Cómo podría responder Europa a la incursión de buques militares de Marruecos en Ceuta: “Es una decisión política, no una imposibilidad jurídica”

La entrada de unidades militares marroquíes en aguas de Ceuta conllevó una respuesta por parte de la Armada. España envió primero el buque ‘Rayo’ y después una fragata (la Navarra tuvo que sustituir a la averiada Santa María). El episodio de barcos del ejército marroquí en la costa ceutí coincidió con la entrada masiva del 30 de julio. Al salir a la luz este lunes, con la noticia de El País, surge la duda de si España debería haber adoptado una réplica más amplia que la estrictamente naval o diplomática. José María Lancho, abogado especializado en derecho marítimo, sostiene en conversación con Infobae que la Unión Europea (UE) dispone de instrumentos para revisar su relación económica y política con Marruecos si concluye que hubo actuaciones contrarias a los compromisos de Rabat.

A su juicio, la reacción institucional debería situarse en el ámbito comunitario. La relación entre Ceuta y Melilla y los organismos internacionales a los que pertenece España siempre ha sido difusa. No existe un consenso sobre si la OTAN podría aplicar el artículo 5, que exige a todos los países la defensa de un miembro en peligro, si las ciudades autónomas recibiesen un ataque. Tampoco cuentan con la misma categoría que el resto de territorios españoles en la UE y tienen un régimen distinto dentro del espacio Schengen. En este caso, la activación de una respuesta europea depende de una decisión política.

El acuerdo europeo con Marruecos exige respeto

El Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, vigente desde el 1 de marzo de 2000, vincula la relación bilateral al “respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos”. José María Lancho señala que esa condición figura en el artículo 2 del pacto, mientras que el artículo 90 regula su aplicación. “La instrumentalización de la migración hasta llegar a una crisis con decenas de muertos, la reivindicación unilateral de aguas contra el Derecho del Mar y la presión sobre la soberanía española en Ceuta son conductas incompatibles con esa base”, asegura el experto.

“No se trata de que un buque, aislado, infrinja un artículo comercial”, afirma el abogado. Su planteamiento sitúa el episodio dentro de lo que denomina “un esquema organizado de actos de agresión”, que podría cuestionar las condiciones políticas bajo las cuales la Unión Europea concede a Marruecos preferencias arancelarias y apoyo financiero. Lancho parte de que la soberanía marítima depende de la soberanía terrestre. El derecho internacional considera que Ceuta y sus espacios marítimos son parte del territorio español, mientras que Marruecos mantiene su reclamación sobre la ciudad autónoma. Para el experto, esa disputa no impide que España ejerza sus competencias.

Posibles medidas: de revisar fondos al comercio

Según explica este especialista, el Acuerdo de Asociación contempla la adopción de “medidas apropiadas” ante el incumplimiento de elementos esenciales. Lancho sostiene que esas herramientas permitirían estudiar restricciones proporcionales sobre exportaciones marroquíes, revisar la ayuda financiera comunitaria (la UE da millones de euros a Marruecos para el control de la migración) o suspender partes del acuerdo. “Cuando se quiebra un elemento esencial, permite adoptar medidas apropiadas, incluida la suspensión”, explica.

A su juicio, los principales grupos políticos españoles no han pedido a la Comisión Europea que evalúe formalmente esas opciones. “Que estos instrumentos existan y no se usen es una decisión política, no una imposibilidad jurídica”, sostiene. La actuación europea requeriría una evaluación de los hechos y una posición formal de España ante la Comisión Europea, responsable de supervisar los acuerdos exteriores de la Unión. Los acuerdos de exportaciones o pesca, para lo que pone de ejemplo los beneficios que obtiene Marruecos con recursos del Sáhara Occidental, están sujetos a normas que no puede romper. “La arquitectura de estos acuerdos con Marruecos es revisable y no escapa al control de legalidad”, concluye.