Al menos 20 inmigrantes detenidos en el Desert View Annex, adyacente al centro de detención de ICE en Adelanto, iniciaron esta semana una huelga de hambre para denunciar condiciones inhumanas y exigir mejoras urgentes en el trato dentro de las instalaciones.
Los participantes reclaman atención médica oportuna, mejor acceso a agua potable y raciones alimenticias adecuadas. Las demandas fueron confirmadas por la ONG regional coaliciones de derechos migrantes, así como la reducción de las porciones de comida y represalias contra quienes protestan.
Las denuncias se centran en la falta de atención médica, el acceso restringido a comida y agua potable, así como la aplicación de represalias, incluidas medidas de aislamiento en confinamiento solitario.
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Los huelguistas, apoyados por organizaciones sin fines de lucro como la Alianza para la Defensa de los Migrantes del Sur de California (Defend Migrants Alliance of Southern California) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Coalition for Humane Immigrant Rights), sostienen que la protesta comenzó después de agotar todas las vías formales de queja.
Por su parte, las autoridades migratorias niegan la existencia de la huelga y afirman que prestan servicios médicos y alimentarios conformes a los estándares federales.
Quiénes participan en la huelga y qué reclaman
El grupo de huelguistas está compuesto por personas detenidas en el Desert View Annex, una instalación con capacidad para 750 camas que actualmente alberga a más de 400 personas, según datos oficiales. Reclaman la remoción de moho, acceso a agua potable limpia, atención médica para enfermedades crónicas y el cese de represalias.
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Además, se reportó una reducción en las porciones de comida, lo que los obliga a comprar productos en la tienda interna a precios elevados. Como parte de la protesta, han dejado de adquirir alimentos en ese comercio.
La situación desató así un boicot económico dentro del centro.
Qué condiciones motivan la huelga de hambre
Tanto las organizaciones de derechos migrantes como los familiares de las personas detenidas documentaron situaciones de abandono sanitario y negligencia médica. Eva Huerta, esposa de uno de los trasladados al anexo, detalló: “Cuando va al médico por tos y dolor en el pecho, solo le dan dos Tylenols. Le entregan bolsitas de sal para hacer gárgaras. Eso no es atención médica”.
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Caleb Soto, abogado de la Red Nacional de Jornaleros Organizados (National Day Laborer Organizing Network), manifestó su preocupación por el deterioro físico y mental de quienes permanecen detenidos: “He visto personas envejecer en cuestión de meses. Muchos salen con condiciones más graves que al ingresar”, relató a LAist.
Dónde ocurre la huelga y cuál es el contexto
La huelga se desarrolla en el Desert View Annex, junto al centro de ICE de Adelanto, gestionado por la multinacional de gestión de centros de detención Geo Group bajo contrato federal. Esta empresa, junto con CoreCivic —también multinacional en el rubro—, administra la mayoría de los centros de detención de inmigrantes en California.
El estado cuenta con una normativa que exige inspeccionarlos y publicar informes anuales sobre sus condiciones. De acuerdo con el informe anual del Departamento de Justicia de California, el hacinamiento y la escasez de personal médico se han agravado tras el aumento de detenciones y deportaciones.
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Desde 2025, 6 personas han fallecido bajo custodia de ICE en California: cuatro en Adelanto y dos en el centro de Imperial.
Cuándo comenzó la protesta y cómo han respondido las autoridades
La huelga de hambre empezó el martes de esta semana, según confirmaron las organizaciones sin fines de lucro mencionadas. La respuesta oficial llegó mediante un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), quien negó que haya una protesta activa y sostuvo que ICE mantiene la entrega de tres comidas diarias y suficiente acceso a agua potable.
Desde Geo Group, la postura ha sido afirmar que sus servicios están “monitoreados por agencias federales para asegurar el cumplimiento de los estándares de detención”, según declaró la empresa a The Los Angeles Times.
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Las autoridades federales sostienen que ofrecen atención médica, dental y mental desde el ingreso de cada detenido, aunque los testimonios de los internos y sus familiares contradicen esa versión.