El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para miles de familias en España y los ayuntamientos han dado sus ‘recetas’ para afrontar este desafío. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) considera que una de las claves para aumentar la oferta de vivienda protegida pasa por aprovechar el suelo municipal disponible y reducir los tiempos administrativos que retrasan la puesta en marcha de nuevas promociones.
Ese ha sido el principal mensaje lanzado por la presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la FEMP y alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, durante la presentación en Logroño del Informe sobre buenas prácticas innovadoras en materia de rehabilitación y regeneración urbana, elaborado conjuntamente con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).
Carazo defendió que las ciudades necesitan herramientas que permitan responder con mayor rapidez a la creciente demanda de vivienda y aseguró que agilizar los procedimientos urbanísticos debe convertirse en una prioridad para todas las administraciones.
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Liberar suelo para construir más vivienda
La alcaldesa de Granada considera que el principal reto que afrontan actualmente los municipios es poner el suelo público al servicio de la construcción de vivienda protegida. A su juicio, muchas ciudades cuentan con capacidad para incrementar la oferta residencial, pero el desarrollo de nuevos proyectos continúa condicionado por procedimientos administrativos largos y complejos que ralentizan tanto la liberación de suelo como la concesión de licencias urbanísticas.
Por ese motivo, el informe presentado recoge distintas experiencias desarrolladas por municipios españoles con el objetivo de identificar aquellas medidas que han permitido acelerar la tramitación de proyectos urbanísticos y facilitar la regeneración de barrios ya consolidados.
Carazo considera que la rehabilitación urbana debe convertirse en una oportunidad para ampliar el acceso a la vivienda sin necesidad de extender el crecimiento de las ciudades hacia nuevos desarrollos.
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Agilizar licencias y reducir los plazos
Uno de los principales ejes del documento es la simplificación administrativa, para ello, los ayuntamientos deben avanzar hacia procedimientos más ágiles que permitan reducir significativamente el tiempo necesario para aprobar proyectos residenciales.
En este sentido, el informe presta especial atención a la liberación de suelo municipal y a la tramitación de licencias de obra, dos de los procesos que más retrasos suelen acumular antes del inicio efectivo de una promoción inmobiliaria.
Desde la FEMP consideran que mejorar estos procedimientos puede acelerar la construcción de vivienda protegida y contribuir a aliviar parte de la presión existente sobre el mercado inmobiliario.
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Los alcaldes piden coordinación entre administraciones
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la FEMP y alcalde de Lleida, Félix Larrosa, considera que los responsables municipales son los primeros interesados en aumentar la oferta de vivienda asequible.
En su opinión, la dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones que trasladan los ciudadanos a sus alcaldes, especialmente los jóvenes que buscan emanciparse o las familias que necesitan mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, reclamó una colaboración estable entre todas las administraciones públicas para agilizar los proyectos residenciales y evitar bloqueos derivados de la falta de coordinación institucional. Recordó que el desarrollo de una promoción inmobiliaria requiere largos periodos de planificación, urbanización, construcción y adjudicación, por lo que las soluciones no pueden obtenerse de forma inmediata.
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La rehabilitación gana protagonismo
Además de construir nuevas viviendas, la FEMP apuesta por recuperar y transformar los barrios ya existentes. El informe considera que la rehabilitación urbana representa una herramienta estratégica para incrementar la oferta residencial sin favorecer la dispersión de las ciudades.
Esta filosofía coincide con uno de los objetivos principales de la Agenda Urbana Española, que prioriza la revitalización de los entornos urbanos consolidados frente a modelos de crecimiento extensivo.
La recuperación de edificios y espacios degradados permitiría mejorar la calidad de vida de los vecinos, incrementar la eficiencia energética y generar nuevas oportunidades de acceso a la vivienda en zonas ya dotadas de servicios e infraestructuras.
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Un documento basado en experiencias reales
El informe presentado en Logroño reúne distintas iniciativas desarrolladas por ayuntamientos de toda España. A través del intercambio de experiencias y buenas prácticas, la FEMP pretende ofrecer una guía que sirva de apoyo a otras entidades locales interesadas en modernizar sus políticas de vivienda y regeneración urbana. Desde la federación consideran que compartir este conocimiento puede ayudar a acelerar la implantación de soluciones en otros territorios.
Durante la jornada también intervino el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien aseguró que todos los municipios españoles comparten la misma inquietud: mejorar las condiciones de acceso a la vivienda. A su juicio, las administraciones locales deben poner en marcha todas las medidas posibles para facilitar que quienes desean comprar o alquilar una vivienda puedan hacerlo en mejores condiciones.
La preocupación de los consistorios coincide con un momento especialmente delicado para el mercado inmobiliario, marcado por el aumento de los precios, la escasez de oferta y las crecientes dificultades para acceder tanto a la compra como al alquiler.
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Un reto que exige soluciones a largo plazo
Ante este escenario, la FEMP considera que el problema de la vivienda no puede resolverse mediante una única medida, sino mediante una combinación de actuaciones que permitan aumentar la oferta residencial de forma sostenida.
Durante la reunión también se abordaron otros asuntos relacionados con el desarrollo urbano, como la futura normativa sobre sistemas urbanos de calefacción y refrigeración o el Plan Social para el Clima.
Con el nuevo informe, los ayuntamientos buscan reforzar su papel en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y trasladar el mensaje que para construir más vivienda protegida no solo hacen falta recursos, sino también menos burocracia, mayor coordinación institucional y una gestión más ágil del suelo disponible.
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