El Departamento de Justicia de Estados Unidos despidió a cuatro fiscales acusados de actuar con parcialidad en causas contra activistas antiaborto, en una decisión que marca un giro en la aplicación de la legislación sobre acceso a clínicas de salud reproductiva y anticipa un posible cambio en la interpretación de derechos civiles.
La medida ocurre antes de la publicación de un informe oficial que denuncia supuestas “persecuciones sesgadas” bajo la administración de Joe Biden, lo que subraya la intensidad de las disputas políticas en torno al uso de la Freedom of Access to Clinic Entrances Act (FACE Act o Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas), según detalla el medio The Associated Press.
De acuerdo con la información de la agencia de noticias estadounidense, el despido responde tanto a una revisión interna como a una serie de ceses de funcionarios percibidos como desalineados con la agenda presidencial. El informe que pronto se dará a conocer sostiene que el equipo de Biden habría favorecido penas más graves para activistas antiaborto respecto de los acusados defensores de los derechos reproductivos. El documento también indica que estos fiscales “ignoraron y minimizaron” ataques contra centros de recursos para embarazadas y lugares de culto, ambos protegidos por la legislación adoptada en 1994.
El informe de la Weaponization Working Group denuncia selecciones sesgadas en los procesos
La denominada Weaponization Working Group (Grupo de trabajo sobre armamentismo), un grupo de trabajo legislativo creado por la exfiscal general Pam Bondi para investigar la politización de expedientes federales sensibles, elaboró el informe que denuncia la presunta selectividad en los procesos llevados adelante durante el periodo de Biden.
El actual fiscal general interino, Todd Blanche, lo expresó en un comunicado: “Este Departamento no tolerará un sistema de justicia de dos velocidades. Ningún departamento debe realizar procesamientos selectivos basados en creencias. La instrumentalización observada bajo la administración Biden no volverá a repetirse porque vamos a restaurar la integridad del sistema”.
El grupo de trabajo busca demostrar cómo determinadas causas, identificadas por sectores conservadores, recibieron un trato distinto al de otros procedimientos considerados alineados con la administración anterior. El informe aparece tras la salida de Bondi, despedida este mes por el presidente Donald Trump, situación que sumó tensión al ambiente ya marcado por las diferencias institucionales en el Departamento de Justicia.
La ley FACE y su aplicación en dos administraciones opuestas
El FACE Act, implementado en 1994, impide obstruir físicamente o intimidar a personas que buscan servicios de salud reproductiva, y sanciona la violencia y el daño a instalaciones clínicas. La administración Biden utilizó esta legislación para llevar ante la Justicia a decenas de imputados por obstaculizar el acceso a clínicas de aborto o amenazar a pacientes y personal médico. Entre los antecedentes que justifican la ley se encuentra el auge de protestas y ataques a clínicas de aborto, como el asesinato del doctor David Gunn.
En sus críticas, la administración Trump afirma que durante el mandato de Biden se aplicaron criterios más estrictos hacia los grupos antiaborto. Trump también indultó en 2025 a varios activistas condenados por bloquear accesos a centros médicos, a quienes describió como “manifestantes pacíficos a favor de la vida”.
Respuesta de la gestión Biden y rol de fiscales despedidos
Quien lideró la División de Derechos Civiles bajo Biden, Kristen Clarke, defendió la línea de actuación de los fiscales cesados y afirmó: “Los abogados aplicaron la ley con imparcialidad y situaron la seguridad pública en el centro de su labor”. Clarke resaltó la coordinación de la división con líderes de la aplicación de la ley, representantes de centros de asistencia y personal de salud para enfrentar la “realidad de la violencia y las amenazas”.
Exabogados de la división declararon, de acuerdo a The Associated Press, que la administración Trump habría seleccionado correos y documentos fuera de contexto para construir una visión distorsionada de los hechos presentados ante jueces y jurados. Entre los desplazados se encuentra Sanjay Patel, hasta el año anterior subjefe de la sección de litigios especiales, a quien describieron como fiscal “respetado y ético”.
Consecuencias entre empleados y reacción de organizaciones externas
Los despidos forman parte de una purga de personal que afecta a funcionarios históricamente protegidos por el servicio civil de carrera, tradicionalmente blindados frente a los cambios políticos.
La red Justice Connection —una asociación de exempleados federales— denunció una actitud de “crueldad e hipocresía” por parte de las actuales autoridades tras la publicación del informe. Stacey Young, fundadora de la organización, declaró: “Han puesto en aviso a los empleados de carrera: si cumplen con su tarea, pueden quedar expuestos a un despido si el próximo liderazgo político no coincide con los objetivos de la administración previa”.
La controversia en torno al uso del FACE Act por parte de distintas administraciones y sus consecuencias legales y laborales revela la creciente dependencia de la Justicia federal de la coyuntura política actual, según sostiene The Associated Press.