora utilizar a menores de edad en estado vulnerable para generar reacciones y así generar dinero”.

El diputado considera necesario fijar límites a los videos que circulan en redes cuando la exposición de personas vulnerables se convierte en una vía para obtener ingresos. La propuesta apareció poco después de que se conociera el caso de dos creadores que grabaron un video con un menor en esa condición y luego fueron capturados.

La causa judicial se centra en la exposición de un menor a cambio de 500 lempiras

Según la acusación fiscal citada por el medio, Lovo Montoya habría participado junto con otro creador de contenido, Rosel Ariel Archaga Rodas, conocido en redes sociales como “Soy Rosel”, en una acción en la que ofrecieron 500 lempiras a un menor en condición de calle para permitir que le raparan la cabeza. Esa suma equivale a USD 20, según la información publicada.

La Fiscalía sostiene que ambos grabaron el momento y difundieron las imágenes con expresiones de burla y ridiculización hacia el menor. Para el ente acusador, el problema no se limita al corte de cabello, sino al conjunto de circunstancias: la utilización de la vulnerabilidad del menor, el pago como condición, la grabación del episodio y su exposición pública.

El Ministerio Público también presentó requerimiento fiscal contra Rosel Ariel Archaga Rodas por los mismos hechos, aunque hasta ese momento la información disponible indicaba que quien quedó detenido fue Lovo Montoya. La responsabilidad penal deberá definirse durante el proceso y por decisión de los tribunales.

El caso abrió además un debate más amplio sobre los derechos de la niñez en entornos digitales. Según la publicación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha sostenido que los derechos de niños, niñas y adolescentes deben mantenerse vigentes también en internet y que los menores deben ser considerados sujetos activos de derechos, no objetos de contenido.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) también ha documentado los riesgos que enfrenta la niñez en espacios digitales. En su Informe Anual 2025, el organismo indicó que un estudio nacional sobre riesgos en redes sociales identificó ciberdelitos, captación con fines de trata, acoso en línea y adicciones digitales. Ese informe se apoyó en más de 5,400 encuestas y en experiencias de alrededor de 40,000 niños y adolescentes en Honduras.