Familiar del doble crimen de Almonte señala "el problema estructural del jurado" tras el juicio de El Torrejón

“La justicia no puede depender del azar, ni de percepciones subjetivas sin formación jurídica”, aseguró Aníbal Domínguez, familiar directo de las víctimas del doble crimen de Almonte, al referirse a la reciente disolución del jurado popular durante el juicio por la muerte de un hombre en el barrio de El Torrejón de Huelva en 2020. Según informó Europa Press, Domínguez consideró que la incapacidad del jurado para emitir un veredicto no constituye un hecho aislado, sino evidencia de un problema estructural profundo dentro del modelo de jurado tal como está concebido en España, especialmente para casos de alta gravedad.

En un comunicado remitido al mismo medio, Domínguez sostuvo que la decisión de disolver el jurado en este caso, motivada por la falta de acuerdo para dictar un veredicto, confirma la necesidad de revisar y replantear el actual sistema. Recordó que, aunque el nuevo juicio deberá repetirse, la situación expone la fragilidad y las deficiencias de un modelo que, según sus palabras, “no está capacitado para resolver con garantías delitos de extrema gravedad”, pues su funcionamiento carece de los filtros técnicos necesarios para valorar pruebas complejas.

Domínguez relató desde su experiencia personal las consecuencias de esta debilidad estructural. En abril de 2013, su hermana María y su sobrino Miguel Ángel resultaron muertos en Almonte en un doble homicidio. El principal sospechoso fue investigado, detenido y mantuvo prisión preventiva durante tres años, mientras los recursos solicitando su libertad fueron rechazados de manera sucesiva por el juzgado de instrucción, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Informó Europa Press que Domínguez subrayó la coincidencia de diversos órganos policiales y judiciales, incluido el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en considerar que existían sólidos indicios para mantener al acusado en prisión.

Cuando el caso llegó a manos del jurado popular, todo ese peso técnico se dejó de lado. El veredicto de “no culpabilidad”, según Domínguez, fue producto de una deliberación carente de fundamento y rigor jurídico, calificándolo de arbitrario y débil. Señaló, además, que los miembros del jurado actuaron sin formación legal ni capacidad técnica para interpretar pruebas de esa complejidad, lo cual —según detalló a Europa Press— vulneró garantías esenciales del proceso judicial. Insistió en que el jurado, en vez de estar aislado de influencias, tuvo acceso a sus domicilios y, en ese contexto social y mediático, se expuso a presiones externas que pudieron afectar la imparcialidad de sus deliberaciones.

Domínguez informó que su familia agotó todas las vías de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, denunciando la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, explicó que todos estos tribunales señalaron la imposibilidad de revisar la valoración de la prueba realizada por el jurado popular. Incluso cuando el Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo solicitó la repetición del juicio, la situación permaneció sin cambios. De acuerdo con el comunicado recogido por Europa Press, el familiar reconoció que la anulación actual del veredicto en Huelva evidencia los fallos solo cuando el error es innegable, pero en otros casos menos notorios, los problemas quedan blindados y sus consecuencias se mantienen.

El comunicado transmitido por Europa Press cita una conclusión tajante por parte de Domínguez: “Hoy, lo que entonces se nos negó, se produce en Huelva. Pero no porque el sistema funcione, sino porque el fallo del jurado ha sido tan evidente que no ha podido sostenerse. Esa es la diferencia: solo cuando el error es escandaloso se corrige; cuando no lo es de forma formal, queda blindado, aunque sus consecuencias sean devastadoras”. Reiteró que la familia lleva años denunciando la falta de capacitación técnica del jurado popular para valorar pruebas en delitos complejos, la posibilidad de contradicciones internas y bloqueos en sus deliberaciones, el riesgo de decisiones arbitrarias sin suficiente motivación, así como la carencia de mecanismos eficaces para revisar sus veredictos y su vulnerabilidad ante influencias externas.

De acuerdo con lo comunicado por Europa Press, Domínguez insistió en que los problemas evidenciados no son excepcionales. A su juicio, lo ocurrido demuestra la existencia de un fallo sistémico en el funcionamiento de la justicia española en estos casos. En el comunicado, declaró: “La justicia exige rigor, conocimiento y garantías. Hoy afirmamos con absoluta rotundidad que el Estado y el sistema judicial mantienen una deuda moral irreparable con nuestra familia. Mantienen una mancha de sangre de más de 150 puñaladas que no pueden ni podrán borrar mientras decisiones de esta naturaleza sigan siendo posibles. La justicia, cuando falla de esta manera, deja de ser justicia”.

Las declaraciones de Domínguez sobre la disolución del jurado después del juicio en El Torrejón, detalladas por Europa Press, subrayan la preocupación por la persistencia de un sistema que permite que ciudadanos sin formación jurídica determinen el resultado de procesos por delitos de extrema gravedad. Advirtió que la vulnerabilidad del jurado ante presiones del entorno puede afectar la imparcialidad y la integridad de los procesos judiciales, con impacto irreversible sobre las familias de las víctimas y sobre la credibilidad de la justicia en España.