Demandada la residencia Ribera del Sió de Agramunt (Lleida) por la muerte de 4 ancianas

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Lleida, 26 mar (EFE).- La Audiencia Nacional ha abierto la puerta a exigir responsabilidades a la residencia Ribera del Sió de Agramunt (Lleida) por la muerte de cuatro ancianas en la riada del 3 de noviembre de 2015, y ha declarado la nulidad de las actuaciones para incorporarla como parte demandada.

Según el despacho de abogados que representa a las familias de las mujeres fallecidas, Entrena&Santín, la Audiencia Nacional valora que la empresa propietaria de la residencia podría haber incurrido en graves irregularidades en su gestión.

Además, según este despacho, podría tener responsabilidad directa en la muerte de las cuatro ancianas, que dormían en la planta semisótano cuando el centro quedó anegado por el desbordamiento del río Sió.

La Audiencia de Lleida archivó en 2018 la causa penal, y en la Audiencia Nacional sigue abierta una causa en la sala de lo Contencioso-Administrativo que permite solicitar indemnizaciones.

Hasta ahora, el procedimiento de responsabilidad patrimonial se había dirigido únicamente contra las administraciones públicas responsables de la gestión del río y de los servicios de emergencia (Ayuntamiento de Agramunt, Generalitat de Catalunya y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

El tribunal ha declarado la nulidad de las actuaciones para incorporar la residencia Ribera del Sió como parte demandada, al considerar que podría existir una concurrencia de responsabilidades.

El despacho Entrena&Santín sostiene que este paso judicial permitirá poner de relieve un hecho especialmente grave: la residencia se construyó en una zona claramente inundable, en el mismo cauce del río Sió.

“Además -argumenta-, dos años antes del siniestro, el centro había encargado un Plan de Autoprotección obligatorio que advertía de un riesgo muy alto de inundación, especialmente en la planta semisótano, donde se encontraban residentes con alzheimer y elevada dependencia.

“Para los familiares de las víctimas, esta decisión judicial representa un hito importante después de una década de sufrimiento, de impunidad y de un largo peregrinación por los tribunales sin que, hasta ahora, se haya dictado resolución alguna que determine las negligencias y responsabilidades por los hechos”, señala Entrena&Santín.

Según sus letrados, los familiares reclaman que “se investiguen hasta el final todas las responsabilidades, tanto públicas como privadas, y exigen que se haga justicia por las cuatro víctimas y que nunca más una negligencia similar vuelva a quedar impune”. EFE

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