Un gran jurado en Colorado imputó a cinco miembros del Departamento del Sheriff del condado de Costilla, entre ellos el actual sheriff Danny Sanchez y su hijo, el sargento Caleb Sanchez, por delitos de abuso de restos humanos, mala praxis y uso excesivo de la fuerza.
La gravedad de los hechos fue destacada por la fiscal de distrito Anne Kelly, quien señaló que el proceso busca restablecer la confianza pública en la policía local, según difundieron AP News y People.
De los siete agentes actualmente en funciones, cuatro fueron señalados en las investigaciones, lo que equivale a más de la mitad del cuerpo policial en este pequeño condado rural, referencia incluida por la oficina del alguacil en respuesta a las consultas del viernes. Las acusaciones abarcan incidentes distintos ocurridos en octubre de 2024 y febrero de este año.
Secuencia de hechos e imputación de la mayoría del departamento policial
La investigación parte de un episodio sucedido en octubre de 2024. Un residente halló un cráneo, dientes y otros restos humanos en una propiedad montañosa cerca de Wild Horse Mesa y notificó a la oficina del alguacil, según los documentos judiciales citados por AP News.
El entonces agente Keith Schultz, ahora exdiputado, acudió al lugar y prometió recuperar el conjunto de restos, pero cuando regresó en compañía de Danny Sanchez, ambos se llevaron únicamente el cráneo y dejaron el resto, hecho registrado en el expediente.
Dos meses después, Schultz presentó su informe e indicó que había dejado “los huesos en una bolsa sobre su escritorio” al momento de salir a otro procedimiento. La oficina forense recibió el cráneo en una bolsa de papel sin etiquetas, fecha ni identificación del recolector, y sin elementos que certifiquen la cadena de custodia.
La bolsa tampoco presentaba sellos de seguridad ni protección de la evidencia, detalle consignado en las pruebas aportadas a la fiscalía, según la revisión de documentos realizada por People.
Este bloque de información responde a la pregunta central: cinco agentes del departamento del alguacil de Costilla, en Colorado, fueron imputados por un gran jurado tras dos episodios de mala praxis policial.
El primer caso implicó el manejo inadecuado de restos humanos descubiertos en octubre de 2024, cuando solo el cráneo fue retirado del lugar y entregado sin las garantías mínimas de preservación forense. El segundo involucró el uso injustificado de la fuerza sobre una persona con padecimientos de salud mental en febrero de este año.
Uso de táser e imputaciones por lesiones a una persona en crisis
En febrero, Cruz Soto (subjefe), Caleb Sanchez (sargento e hijo del alguacil) y Roland Riley (agente) enfrentaron un incidente distinto. Según People, los documentos judiciales indican que estos agentes emplearon un táser contra un hombre que atravesaba una crisis de salud mental y pretendía abandonar voluntariamente la comisaría, luego de que los funcionarios insistieran en que debía acudir al hospital.
El afectado sostuvo ante los investigadores que no se le informó que estuviera detenido ni bajo arresto, y creyó estar en libertad de marcharse. En la declaración incluida en los expedientes, la víctima expresó: “Me electrocutaron y me golpearon los agentes”. A raíz de este acto, indicó, sufrió fracturas en las costillas. Ningún cargo fue presentado posteriormente contra este individuo.
De acuerdo con la acusación formal de la fiscalía, Danny Sanchez y Keith Schultz enfrentan cargos de mala praxis y abuso de cadáver. Soto fue imputado por no intervenir, omitir el reporte del uso de la fuerza, agresión de tercer grado y mala conducta oficial.
Caleb Sanchez y Riley están acusados de agresión de segundo y tercer grado, además de las consecuencias por el uso del táser, según el parte judicial divulgado por la fiscal de distrito.
Impacto institucional y respuesta de la fiscalía tras las imputaciones
La fiscal Anne Kelly, responsable del distrito judicial número 12 de Colorado, confirmó en conferencia de prensa hace algunos días que los cinco acusados —Sanchez, Schultz, Soto, Caleb Sanchez y Riley— se entregaron voluntariamente a las autoridades y previsiblemente quedarían en libertad bajo fianza en el mismo día, según detalló People.
Ante esto, Kelly remarcó: “No puedo ni voy a ignorar violaciones a la confianza que la comunidad debe tener en su policía. Ningún ciudadano del valle de San Luis debe dudar de la integridad de su fuerza policial”.
Por el momento, la oficina del alguacil declaró no tener comentarios inmediatos, aunque anunció una próxima declaración oficial, de acuerdo con AP News. Los números de contacto disponibles para Sanchez, Soto y Riley no funcionaban, mientras que se remitió a la prensa al abogado Peter Comar para responder por Schultz.
La fiscalía manifestó en su comunicado: “La comunidad espera que sus agentes cumplan su deber con integridad y respeto a la ley”, reafirmando que toda transgresión será investigada y, de justificarlo las pruebas, objeto de enjuiciamiento penal más allá del cargo o título del responsable.
La oficina del alguacil de Costilla cuenta con solo siete agentes activos, dato destacado por las propias autoridades locales, lo que magnifica el impacto de este proceso judicial: más de la mitad de la fuerza está involucrada en estos incidentes, mientras el condado queda bajo la atención estatal y mediática por la gravedad de los hechos revelados.
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