La presión vecinal logró el pasado 24 de junio aplazar el desahucio de Adolfo, su hija y su nieto en el barrio madrileño de Vallecas, pero esa prórroga solo ha supuesto una breve tregua. Este miércoles 1 de julio afrontan un cuarto intento de desalojo y siguen sin contar con una alternativa habitacional. Adolfo, que trabaja como cuidador de personas mayores y percibe un salario de 1.200 euros al mes, no puede acceder a un alquiler en Madrid, donde los precios se han disparado hasta alcanzar una media de 23,4 euros por metro cuadrado. Tampoco le han ofrecido alternativas ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas.
Adolfo, que reside desde hace diez años en la misma vivienda, desconocía que el propietario había dejado de pagar la hipoteca a Caixabank, lo que llevó al embargo del piso. Según relata la PAH de Vallecas, el dueño, afectado por la crisis pasada, alquiló el inmueble a Adolfo sin informarle de la situación, “hasta que le llegaron las notificaciones de desalojo". Ahora el inmueble pertenece a BuildingCenter, filial inmobiliaria de Caixabank, pero se han negado a negociar. “Fue engañado y, aunque hemos comunicado esta situación a BuildingCenter, han seguido con la ejecución hipotecaria”, aclara la plataforma.
La situación de esta familia es aún más compleja porque la hija de Adolfo, madre de un niño de cuatro años, está desempleada. “Con mi salario no puedo permitirme otra cosa, no tenemos dónde ir. He buscado por todos los sitios, pero si no tienes unos ingresos más altos, nadie te alquila nada”, explicaba Adolfo hace unos días a Infobae. Y es que, aunque el número de desahucios ha bajado un 45% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado, al registrarse 4.005 lanzamientos, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, casos como el de Adolfo y su familia evidencian que miles de familias vulnerables siguen en riesgo de perder su hogar.
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La PAH de Vallecas, de hecho, ha denunciado una ola de desalojos sin alternativas habitacionales en el barrio tras la eliminación el pasado mes de febrero de la moratoria antidesahucios. Esta medida permitía prorrogar los contratos de alquiler con vencimiento entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba las subidas de renta al 2%, pero fue derogada en el Congreso con los votos en contra de PP, Junts y Vox. Tanto la PAH como otras organizaciones que defienden el derecho a la vivienda ya habían advertido que la suspensión de esta protección social, puesta en marcha por el Gobierno en 2020 durante la pandemia, podría afectar a unas 60.000 familias.
Nuevas medidas anunciadas por el Gobierno
Este lunes el Gobierno ha anunciado que aprobará en las próximas semanas un nuevo real decreto sobre vivienda, que incluirá la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, medidas fiscales y una prórroga para los inquilinos, pero desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas mantienen cautela. “Lo que ha dicho el Gobierno es un anuncio y tendremos que estar vigilantes hasta que no tengamos un texto que podamos ver y hasta que se apruebe en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es una legislatura en la que se han anunciado muchas cosas, pero han pasado muy pocas", ha señalado Carme Arcarazo, portavoz de esta confederación de asociaciones, que considera que las medidas anunciadas son insuficientes.
Las organizaciones piden al Ejecutivo y al Congreso que el decreto incluya la bajada de los precios de los alquileres, la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones y que se recuperen las prórrogas obligatorias en los contratos, incluyendo las renovaciones automáticas, “para que todas las personas inquilinas estén protegidas, independientemente del tipo de contrato que tengan”. Piden también que se restablezca la moratoria de desahucios, ya que en las últimas semanas se han producido numerosos desalojos y esta medida “protegía a miles de familias en situación vulnerable”.
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Desde la PAH de Vallecas mantienen reservas ante las nuevas medidas anunciadas y advierten que las “reformas reales no prosperan por falta de mayoría”. “La aprobación del decreto dependerá de las negociaciones parlamentarias, probablemente con Junts y, en todo caso, finalmente se mantendrán las medidas que beneficiarán principalmente a los propietarios, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Se legisla a base de parches, y así llevamos desde 2020 con el escudo social, y eso da mucho margen a la derecha para que eliminen medidas sociales y logren nuevas concesiones para los propietarios”, concluye la plataforma.