Ha pasado un mes desde que los docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid se declarasen en huelga indefinida. Educadores infantiles, maestros y profesores mantienen los paros desde el pasado 14 de octubre para pedir una bajada de ratios, menos horas lectivas y un aumento de los salarios, entre otras medidas.
“Esta comunidad ha batido un récord: tener a toda la escuela pública en huelga”, reivindica Chema Pinto, portavoz de UGT. Los sindicatos consideran que la movilización es histórica, pues, para encontrarse con algo similar, hay que retroceder hasta los paros educativos de 1988, que no fueron de carácter indefinido. “Lo que hacían era parar un día a la semana, luego dos, luego tres. Al final juntaron tres meses de huelga, pero en realidad, en días efectivos, fueron unos 28″, explica Aída San Millán, secretaria de Educación en CCOO Madrid.
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Pero los 31 días de huelga no han sido suficientes para conseguir una reunión con el Gobierno regional. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, tan solo ha convocado a las organizaciones a un encuentro virtual el viernes 13 de noviembre y no para negociar, sino para incrementar los servicios mínimos. Es una medida que consideran necesaria pese al escaso seguimiento que se ha documentado desde el Ejecutivo madrileño en los últimos días: según los datos oficiales, tan solo un 3% de los docentes secundaron los paros el pasado martes y un 60% de los trabajadores no han hecho huelga ningún día.
Un mes sin negociación
“Es una huelga que nadie hace, que nadie secunda y de la que todo el mundo está en contra, pero que en realidad lleva perdidas 400.000 horas lectivas”, ironiza San Millán. No es la única medida que se ha tomado: la Comunidad de Madrid está preparando una orden para retirar de “pancartas, carteles o símbolos” que transmitan “opiniones políticas, ideológicas o partidistas” en los colegios. “Las clases, las tutorías, los exámenes y los propios servicios mínimos” de la huelga “no se pueden utilizar para recabar el apoyo de los alumnos o de las familias de cara a una huelga o a una confrontación política”, según la consejera.
“Estamos muy enfadadas con las medidas que ha tomado la Consejería”, dice Ana Vicenti, portavoz de la Asamblea Menos Lectivas. Es una sensación general en el profesorado tras las decisiones y declaraciones vertidas desde el Gobierno regional. Ayuso ha tildado la huelga de “corrupción mafiosa de los sindicatos”, a quienes acusa de recibir dinero de partidos políticos. Zarzalejo, por su parte, considera que los huelguistas quieren convertir la educación en un “rehén de un conflicto político” con el objetivo de “derrotar” a la presidenta madrileña; y asegura que aceptar sus demandas supondría “quebrar” el sistema educativo.
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“Los insultos y la criminalización por parte de los representantes son duros. No es que cuestionen lo que estamos pidiendo, es que nos tachan de mafia”, critica Vicenti. “Me produce tristeza y pena ver a una presidenta de la Comunidad de Madrid y una consejera de Educación que desprestigia, que humilla, que insulta a sus trabajadores, a sus empleados públicos”, valora San Millán.
400.000 horas lectivas y hasta 4.000 euros esfumados: los “daños colaterales” de la huelga
Con el mes cumplido de huelga, los docentes empiezan a ver la merma en sus salarios. “Todos los docentes no han hecho huelga todos los días pero, si preguntamos en la escuela pública, nueve de cada diez han parado algún día”, afirma Pinto. “Hemos perdido lo poco que ganamos”, comenta.
San Millán sí ha secundado cada día de la convocatoria y ya ha calculado la nómina que le llegará este mes como maestra: “Voy a percibir 400 euros este mes”, asegura. “No creo que hagamos esto ni por política ni porque nos haya llamado ningún partido, lo hacemos porque no podemos seguir sosteniendo el sistema educativo madrileño en nuestras espaldas”, reivindica.
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Quienes más han perdido son las educadoras de 0-3 años. Ellas comenzaron la huelga mucho antes, el pasado 7 de abril, y continúan sin una respuesta desde el Gobierno madrileño a sus reclamaciones. “Por 38 horas semanales, cobramos 1.080 euros. Con eso, en Madrid, es inviable vivir, la mayor parte de compañeras siguen viviendo con sus padres o comparten piso, pues es difícil independizarse, ni acceder a una vivienda, ni llenar la nevera”, lamenta Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).
Tras siete meses de paros, calcula, “una educadora que secunda la huelga 2-3 días por semana recibe una nómina de 500 euros”. Es decir, en estos meses, habrían perdido unos 4.000 euros de salario.
Los paros también suponen un detrimento para la educación de los jóvenes madrileños. El Gobierno calcula que se han perdido unas 400.000 horas lectivas desde que comenzó el conflicto el pasado 14 de octubre. “Es un daño colateral y estamos haciendo todo lo posible por mitigarlo. Nosotras lo que más queremos es poder volver a las clases”, defiende Vicenti.
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Pero los profesores no volverán hasta conseguir sus reivindicaciones o, al menos, hasta que la Comunidad de Madrid se siente a negociar. “Es lo único que queremos, que se sienten a negociar. Tenemos una tabla reivindicativa extensa, con un montón de cosas que tienen que mejorar en la escuela pública, pero para decir que son imposibles se tiene que sentar a ver cuáles son”, reclama Pinto.
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