La cadena entre el CNI y el Gobierno que se rompió en Ceuta y ha provocado el choque entre Marlaska y Robles: “La vía verbal no es una irregularidad”

La cadena de información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hacia el Gobierno ha abierto una brecha en Moncloa. Las versiones de Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska no permiten encajar el puzzle. El ministro del Interior, al igual que la delegación de Gobierno de la ciudad autónoma, asegura que no recibieron ningún informe que avisara de la entrada masiva en Ceuta, mientras que la ministra de Defensa ha sostenido que los 25 agentes que estaban en la ciudad del CNI compartieron información durante los días previos.

Es evidente que la cadena se ha roto en algún punto, pero se desconoce qué engranaje ha fallado. Durante los últimos 10 días del mes de julio, tanto medios de comunicación como asociaciones de guardias civiles y agentes alertaron de que algo se cocinaba al otro lado de la frontera. Esa misma semana se dispararon las entradas de migrantes, con varios cientos en pocos días. Por tanto, la principal hipótesis es que sí que hubo avisos de forma verbal por parte de los agentes desplegados en Ceuta, pues debían conocer información al respecto, pero esta no se materializó, según el ministro y el delegado, en un informe escrito.

Durante su comparecencia en el Congreso, Robles defendió que estas alertas no tienen por qué ser “informes manuscritos del servicio de inteligencia”, pues el CNI opera de “muchas maneras”. Según explica el coronel Alfredo Rodríguez, director del máster en Relaciones Internacionales de la UNIR, es fundamental distinguir entre la responsabilidad de producir y trasladar información y la de tomar decisiones políticas a partir de esos datos.

La vía verbal en el CNI no es “irregular”

El cuerpo de inteligencia tiene un protocolo que, como recoge el manual de los agentes elaborado por el Centro Criptológico Nacional (adscrito al CNI), incluye los avisos por vía de la palabra. “La Inteligencia Humana se genera a través de la recopilación de información –por vía oral o documental- directamente proveniente de una fuente humana”, sostiene este documento. Pero, más allá del apartado más teórico, como explica el coronel, la comunicación verbal entre los servicios de inteligencia y los responsables políticos “no constituye una irregularidad”.

Los briefings orales forman parte de la práctica habitual, sobre todo ante escenarios que evolucionan rápidamente, como los movimientos masivos en la frontera de Ceuta. No obstante, también advierte de que “las buenas prácticas exigen dejar constancia documental, aunque sea mínima”. Un simple correo interno, una nota de inteligencia o un acta de reunión bastarían para registrar qué se comunicó, cuándo y a quién, añade.

Sin un registro verificable, se dificulta determinar si el fallo se dio en la transmisión de la urgencia por parte del CNI o en la respuesta política posterior, lo que actualmente enfrenta a los ministerios implicados. Además, el coronel apunta a otra posibilidad. Puede existir documentación informal sobre la alerta, pero revelarla podría vulnerar la ley de secretos oficiales, lo que impediría que se presentara ante la prensa. Así, como conclusión, Rodríguez se inclina por aceptar que, como defiende Robles, existieron avisos, pero que en estas situaciones ayuda un acompañamiento por escrito.