Madrid, 11 feb (EFE).- El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha avisado este miércoles de que, si llegara a aprobarse el anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios, "tendría su correspondiente respuesta en los tribunales" por parte de la Comunidad de Madrid.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín ha afirmado que la norma supondría una invasión de las "competencias exclusivas" de la Comunidad de Madrid.
En todo caso, el portavoz duda "mucho" que la ley pueda ser aprobada por el Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta la minoría parlamentaria del Gobierno y que la norma afectaría a Cataluña, una región "donde tienen una dependencia muy alta de hospitales de gestión privada".
Madrid, por su parte, tiene cinco hospitales de titularidad pública concesionados a operadores privados, la mayoría operados por Quirón, un modelo de "éxito", según García Martín, que le permite "prestar la mejor sanidad a los ciudadanos".
García Martín ha acusado a la "incompetente" ministra de Sanidad, Mónica García, de pretender "exportar el caos sanitario" propiciado por su gestión a las autonomías.
"Deje trabajar a las comunidades autónomas y, especialmente, a la Comunidad de Madrid, que hemos demostrado que sabemos hacerlo bien", ha zanjado.
Mónica García apuntó ayer directamente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, diciéndole que el anteproyecto de ley persigue cargarse "su chiringuito, su negociete".
La ministra dijo que con esta iniciativa, que deroga la ley de 1997 que permitió desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid, se "pone coto a las garras especuladoras y privatizadoras de nuestra sanidad".
En el texto del anteproyecto se define la gestión directa y se limita la indirecta a situaciones excepcionales. La permite sólo cuando no sea posible la prestación directa, cuando se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y cuando se cumplan una serie de requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
Los conciertos y contratos existentes seguirían vigentes hasta su vencimiento, y se aplicaría la nueva normativa a los procedimientos futuros. EFE
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