Maíllo dice que la empresa que pagó a Zapatero cumple los criterios de la OCDE como interpuesta en casos de corrupción

El senador Fernando Martínez Maíllo afirmó que Plus Ultra no habría podido acceder al rescate público por su situación previa de insolvencia y por no ser considerada empresa estratégica, hecho al que además suma el capital venezolano presente en su estructura. Según publicó Europa Press, el parlamentario sostiene que el pago de 500.000 euros que la aerolínea abonó a la empresa Análisis Relevante, y que luego coincide en cuantía y fechas con los honorarios recibidos por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, dispara numerosas dudas sobre la legalidad del proceso y la existencia de un posible entramado financiero.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, Maíllo, senador del Partido Popular, expuso en una entrevista en Cuatro que la empresa Análisis Relevante cumple “todos los criterios” definidos por la OCDE para identificar una sociedad interpuesta en casos de corrupción. El senador remarcó que esos criterios permiten establecer indicios cuando se sospecha de la utilización de una entidad mediadora como instrumento para ocultar operaciones irregulares. Maíllo explicó que Análisis Relevante fue constituida en febrero de 2020 y que, tras el rescate de Plus Ultra, esta sociedad solo presenta un ingreso significativo y dos proveedores registrados: el propio expresidente Zapatero y la firma de sus hijas.

El medio Europa Press detalló que Maíllo detecta numerosas coincidencias entre las cantidades transferidas: la empresa rescatada habría pagado exactamente 500.000 euros a Análisis Relevante, que a su vez habría traspasado la misma suma a Zapatero bajo el concepto de informes. El exjefe de Gobierno defendió ayer en sede de la Comisión Koldo que cobraba 70.000 euros anuales de la compañía perteneciente a un amigo personal, justificando esos honorarios por la elaboración de informes. Sin embargo, Maíllo puntualizó en la entrevista que la sociedad carece de empleados, no tiene gastos habituales en viajes, material de oficina o alquiler, y apenas documenta actividad salvo los mencionados movimientos y pagos principales.

Martínez Maíllo expuso, según consignó Europa Press, que el esquema detectado sugiere la existencia de facturas infladas, supuestos trabajos de consultoría global que no se ejecutaron y otros indicios relacionados con posibles sociedades pantalla. El senador acusó además falta de justificación en la resolución gubernamental que autorizó el rescate de la aerolínea, subrayando que, según declaraciones públicas, tanto el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como su asesor Koldo García —actualmente en prisión—, reconocieron que existió presión política para autorizar la operación, presión que Zapatero negó bajo juramento ante la Comisión investigadora.

Durante la entrevista recogida por Europa Press, Maíllo sostuvo que el hecho de que la empresa que realizó el pago a Zapatero solo tenga como proveedores a su familia y a él mismo representa un patrón típico de sociedad instrumental. A pesar de la insistencia del entrevistador, el senador no precisó si considera que Zapatero debería terminar como acusado ante la justicia, reiterando que su papel es identificar y exponer los indicios de posible irregularidad detectados en los documentos mercantiles accesibles.

El senador del PP añadió, según el propio medio, que, tras conocerse el caso, surgió la versión de que los informes que justificaron los pagos fueron realizados por una tercera persona, concretamente Sergio Sánchez, profesional que actualmente trabaja en Telefónica y que habría recibido 18.000 euros por tales informes. Zapatero defendió ante la comisión que los informes se realizaron “a medias” y que también existieron informes orales, planteamiento que Maíllo cuestionó abiertamente al preguntar: “¿Quién maqueta informes orales?”, ironizando también sobre el papel de la empresa de las hijas del expresidente, a quienes se atribuyó la labor de márketing.

De acuerdo con la información de Europa Press, Maíllo aseguró en la Comisión Koldo que el contenido conocido de los informes, tras pasar un análisis por inteligencia artificial, arroja que se trataría de material copiado directamente de fuentes disponibles en Internet, específicamente de textos de la Organización Mundial de la Salud. El senador sostuvo que estos textos no justifican el volumen de ingresos percibido por Zapatero, argumentando: “No lo hace ni un becario, ni una empresa. Es que son datos clarísimos”.

Según las declaraciones recogidas por Europa Press, Maíllo reiteró que no está acusando directamente a Zapatero de un delito, pero sí se refirió constantemente a “indicios claros, clarísimos” que, en su criterio, deberían ser puestos en conocimiento y valoración por la autoridad judicial. Recordó además su propia experiencia como doctor en derecho y una década de ejercicio profesional en la abogacía, destacando que corresponde a los tribunales determinar si se produjo alguna conducta ilícita.

A lo largo de sus intervenciones, Maíllo hizo énfasis en que la configuración empresarial, los flujos financieros entre Plus Ultra, Análisis Relevante y Zapatero, junto a la falta de documentación suficiente sobre los servicios supuestamente prestados, configuran un marco que, a su juicio, encuadra en los patrones estudiados por la OCDE para la detección de sociedades pantalla activas en procesos donde caben sospechas de corrupción. Reiteró que la ausencia de empleados, la falta de gastos operativos y la limitación de proveedores agregan elementos que refuerzan la tesis de que la entidad que gestionó los pagos al expresidente funcionaría como intermediaria.

Según reportó Europa Press, el contexto de la comparecencia de Zapatero en la Comisión Koldo estuvo también marcado por la negativa del expresidente a aceptar la existencia de presiones políticas o la comisión de irregularidades en la gestión del rescate de Plus Ultra, frente a las afirmaciones sobre la implicación de miembros del anterior Gobierno. Maíllo, por su parte, insistió en la necesidad de que se aclare la naturaleza real de los informes y la legitimidad de los honorarios percibidos.

A lo largo del procedimiento y en sus declaraciones públicas, Maíllo mantuvo que la trasparencia y la documentación justificativa de los informes supuestamente realizados por Zapatero no han sido aportadas en su integridad. El senador remató que el caso quedará en manos de los jueces después de la exposición pública de los datos e indicios obtenidos por la vía parlamentaria y ante el registro mercantil, según remarcó Europa Press.