La persistencia de las presiones inflacionistas y el deterioro del contexto internacional han colado la estanflación en la conversación sobre las perspectivas económicas. De hecho, el último Barómetro Económico del Consejo General de Economistas (CGE) refleja que casi dos de cada tres economistas consideran alta o muy alta la probabilidad de que España entre en este escenario durante 2026. Aunque los principales indicadores siguen mostrando una economía que crece por encima de la media de la eurozona y un mercado laboral resiliente, la posibilidad de este fenómeno plantea uno de los mayores desafíos para la política económica.
El término, estanflación, tiene historia. Surgió en el Parlamento británico a mediados de los años 60 del siglo pasado, pero fue en la década de los 70 cuando los economistas lo adoptaron de forma generalizada, desconcertados ante un fenómeno que sus modelos no contemplaban: la inflación podía dispararse al mismo tiempo que el empleo se hundía. La definición es sencilla —inflación elevada con crecimiento bajo o negativo—, pero el problema que describe es de los más resistentes a la política económica.
Las herramientas disponibles, como subir o bajar los tipos de interés, permiten atacar la inflación o estimular la actividad económica, pero no las dos cosas a la vez. Subir los tipos de interés enfría los precios, pero frena también la inversión y el consumo. Bajarlos reactiva la economía, pero puede disparar aún más los precios. El dilema se agudiza cuando la inflación proviene de la oferta, como el encarecimiento de la energía tras el estallido de la guerra en Irán, y no de un exceso de demanda, porque en ese caso la política monetaria tiene un alcance limitado.
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El punto de partida español
Aunque la posibilidad de evolucionar hacia un escenario como este comienza a preocupar a los economistas, varios indicadores señalan que España se encuentra aún lejos de un episodio de estanflación. El PIB aumentó un 2,7% interanual en el primer trimestre de 2026, el mercado laboral alcanzó en mayo un récord de 22,34 millones de afiliados a la Seguridad Social y el país crece a un ritmo tres veces superior que el conjunto de la zona euro. La inflación, además, es todavía moderada comparada con los niveles que el país registró hace apenas unos años.
Pese a ello, hay señales que merecen atención. La inflación subyacente supera el objetivo del BCE. Los salarios reales acumulan una pérdida sostenida de poder adquisitivo. La contratación, pese a los buenos datos de afiliación, mantiene una estructura frágil. Los precios de la vivienda, que subieron un 5,7% en términos anuales en 2025, presionan la inflación doméstica. Y el déficit y la deuda pública reducen el margen de maniobra fiscal. “Si todos estos elementos persisten de forma simultánea, el riesgo de que desemboquemos en una situación estanflacionaria aumenta”, advierte Francisco Cortés, profesor titular de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
Las especificidades del caso español
Frente al resto de la eurozona, Cortés explica que España presenta vulnerabilidades propias. El mercado laboral arrastra una dualidad que amplifica la destrucción de empleo en las crisis. El tejido productivo está dominado por pequeñas y medianas empresas con escasa capacidad para absorber subidas de costes. La dependencia de la energía importada y del turismo expone la economía a los choques externos con más intensidad que otras economías europeas. Además, el margen fiscal es más estrecho que el de países con menor deuda.
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Al mismo tiempo, España acumula diferenciales positivos respecto a sus socios. Javier Ferri, investigador de Fedea y profesor de la Universidad de Valencia, señala que la entrada sostenida de población inmigrante en edad de trabajar ha ampliado la oferta laboral, lo que modera las presiones salariales sin frenar el crecimiento. El consumo privado, junto con el gasto público, ha actuado como motor de la demanda en un entorno europeo de mayor atonía. España registra tasas de inflación y de crecimiento más elevadas que la media de la zona euro, pero esa combinación, por ahora, no configura un escenario estanflacionario.
Si el escenario de estanflación llegara a materializarse, el efecto más inmediato para los hogares sería la pérdida de poder adquisitivo: la cesta de la compra se encarece mientras los ingresos reales se estancan. A eso se añadiría el riesgo de pobreza energética y la mayor vulnerabilidad de las familias endeudadas a tipos variables, en un momento en que el BCE ha retomado las subidas en política monetaria. Las empresas de sectores intensivos en energía y con baja capacidad de fijación de precios verían contraerse sus márgenes. El desempleo aumentaría con especial intensidad en los empleos más precarios, con el riesgo de una recuperación posterior que no genere trabajo estable.
Las herramientas disponibles y sus límites
El BCE dispone de los tipos de interés como palanca principal. Ya los elevó en junio por primera vez desde 2023, y los mercados anticipan otra subida en septiembre u octubre, aunque los propios responsables del banco reconocen que no hay prisa tras la bajada de la inflación en junio.
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El Gobierno español dispone de más instrumentos, como transferencias, rebajas fiscales, subsidios energéticos y reformas, pero estos últimos requieren tiempo para producir efectos. Cortés advierte de que las medidas permanentes pueden reforzar la inflación en lugar de combatirla, y que las respuestas deben ser coordinadas y selectivas, con una combinación de enfoques monetarios y fiscales. El riesgo, según Ferri, es que los gobiernos cedan a la presión social y aumenten el gasto de forma incondicional, contrarrestando la política monetaria e hipotecando el crecimiento futuro. La combinación óptima, a su juicio, pasa por subidas de tipos del BCE acompañadas de políticas de oferta, como liberalización de mercados, reducción de barreras regulatorias e incentivos a la inversión productiva.