El futuro del vino español está en juego. La crisis que atraviesa el sector vitivinícola y las negociaciones de la nueva Política Agrícola Común (PAC) han encendido las alarmas entre los agricultores, que temen perder parte del respaldo económico europeo a partir de 2028. Ante este escenario, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos reclama garantías para mantener las ayudas específicas al sector y una respuesta de las administraciones a los problemas que afectan a los productores.
La organización ha situado estas reivindicaciones en el centro de las jornadas estatales sobre los retos del sector vitivinícola celebradas en Alcázar de San Juan (Castilla-La Mancha). El encuentro ha analizado tanto la situación actual del mercado como las decisiones políticas y presupuestarias que condicionarán la actividad de los viticultores durante los próximos años.
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Una de las principales exigencias pasa por mantener la intervención sectorial vitivinícola como obligatoria en aquellos Estados miembros donde ya está implantada, entre ellos España. Unión de Uniones considera fundamental que el próximo marco financiero europeo preserve estos instrumentos de apoyo y evite que su continuidad quede comprometida por los cambios en el modelo de financiación.
La nueva PAC, bajo la lupa del sector del vino
Las negociaciones europeas mantienen abiertas varias cuestiones que preocupan especialmente a los productores. Entre ellas figuran la financiación de las intervenciones sectoriales, el porcentaje de aportación comunitaria y las condiciones que deberán cumplir los beneficiarios para acceder a las ayudas.
En este sentido, Unión de Uniones rechaza que el mantenimiento de estas medidas dependa de nuevas contribuciones nacionales que puedan generar desigualdades entre países. A su juicio, vincular el apoyo al esfuerzo presupuestario de cada Estado miembro podría provocar diferencias importantes en la protección de los productores europeos y perjudicar la competitividad de quienes cuentan con menos recursos públicos.
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También está sobre la mesa la posibilidad de canalizar las ayudas a través de organizaciones de productores y programas operativos. Este modelo supondría un cambio respecto al sistema que se aplica actualmente en España mediante la intervención sectorial vitivinícola. Su definición forma parte de las propuestas que se negocian en el Parlamento Europeo y que marcarán el funcionamiento de las futuras ayudas.
Arranque de viñedos y ayudas para los agricultores más afectados
Más allá de las negociaciones presupuestarias, la crisis del sector exige respuestas inmediatas. Durante las jornadas se analizaron herramientas como la destilación, la cosecha en verde y el arranque de viñedos productivos en aquellos casos en los que existan razones justificadas de crisis.
Especialmente crítica se muestra la organización con la falta de programas de arranque impulsados por las comunidades autónomas que incorporen criterios sociales. Unión de Uniones considera necesario atender a los viticultores que se ven obligados a abandonar sus explotaciones sin recibir ayudas y reclama que las administraciones utilicen los instrumentos disponibles para evitar que estos productores afronten solos las consecuencias de la crisis.
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En este debate también adquieren relevancia las posibilidades que ofrece la normativa europea y la responsabilidad de las distintas instituciones y organismos del sector. La organización defiende que las administraciones, las interprofesionales y los consejos reguladores deben desempeñar un papel activo en la búsqueda de soluciones para los problemas que atraviesa el viñedo.
El paquete legislativo del vino, pendiente de cambios
Las reuniones abordaron asimismo el paquete legislativo del vino, su desarrollo normativo y la segunda modificación del Real Decreto de Potencial Vitícola. Sobre este último asunto, el Ministerio de Agricultura ha solicitado al sector que presente sus aportaciones antes del próximo 30 de noviembre, una oportunidad para trasladar propuestas sobre la regulación de la actividad vitícola.
El objetivo de la organización es que las reivindicaciones de los productores españoles tengan peso en las decisiones que se adopten en Europa. Con la nueva PAC en negociación y la crisis del viñedo todavía sin resolver, el sector reclama garantías financieras, herramientas eficaces de intervención y medidas que permitan proteger a los agricultores que no pueden mantener sus explotaciones.
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