María Ruiz
Granada, 1 abr (EFE).- Vecinos, hosteleros, dueños de pisos turísticos y sindicatos de inquilinos pelean por blindar su hueco en barrios históricos como el Albaicín de Granada, con el mismo número de vecinos que de camas hoteleras, y que ejemplifica ese debate nacional que mezcla economía, gentrificación, sabotajes y derecho a una casa.
Vivienda y turismo se han convertido en dos caras de una moneda que da vueltas en el aire mientras diferentes sectores, administraciones y vecinos buscan construir una solución para esos barrios que cada vez tienen menos casas y más camas hoteleras.
El granadino barrio del Albaicín logró hace más de tres décadas el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su idiosincrasia, sus calles y sus vistas a la Alhambra, pero en esas tres décadas han desaparecido artesanos y patios de vecinos, comercios locales y plazoletas ocupadas ahora por cafés para llevar y alojamientos turísticos.
"La situación de la vivienda en barrios como el Albaicín hay que describirla con palabras muy gruesas, es una catástrofe o un colapso urbanístico, habitacional, cultural y de acceso a la vivienda", ha resumido para EFE el portavoz de Albayzín Habitable, César Rodríguez.
Este movimiento vecinal defiende las tradiciones y las plazas para los vecinos con propuestas turísticas y lúdicas porque, aclaran, ellos no están contra del turismo sino contra algunas formas de atraer visitas.
Son uno de los protagonistas de esos puzles que tratan de componer casi todas las grandes ciudades del país para que encajen intereses económicos, laborales y sociales y en el que cada vez hay más piezas. Sueltas o no.
Otro de los protagonistas del rompecabezas es el Sindicato de Inquilinas, un movimiento que señala a los grandes tenedores de viviendas y marca con pegatinas los cajetines que protegen las llaves de los alojamientos turísticos.
En un mes han organizado dos protestas en Granada y, en ese mismo tiempo, más de 300 de estos cajetines han sido saboteados con pintura y silicona sin que de momento haya detenidos, según ha confirmado a EFE la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de investigar estos hechos.
El sindicato marca con pegatinas alojamientos de grandes tenedores o fondos de inversión, especialmente en barrios históricos como el Realejo o el Albaicín granadino, que tiene actualmente un censo de unos 7.000 vecinos y 7.500 camas con la suma de apartamentos, alojamientos y viviendas turísticos y hoteles.
El Ayuntamiento de Granada ha estudiado la presión de las viviendas turísticas para marcar los barrios tensionados y, según sus datos, una de cada cuatro casas albaicineras son para turistas.
"Las consecuencias son obvias: especulación, aumento de los precios de alquileres y la expulsión casi constante de los vecinos del barrio, que está perdiendo identidad, comercio, todo lo que le hizo ser merecedor de la distinción de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco", ha apuntado Rodríguez.
Los vecinos de estos barrios tensionados critican la pérdida de servicios "y de todo lo que hacía esta zona interesante" mientras pasean por calles con autobuses hasta la bandera y banderines para guiar a grupos de visitantes.
"Nos encontramos con la desaparición del barrio. No hay vida vecinal, lo que queda es una pura maqueta", ha resumido el portavoz de Albayzín Habitable.
En otra esquina del puzle se sitúan los dueños de alojamientos turísticos, un sector protagonizado por mujeres, la mayoría con no más de dos viviendas y mucho papeleo para estar de alta en los registros oficiales.
"Sufrimos una situación de acoso por entidades públicas y privadas. Estamos siendo sometidos de manera injusta a ataques. Estamos en contra de este acoso porque nosotros ejercemos una actividad lícita y legal", ha recalcado el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada (AVITARGRANADA), Antonio Jesús Castillo.
Desde AVITAR critican la "criminalización" a los alojamientos que, a su entender, ejercen las administraciones, especialmente tras las limitaciones de nuevas aperturas del Ayuntamiento de Granada, e insisten en que se trata de una actividad "lícita y legal".
"Pedimos a las administraciones y a la sociedad que sean sensibles, que nos escuchen, que no somos sus enemigos. El problema del acceso a la vivienda no lo generan 1.800 pisos turísticos", ha recalcado Castillo.
El choque de cifras, las de unos y de otros, pinta el nuevo mapa de las ciudades que quieren recibir turistas sin perder vecinos, barrios que buscan no tener que cerrar la puerta a nadie. EFE
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