El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ofrecido a la Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, personarse en la investigación que se sigue en una pieza separada sobre las joyas encontradas en la oficina del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo valor ha sido estimado en 1,3 millones de euros. Este ofrecimiento queda recogido en un auto al que ha tenido acceso EFE, en el que el juez identifica a la Agencia Tributaria como “potencial perjudicada” por los hechos que se investigan, relacionados con un posible delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando.
En el auto, el juez argumenta que la naturaleza de lo investigado “revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT”, lo que, a su juicio, legitima a la Agencia Tributaria para “ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes”.
La investigación arrancó tras el hallazgo de cerca de 80 joyas en una caja fuerte localizada durante un registro en la oficina que Rodríguez Zapatero mantiene en la calle Ferraz de Madrid. El registro se realizó el pasado 19 de mayo y fue la Policía Nacional la encargada de intervenir las piezas. Posteriormente, la joyería Ansorena, reconocida por su trayectoria en el sector, realizó una tasación que fijó el valor de las joyas en 1,3 millones de euros.
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Zapatero todavía tiene que dar explicaciones sobre las joyas
La pasada semana, José Luis Rodríguez Zapatero compareció ante el juez para prestar declaración. Durante la comparecencia, el expresidente optó por no dar explicaciones en ese momento sobre el origen y la titularidad de las joyas intervenidas. Anunció que abordaría este asunto en profundidad en una nueva declaración, que solicitaría en el plazo de una semana o diez días.
Según consta en el procedimiento, el abogado de Zapatero había solicitado previamente posponer esta parte de la declaración. Alegó que disponía de poco tiempo para prepararla, sobre todo porque la tasación oficial realizada por la joyería Ansorena se había comunicado tan solo unos días antes. El juez José Luis Calama rechazó la petición, considerando que el hallazgo de las joyas se produjo el pasado 19 de mayo y que la defensa ya había contado con un margen suficiente para preparar la comparecencia.
El informe de tasación fue clave para que el juez imputase provisionalmente a Zapatero un delito fiscal y otro de contrabando, ya que el origen y la justificación de la posesión de las joyas aún no han sido aclarados en el marco del procedimiento judicial.
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El auto judicial recoge que la Agencia Tributaria, como organismo responsable de la gestión de los ingresos estatales, está legitimada para personarse en la causa y ejercer las acciones penales y civiles que considere oportunas. Así, la investigación continuará con la participación de la Abogacía del Estado, a la espera de que Zapatero amplíe su declaración y aporte la documentación o los argumentos necesarios para esclarecer el origen de las piezas.
El caso permanece abierto y está pendiente de la nueva comparecencia del expresidente. La causa sigue en fase de instrucción bajo la dirección del juez Calama, que mantiene la investigación sobre el posible delito fiscal y de contrabando, mientras la Agencia Tributaria estudia ejercer las acciones que considere pertinentes en defensa de los intereses públicos.