Reducir las ayudas a la población de mayor renta reduciría el gasto público un 2 % del PIB

Madrid, 27 may (EFECOM).- Reducir las prestaciones monetarias a la población de mayor renta del país, del 31 % actual a un 19 %, supondría una disminución del gasto público que equivaldría en torno a un 2 % del producto interior bruto (PIB), según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Su presidente, Íñigo Fernández de Mesa, ha señalado este lunes en una rueda de prensa que las políticas de transferencias públicas en España favorecen, en mayor medida, a los tramos de rentas más elevadas si se compara con el resto de los países de la OCDE.

Así, el 31 % de este tipo de ayudas -que incluyen el bono social de electricidad o la bonificación a carburantes- lo recibe el quintil de mayores rentas, un porcentaje muy superior al 19 % de media registrado por los países de la OCDE.

"El diseño y la implementación de este tipo de políticas podrían estar generando una menor igualdad de oportunidades e irían en contra de algunos de los objetivos que persiguen este tipo de políticas referentes a la equidad y a la justicia social", añade el informe del IEE, titulado "La libertad de empresa en España. Índice de Libertad Económica 2024".

Por ello, Fernández de Mesa ha apostado por "mejorar la política de redistribución" de la riqueza teniendo en cuenta que estas medidas han reducido el riesgo de pobreza tan solo 9,5 puntos porcentuales en España, de acuerdo con los datos de 2021, lejos de los 20 puntos que se ha acortado en otros países europeos.

 Según el índice de libertad económica (ILE) del año 2024, España se sitúa entre los países con libertad económica "moderada", en la posición 55 de 184 del ranking global; mantiene la posición 31 de 38 en la lista de la OCDE; y desciende una posición, hasta la 23, de los 27 países que conforman la Unión Europea.

El presidente del Instituto de Estudios Económicos ha insistido en que las variables que condicionan esta "baja" posición son: el tamaño del Estado, la salud fiscal, el gasto público, la efectividad judicial, el buen gobierno y la carga impositiva, que "son los principales puntos débiles de la economía española".

Respecto a la libertad de empresa, España se sitúa en el puesto 24 de 43 países desarrollados y por ello el IEE destaca "la necesidad de un marco regulatorio que fomente la productividad y la innovación empresarial para impulsar el crecimiento económico".

Fernández de Mesa ha subrayado en su intervención que la libertad económica y de empresa son fundamentales para que las empresas "desarrollen su potencial y aumenten la productividad" y ha detallado que los países con una mayor libertad tienen una renta per cápita un 10 % superior al resto.

En el informe también se hace una comparativa entre la eficiencia de la empresa publica y de la empresa privada y una de las conclusiones es que esta última es "mucho más eficiente".

Indica que la brecha de eficiencia entre la empresa privada y la pública en 2022 y en relación con la productividad laboral es de un 32 %, un porcentaje que se ha ampliado casi once puntos porcentuales durante los últimos cuatro años. EFECOM

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